La Iglesia Católica en Uruguay ha desarrollado en la última década un conjunto de mecanismos institucionales para prevenir, investigar y sancionar casos de abuso dentro de sus propias estructuras. En ese proceso, el rol del derecho canónico, la articulación con la Justicia y la formación en prevención han sido ejes centrales.
Así lo explicó a Diario La R el obispo de Canelones, Heriberto Andrés Bodeant Fernández, quien detalló los avances, límites y desafíos de la institución frente a uno de los temas más sensibles que atraviesan a la Iglesia a nivel global.
“La actuación de la Iglesia no reemplaza la actuación de la Justicia. Es un proceso paralelo”, afirmó el jerarca, marcando desde el inicio una distinción clave entre los procedimientos civiles y los eclesiásticos.
Un proceso que tiene historia
Según Bodeant, el abordaje institucional de los abusos no surgió de forma repentina, sino que es el resultado de un proceso gradual, influido también por escándalos internacionales que marcaron un punto de inflexión.
En particular, recordó las investigaciones periodísticas del diario Boston Globe en 2002, que expusieron casos de encubrimiento de abusos en Estados Unidos y aceleraron cambios dentro de la Iglesia a nivel mundial.
En Uruguay, ese proceso comenzó a estructurarse en 2013 con la aprobación de un protocolo específico para actuar ante denuncias contra clérigos por abuso sexual de menores. “Ese fue nuestro primer paso. No era de prevención, sino de actuación: cómo se recibe una denuncia y cómo se procede”, explicó.
Posteriormente, en 2016, la Conferencia Episcopal del Uruguay dio un giro hacia la prevención, encargando al Departamento de Educación Católica la elaboración de una guía específica y promoviendo instancias de formación.
A esto se sumó la creación, entre 2017 y 2018, de una comisión de apoyo a víctimas, y más recientemente, la instalación de una Comisión Nacional para la prevención de abusos y promoción de una cultura del cuidado.
Prevención y formación
Uno de los énfasis actuales de la Iglesia, según Bodeant, está en la formación dentro de las comunidades. “Tenemos que formar dentro de las comunidades para prevenir y ofrecer herramientas a quienes puedan verse afectados por distintas situaciones”, señaló. Este enfoque incluye no solo los casos más graves, como los abusos, sino también situaciones de conducta inapropiada o conflictos que puedan generar daño en ámbitos eclesiales.
Cursos, capacitaciones y la difusión de guías de actuación forman parte de esta estrategia, que busca generar entornos más seguros en parroquias, centros educativos y espacios pastorales.
Bodeant explicó que, ante una denuncia, la Iglesia activa un proceso interno regido por el derecho canónico, que funciona de manera paralela a la investigación judicial.
“La Justicia determina si hubo un delito y establece una pena. La Iglesia, en cambio, analiza la conducta del sacerdote en función de sus responsabilidades religiosas”, indicó. En este sentido, el derecho canónico establece procedimientos que incluyen la recolección de pruebas, la toma de testimonios y el derecho a la defensa del acusado.
“El proceso canónico tiene garantías similares: testigos, pruebas, defensa. Es un proceso conforme a derecho”, afirmó. Las sanciones, sin embargo, son de naturaleza distinta. La más grave es la expulsión del estado clerical, es decir, la pérdida de la condición de sacerdote.
Resultados y cifras
De acuerdo con los datos mencionados por el obispo, en 2016 se realizó un relevamiento que permitió identificar unas 40 denuncias contra sacerdotes y personas consagradas, abarcando un período de aproximadamente 70 años. De ese total: 4 sacerdotes fueron expulsados del ministerio; 20 de los denunciados ya habían fallecido; 9 casos continuaron bajo investigación; en 7 de ellos no se pudo establecer culpabilidad. Bodeant señaló que muchos de estos casos no llegaron a la Justicia penal, ya sea porque habían prescrito o porque no constituían delito según la legislación vigente en su momento.
A partir de entonces, el promedio ha sido de aproximadamente una denuncia por año, tramitada en cada diócesis, lo que refleja también la estructura descentralizada de la Iglesia.
