Desaparecidos: Secretaría de DDHH retomará convenios con Udelar para digitalizar archivos de inteligencia

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur realizó este miércoles el seminario en línea (webinario) “La Búsqueda de Personas Detenidas Desaparecidas como Política de Estado”, en el que se reflexionó en torno a los desafíos y avances en materia de verdad, justicia y memoria en la región.

Según los organizadores, el objetivo del evento fue “procurar reafirmar la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas como una política de Estado ineludible, garantizando la participación de los familiares, el acceso a la información y la consolidación de mecanismos efectivos que permitan avanzar en verdad, justicia y reparación”. En el evento participaron Alan García, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – México; Andrea Pochak, Relatora sobre Memoria, Verdad y Justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Ricardo Perciballe, Fiscal de Delitos de Lesa Humanidad – Uruguay; Luciano Hazan, ex miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas; Magdalena Garcés, Coordinadora del Área de Búsqueda y Trayectorias del Programa de Derechos Humanos – Chile; Alejandra Casablanca, Directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente – Uruguay; Natalia Chanfreau, vocera de la agrupación H.I.J.O.S. – Chile y Luis Fondebrider, del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Ana Lorena Delgadillo, integrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, mientras que el cierre lo lideró Jan Jarab, representante del ACNUDH en América del Sur. En su intervención   Casablanca recordó que en Uruguay la investigación de la búsqueda de detenidos desaparecidos “pertenece en el sentido institucional a la Institución Nacional de Derechos Humanos que está en el Poder Legislativo”. De esta forma agregó, se garantiza que estas políticas trasciendan a los gobiernos de turno como políticas de Estado y no dependan de la voluntad política de quién asume el poder ejecutivo.

Agregó que la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente presentó en mayo una serie de lineamientos basados sobre todo en las definiciones del presidente de la República Yamandú Orsi y del programa de gobierno del Frente Amplio.

Afirmó que este gobierno estableció 63 compromisos fundamentales, “uno de los cuales nos incluye a nosotros y es agotar todas las instancias para la búsqueda de la verdad de los detenidos desaparecidos”.

Esto comprende, agregó, “acciones prioritarias en materia de búsqueda contenidas en el programa de gobierno pero también revisar las leyes reparatorias de las víctimas del terrorismo de Estado así como continuar con el intercambio internacional para obtener información”. Tiene que ver también con “desarrollar una política nacional de memoria, algo que en el Uruguay lo tenemos en el debe, con garantizar la fluidez de la tramitación judicial de los casos que juzguen crímenes de lesa humanidad, con intentar al menos levantar toda traba burocrática que obstaculice la obtención de información de calidad respecto a los lugares de enterramiento y con posibilitar un mayor acceso a las fuentes de inteligencia militar y los archivos de la dictadura”.

Expresó que “nosotros tenemos claro que a pesar de los esfuerzos realizados durante los gobiernos de nuestra fuerza política en la búsqueda de verdad y justicia, a 40 años de la recuperación democrática en el Uruguay, como bien decía el fiscal (Ricardo Perciballe, que expuso antes), se sigue sin saber el destino de nuestros detenidos y detenidas desaparecidos y el esclarecimiento conocimiento de las circunstancias de un número similar de compañeros y compañeras asesinados”.

Casablanca señaló también que “el avance que ha tenido la creación de la fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad en materia de justicia y de esclarecimiento ha sido para toda la sociedad uruguaya formidable”.

No obstante, afirmó que desde la Secretaría “además de continuar con la búsqueda, tenemos que ir hacia eh el desarrollo de una política nacional de memoria capaz de recibir y colaborar con las iniciativas de la sociedad civil al respecto”. Manifestó que es cierto que “se ha intentado ingresar a algunos archivos” pero en “los 5 años del gobierno pasado, eso dejó de existir”.

“Dieron de baja los acuerdos que se tenían con los académicos de la Universidad de la República que ya habían comenzado a digitalizar y a analizar archivos tanto de inteligencia como de algunos lugares en el Ministerio de Defensa”, afirmó. De aquí en más, puntualizó, el desafío para esta Secretaría en este año implica por ejemplo “seguir intentando digitalizar ese 70 % restante de documentos de la Dirección Nacional de Inteligencia y plantear el poder reingressar archivos de del Ministerio de Defensa”.

Destacó  el trabajo realizado tanto desde la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos como y sobre todo por parte de los equipos de búsqueda de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y también desde la Universidad de la República.

También advirtió que en esta materia el tiempo “se nos acaba” porque “muchos familiares murieron, sobre todo las madres y aquellos que eran voceros jóvenes hace dos décadas hoy rondan una edad en donde no están para salir a hacer lo que tiene que hacer el Estado como política pública”.

