Cuando manejas CASMU como para cerrarlo

El actual presidente del CASMU, Dr. Domingo Beltramelli, parece haber emprendido una cruzada que, lejos de fortalecer a la institución, compromete recursos sensibles en un momento de extrema fragilidad. La decisión de destinar 275.000 dólares del presupuesto para “reparar” un daño atribuido a la administración anterior reabre un debate profundo: ¿se está actuando con criterio institucional o bajo una lógica política atravesada por afinidades y antagonismos personales?

CASMU no es un campo de disputas individuales. Es una mutualista sostenida por el aporte de miles de socios que esperan responsabilidad, previsibilidad y coherencia en la toma de decisiones. Cuando se comprometen recursos de esa magnitud, la explicación debe ser clara, técnica y transparente. Sin embargo, lo que predomina es la sensación de que los equilibrios internos pesan más que el interés colectivo.

A esto se suma la figura del vicepresidente, Dr. Diamant, cuya actuación genera más interrogantes que certezas. La conducción no puede basarse en improvisaciones ni en silencios estratégicos. Gobernar implica asumir responsabilidades concretas y demostrar capacidad de gestión, especialmente cuando el contexto económico obliga a hablar de reestructura, ajustes y racionalización del gasto.

La victoria electoral que llevó a esta mayoría a la conducción parecía prometer un cambio de rumbo. Sin embargo, con el paso de los meses, se instala la percepción de que no existía un plan integral de gobierno. Más que un proyecto institucional claro, lo que emerge es una dinámica de revancha política que atraviesa decisiones claves y condiciona el clima interno.

El riesgo de este enfoque es evidente: cuando la lógica del desquite sustituye a la planificación, la institución pierde estabilidad. CASMU necesita liderazgo sereno, estratégico y orientado al futuro. No necesita ajustes selectivos ni reparaciones que respondan a disputas heredadas.

La responsabilidad de quienes conducen no se mide por su capacidad de saldar cuentas pendientes, sino por su aptitud para garantizar sostenibilidad, cohesión y confianza. En una institución que atraviesa desafíos financieros y estructurales, cada decisión debe responder a un único criterio: el interés general de sus socios. Todo lo demás erosiona la credibilidad y debilita el proyecto colectivo.

La decisión de la actual mayoría de la Junta Directiva del CASMU de avanzar en un acuerdo económico con el Dr. Álvaro Niggemeyer —parte demandante en procesos judiciales contra la institución— no es un hecho administrativo más. 

Es una resolución de alto impacto político, jurídico y financiero que vuelve a colocar en el centro del debate la gobernanza de la mutualista, el respeto a su estatuto y el uso responsable de recursos en un contexto de fragilidad económica.

La mayoría integrada por Domingo Beltramelli, Diamant y Rey resolvió restituir a Niggemeyer como socio capitalizador y acordar el pago de una indemnización cercana a los 275.000 dólares. La cifra, por sí sola, ya genera ruido. Pero el problema no es únicamente el monto: es el momento, la forma y el mensaje institucional que transmite la decisión.

El acuerdo alcanzado entre la mayoría de la Junta Directiva del CASMU y el Dr. Álvaro Niggemeyer sigue generando controversia. Pero el debate ya no gira únicamente en torno a cuestiones técnicas o estatutarias: lo que hoy se discute en voz alta —y en pasillos— es si la decisión impulsada por Domingo Beltramelli tuvo como trasfondo la intención de “reparar” a un allegado utilizando recursos que pertenecen a los socios de la institución.

La acusación es grave. Porque si el acuerdo responde a una evaluación jurídica objetiva y a la conveniencia económica de cerrar un litigio, estamos ante una decisión discutible pero defendible dentro de la lógica de gestión. Sin embargo, si el criterio dominante fue político o personal, el problema deja de ser administrativo para transformarse en ético.

CASMU no es una empresa privada convencional: es una mutualista sustentada por el aporte de miles de socios. Cada dólar que sale de sus arcas proviene del esfuerzo colectivo y está destinado, en principio, a garantizar prestaciones de salud y estabilidad institucional. En ese marco, una indemnización cercana a los 275.000 dólares exige fundamentos sólidos, transparentes y verificables.