Uno de los aspectos que genera mayor confusión, según el obispo, es la diferencia entre lo que constituye delito para la Justicia y lo que es considerado falta grave dentro de la Iglesia. Por ejemplo, una relación consentida entre un sacerdote y un adulto no es delito penal, pero sí representa una falta grave desde el punto de vista canónico. “Hay conductas que para la ley civil no son delito, pero para nosotros sí son faltas muy graves”, explicó.
En cambio, los abusos sexuales contra menores son considerados delitos tanto por la Justicia como por la Iglesia, lo que implica la intervención de ambos sistemas.
Una Iglesia descentralizada
Bodeant también destacó que la Iglesia no funciona como una estructura centralizada en el plano operativo, lo que influye en la gestión de estos casos. Cada diócesis tiene autonomía en la aplicación de los protocolos, aunque bajo lineamientos generales establecidos por la Conferencia Episcopal. “La Iglesia es más descentralizada de lo que a veces se piensa”, señaló, comparando su organización con la de los gobiernos departamentales.
En ese esquema, cada obispo es responsable de las decisiones en su jurisdicción, aunque en comunión con el conjunto de la Iglesia y bajo la autoridad última del Papa.
El abordaje de los abusos no solo implica procedimientos internos, sino también un desafío en términos de credibilidad institucional. En ese sentido, la Iglesia ha buscado avanzar en mecanismos de transparencia, atención a víctimas y prevención, aunque el tema sigue siendo objeto de escrutinio público. Bodeant reconoció la gravedad de las situaciones y la necesidad de continuar fortaleciendo los instrumentos existentes.
“Tenemos que tener los elementos para actuar, formar para prevenir y ofrecer contención a quienes han sido afectados”, afirmó.
La experiencia uruguaya se inscribe en un proceso más amplio de revisión dentro de la Iglesia Católica a nivel mundial, impulsado en gran medida durante el pontificado de Papa Francisco. En ese marco, las iglesias locales han debido adaptar protocolos, generar estructuras de prevención y asumir un rol más activo frente a las denuncias.
En Uruguay, ese camino ha implicado reconocer situaciones del pasado, implementar cambios institucionales y promover una cultura orientada al cuidado.
Para Bodeant, el desafío principal no es solo reaccionar ante los casos, sino consolidar una cultura preventiva. Esto implica formación continua, protocolos claros y una mayor conciencia dentro de las comunidades. “La paz no se improvisa, y el cuidado tampoco. Se construye con reglas, con formación y con compromiso”, podría resumirse como la línea de acción que hoy guía a la Iglesia en este terreno.
Guía para la protección de menores y prevención de abusos
La Iglesia Católica en Uruguay cuenta con una guía específica para la protección de menores y la prevención de abusos, elaborada por la Conferencia Episcopal del Uruguay como parte de su estrategia institucional.
El documento está dirigido a clérigos, religiosos, docentes y agentes pastorales que trabajan en parroquias, centros educativos y obras sociales, con el objetivo de garantizar entornos seguros.
La guía establece criterios claros para el relacionamiento con niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables, y busca “contribuir a cuidar y proteger su desarrollo pleno y bienestar”.
Además, reconoce el impacto profundo de los abusos: “Las heridas físicas, psicológicas y espirituales de las víctimas frecuentemente permanecen toda la vida”, señala el texto, que enfatiza la necesidad de una actitud de reparación.
El documento también recuerda que todos los integrantes de la Iglesia tienen responsabilidad penal y civil por sus actos, y que ante cualquier sospecha de abuso debe activarse el protocolo correspondiente.
Este protocolo establece la obligación de comunicar la situación a las autoridades eclesiásticas para iniciar una investigación interna, sin perjuicio de la intervención de la Justicia. La guía forma parte de un conjunto de medidas orientadas a fortalecer la prevención y promover una cultura del cuidado dentro de la Iglesia.
Durante décadas, la Iglesia ha querido sustituir la justicia civil por la religiosa. Lo mismo que los militares que han delinquidin y pretendían ser juzgados sólo por tribunales militares. El «castigo» al religioso abusador es generalmente el traslado a otro centro religioso y siga el baile. Sin dar el pase a la justiic civil como con cualquier hijo de vecino. Léase barrer para adentro.