La directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, señaló que la aprobación de la reforma del Código del Proceso Penal (CPP) podría derivar en la libertad anticipada de aproximadamente 2.000 personas en el transcurso de un año. Según la jerarca, esta medida permitiría «descomprimir» el sistema carcelario, que actualmente alberga a unas 17.000 personas, al unificar los criterios para solicitar este beneficio: se requeriría haber cumplido dos tercios de la pena para delitos comunes y tres cuartas partes para delitos graves. Juanche minimizó el impacto de los crímenes más severos en esta cifra, indicando que los homicidios representan menos del 10% y los delitos sexuales menos del 6% del total de la población carcelaria.
Sin embargo, estas estimaciones encendieron las alarmas en la bancada opositora. El senador colorado Pedro Bordaberry, quien recientemente interpeló al ministro del Interior, Carlos Negro, criticó duramente la iniciativa a través de sus redes sociales, calificándola como un intento de «liberar presos» que incluye a rapiñeros, homicidas y violadores. Bordaberry comparó esta reforma con las leyes de liberación de 2005 y 2017, exigiendo que se detenga el proceso legislativo. Por su parte, el senador nacionalista Javier García se sumó a las críticas, señalando que la propuesta es un «profundo error» en un contexto de inseguridad extrema y cuestionó que la responsabilidad se delegue exclusivamente en la Justicia cuando la modificación emana del Poder Ejecutivo.
Desde el INR se aclaró que la afirmación de que el Ministerio del Interior «libera» presos es técnicamente inexacta, ya que la concesión de la libertad anticipada es una potestad jurisdiccional que recae sobre los magistrados. No obstante, García insistió en que el diseño de la ley facilita este camino y criticó la falta de patrullaje preventivo en las calles, instando al gobierno a «hablar con la gente» que vive con miedo. La polémica queda instalada en el centro del debate parlamentario, enfrentando dos visiones: una que busca racionalizar el sistema penitenciario y reducir las «puertas giratorias» de penas cortas, y otra que prioriza la disuasión y el cumplimiento efectivo de las condenas frente a la crisis de criminalidad.
DURANTE EL PRIMER GOBIERNO DEL TUERTO…. EL ENTONCES MINISTRO DIAZ, LIBERO 1.000 -MIL PRESOS POR «RAZONES HUMANITARIAS.» REINCIDIERON Y A LOS POCOS MESES CASI LOS MIMOS MIL ESTABAN DE VUELTA……. LAS TEORIAS DEL PICHAJE, «LOS PRESOS SON VICTIMAS DEL ESTADO QUE NO LOS DEJO ESTUDIAR NI TRABAJAR» AÑOS DESPUES. VINO…..»SER JOVEN NO ES DELITO» LUEGO NO A LOS ALLANAMIENTOS NOCTURNOS, PORQUE LA POLICIA PUEDE EQUIVOCARSE……. ASI ESTAMOS ASI NOS VA Y NOS SEGUIRA YENDO.
EL GOBIERNO NOS MINITIO, Y LO SIGUE HACIENDO, NO ESTABAN PREPARADOS PARA GOBERNAR………..
En cuestiones de seguridad, no hay nada más eficiente,
que la seguridad electrónica.
1) los adictos deben pasar su último año o más tiempo, por una especie de prisión psiquiatrico, en un proceso de desintoxicación, con medicación obligatoria, psicologo, ejercicio obligatorio, y aprendizaje de oficios y agricultura en todos los casos..
2)Ellos le hacen perder la libertad a sus conciudadanos y deben pagar con la suya, pero la libertad debe ser recuperada gradualmente y con indicios de recuperación.
Hoy con inteligencia Artificial, tobilleras o chip subcutáneo, se puede y debe monitorear y mantener registro GPS 24/7 a estos individuos, fácil, rápido y barato.
3) Toda persona privada de libertad, al salir, debe tener rastreador satelital permanente, por un período mínimo de 2 años de libertad condicional controlada electrónicamente y si se registra cerca o presente en el área de un delito, pierde el beneficio automáticamente.