Quienes cuestionan la medida sostienen que la restitución como socio capitalizador y el pago acordado no fueron acompañados de una explicación pública suficientemente clara sobre los beneficios concretos que obtiene la institución. ¿Se evitó una condena mayor? ¿Se redujeron los riesgos financieros significativos? ¿Se cerró definitivamente el conflicto? Sin respuestas contundentes, la sospecha crece.

La figura del Dr.Beltramelli queda inevitablemente en el centro del debate. En política institucional, la percepción importa tanto como los hechos. Si existe la idea de que se utilizara el dinero de los socios para resolver un vínculo personal o político, el daño reputacional puede ser profundo, incluso si el acuerdo tuviera fundamentos legales.

El problema no es solo el monto. Es el contexto. CASMU atraviesa una reestructura que implicó ajustes y reducción de cargos médicos. Mientras se apelaba a la austeridad y al sacrificio compartido, se aprobaba un desembolso millonario para cerrar un litigio particular. Esa contradicción alimenta la narrativa de favoritismo.

En definitiva, el caso Niggemeyer trasciende el conflicto individual. Pone a prueba la transparencia, la coherencia y la credibilidad de la actual conducción. Porque cuando se administra dinero colectivo, no alcanza con tener mayoría. Hay que demostrar, sin margen para sospechas, que cada decisión responde exclusivamente al interés de los socios y no a afinidades personales.

Uno de los puntos más sensibles es la compatibilidad del acuerdo con el estatuto institucional. La desvinculación de Niggemeyer, dispuesta en enero de 2024 por una directiva anterior, fue adoptada mediante mecanismos estatutarios vigentes y en representación de la persona jurídica. No se trató de un acto personal, sino institucional.

Al revertir de hecho aquella decisión, la nueva mayoría abre un terreno complejo. ¿Puede una mayoría circunstancial “enmendar” una resolución válida sin afectar el principio de continuidad jurídica? ¿Qué señales se envían hacia adentro cuando decisiones estatutarias firmes pasan a ser revisables según la correlación política del momento?

La seguridad jurídica no es un tecnicismo: es la base de la confianza interna. Si los actos institucionales quedan sujetos a interpretaciones políticas posteriores, la previsibilidad se erosiona.

Desde el punto de vista jurídico, el acuerdo laboral no clausura el conflicto en su totalidad. Permanecen abiertos reclamos civiles contra exdirectivos que actuaron en representación del CASMU. Esto genera una situación inédita: la institución parece admitir implícitamente que la decisión anterior fue errónea, pero no absorbe integralmente sus consecuencias.

El riesgo es doble. Por un lado, se debilita la posición defensiva en los procesos aún vigentes. Por otro lado, se expone a la institución a eventuales reclamos futuros derivados del cambio de postura. Una estrategia más coherente con el interés institucional hubiera sido cerrar globalmente el litigio o sostener una defensa integral. Optar por una solución parcial deja flancos abiertos.

El contexto económico agrava la polémica. CASMU ha sostenido públicamente la necesidad de racionalizar recursos para garantizar su viabilidad. La reestructura afectó puestos de trabajo y condiciones internas. En ese marco, la aprobación de una indemnización millonaria genera una tensión evidente entre discurso y práctica.

No se trata de negar la posibilidad de acuerdos extrajudiciales. Se trata de evaluar si el momento elegido y las condiciones pactadas responden al interés colectivo o a una lógica 

Reducir el debate a la figura de Niggemeyer sería simplificarlo en exceso. Lo que está en discusión es el modelo de conducción. ¿Se gobierna con criterios estables y previsibles o con decisiones que responden a mayorías circunstanciales? ¿Se prioriza la fortaleza institucional o se impone una lógica política interna?

CASMU no es solo una estructura administrativa: es una mutualista con miles de socios y trabajadores que dependen de su estabilidad. Cada resolución que compromete recursos y redefine precedentes estatutarios proyecta efectos a mediano y largo plazo.

En tiempos de reestructura y vigilancia financiera, la coherencia no es un lujo; es una obligación. Si la conducción no logra explicar con claridad por qué este acuerdo fortalece a la institución en lugar de debilitarla, el debate seguirá abierto. Y en instituciones complejas, las dudas persistentes suelen tener un costo más alto que cualquier indemnización.