Por lo que, puntualizó, “el cambio mental o la necesidad de apertura mental desde, al menos la política del poder ejecutivo, tiene que ver con ir a los lugares a los que no se ha ido y de los que ya tenemos de alguna manera no solo indicios sino entrecruzamiento de datos por todo el trabajo hecho a lo largo de todos estos años tanto por los equipos de investigadores como por los propios integrantes de madres y familiares de detenidos desaparecidos”.

Con este nuevo reingreso a Inteligencia en el caso de los archivos, agregó, “nos hemos propuesto, por supuesto, retomar los acuerdos que se dieron de baja con la Universidad de la República, con la Facultad de Humanidades, con la Facultad de Información y Comunicación y los diferentes ministerios de acuerdo a los archivos, pero también con una fuerte participación en las definiciones de madres y familiares y de los equipos investigadores”.

Perciballe: “Se consolida una política de Estado”

Por su parte, el Dr. Ricardo Perciballe, Fiscal del Crimen Especializado en Delitos de Lesa Humanidad, dijo que a su entender Uruguay “se encamina a consolidar una política de Estado en la materia, luego de muchos problemas, muchos inconvenientes para encontrar los restos de detenidos desaparecidos por la acción ilegal del Estado y por el terrorismo del Estado que existió aquí en Uruguay entre los años 1968 y 1985”. Aclaró que Uruguay tiene características propias, distintas al resto de Latinoamérica, porque aquí la represión fue distinta, «no quiere decir que ni peor ni mejor”.

Agregó que generó consecuencias diferentes con respecto a las víctimas porque hoy tiene una lista de 197 detenidos desaparecidos, unas 200 personas muertas por la acción ilegal del Estado y más de 10 000 presos políticos que en su momento fueron privados ilegalmente de la libertad y también fueron  torturados.

“En definitiva lo que queremos decir con esto es que la gran mayoría de las víctimas del Uruguay pertenecen a los presos políticos”, afirmó. Para Perciballe en Uruguay “hubo una práctica sistemática de desaparición, pero no total, sino parcial, porque todos estos presos políticos que estuvieron privados e ilegítimamente detenidos durante un período bastante largo estuvieron desaparecidos porque nadie sabía dónde estaban, muchas veces estaban en unidades militares”. Agregó como otra característica es que “la gran mayoría de los detenidos desaparecidos de Uruguay son del plan Cóndor” porque “han sido desaparecidos en Argentina fundamentalmente, pero Chile, Paraguay, Bolivia, Colombia y un marco reducido en Uruguay”.

Reiteró que en Uruguay  pese a las dificultades “se va consolidando una política de Estado por cuanto trasciende a los gobiernos porque en Uruguay se han dictado un conjunto importante de nombra de normas fundamentalmente leyes, pero también decretos, se han creado organismos y se han tomado decisiones políticas que todas están encaminadas a que la política sea de estado y perdure y trascienda a los gobiernos”. Aseguró que si se han logrado avances en esta materia fue consecuencia de la existencia de “una sociedad civil organizada” y destacó fundamentalmente a la organización Madres y Familiares que, afirmó, “es un ejemplo para Uruguay sin duda, pero también para el mundo”.

Fondebrider: “retroceso”

Entre los panelistas estaba también Luis Fondebrider, del Equipo Argentino de Antopología Forense (EAAF), quien habló en general de un “retroceso” a nivel de las políticas de Estado en materia de investigación y de “falta de voluntad política” para destinar recursos en este tipo de políticas. Por otra parte, indicó que la tecnología puede  hacer cosas más rápidas, manejar gran cantidad de datos, pero no es mágica.

“Tenemos que volver a investigar como se hizo siempre o investiga un policía de investigación y tenemos que hacer que hable la gente que sabe dónde están. Estados Unidos hace 40, 50 años trabaja en Colombia. Saben dónde están los lugares de entierro, quiénes son los responsables y nosotros seguimos buscando en el medio de la nada sin recursos”, criticó..

Para el experto, “es una cuestión de voluntad política, que incluso en los momentos que hubo voluntad política en gobiernos como Argentina, el de Chile, el de Colombia, el de Brasil, tampoco dedicaron tantos fondos a estas búsquedas. Ni uno de estos gobiernos dio millones y millones para buscarlos. Entonces, seguimos arañando con las uñas estas búsquedas”, indicó.

Ejemplificó que “los familiares como en México salen a buscar sus cuerpos porque no creen en el Estado. Perú acaba de dictar una ley donde amnistía a los responsables. Entonces, creo que es hora de despertarse y realmente volver al trabajo básico”.