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Los resultados preliminares, con más del 98% de las mesas escrutadas, le otorgan una victoria rotunda con cerca del 58% de los votos. Este resultado consolida un abrupto viraje político en el país, impulsado por un discurso centrado en la seguridad ciudadana y la migración ilegal como principales amenazas.
Kast, estructuró su campaña en torno a promesas de mano dura, con un enfoque que recuerda al del presidente estadounidense Donald Trump. Su plataforma prioriza el combate a la delincuencia y medidas drásticas para controlar la migración, incluida la construcción de una barrera en extensas zonas de la frontera norte. Su elección marca la implementación inmediata de un programa que plantea profundas consecuencias para las personas migrantes.
Durante el último debate presidencial, Kast detalló que todo extranjero que cometa un delito cumplirá su pena en el país y, posteriormente, será expulsado. Este anuncio establece el tono de una política que apunta a la expulsión administrativa masiva y cierra la puerta a procesos de regularización.
En Chile, las personas migrantes representan el 8.8% de la población total. El discurso político que llevó a Kast a la presidencia también se sustentó en afirmaciones sobre la supuesta presión de los migrantes sobre los servicios públicos. Sin embargo, las estadísticas indican que solo el 6.7% de las personas extranjeras está inscrita en el Registro Social de Hogares, y un 4.4% recibe beneficios habitacionales. En educación, los niños extranjeros representan solo un 2.5% de la matrícula en jardines infantiles JUNJI, organismo que prioriza la vulnerabilidad sin considerar la nacionalidad.
Por el contrario, el aporte económico de la migración es significativo. Aunque representan menos del 9% de la población, su contribución se estima en el 10.3% del PIB. Estudios indican que alrededor de la mitad del crecimiento económico entre 2013 y 2023 se debe a la migración. Las expulsiones administrativas, aplicadas por el mero hecho de ingresar por un paso no habilitado, suelen ejecutarse sin evaluar circunstancias personales, separando a familias y dejando atrás vidas consolidadas. Kast llegó a plantear, durante la campaña, la posibilidad de debatir la expulsión de niños chilenos hijos de padres extranjeros, una figura que raya en el exilio y que choca con el ordenamiento jurídico chileno.
La actual crisis migratoria no se originó por una falta de control, sino por un diseño legal que hace casi imposible la entrada regular. La Ley N°21.325 de Migración y Extranjería establece un sistema de visas que no se condice con la realidad regional. No existe una visa para personas que buscan trabajo y una vida digna, ni una categoría que reconozca la migración por necesidad humanitaria. Las visas de trabajo exigen contratos firmados ante notario en Chile, una condición inalcanzable para quien aún no está en el territorio.
El sistema de refugio es restrictivo y lento, con una tasa de aprobación de apenas un 3.2%. Al no existir vías regulares, miles de personas se ven forzadas a cruzar por pasos no habilitados. Este flujo aumentó considerablemente desde 2019, cuando Chile empezó a imponer restricciones migratorias específicas. Cerrar aún más las fronteras, en un país con miles de kilómetros de límites en terrenos agrestes, es físicamente imposible.
El plan migratorio del gobierno actual, centrado en plazos perentorios y expulsiones, no solo desoye los datos y el derecho internacional, sino que plantea serios desafíos a la cohesión social y al respeto de los derechos fundamentales. La migración, como han señalado diversas voces, no es un delito sino un derecho humano. Gestionarla con humanidad y realismo, mejorando los sistemas de visa y protección, habría sido el camino para construir un Chile más seguro y justo.
