El reclamo de las organizaciones sociales no apunta únicamente a una mayor sensibilidad política, sino también a la forma en que el Estado administra y distribuye determinados ingresos. Uno de los cuestionamientos más reiterados gira en torno a los recursos generados por el sistema de apuestas y juegos de azar. Estos incluyen quinielas, loterías, casinos y otras modalidades que movilizan millones de pesos cada año.
Diversos colectivos sostienen que una parte significativa de esa recaudación debería tener un destino social claramente identificado y permanente. Especialmente orientado a sectores vulnerables como las personas con discapacidad. La crítica se centra en que, pese al importante movimiento económico que generan las apuestas, no existe una percepción clara de que esos fondos impacten de manera sustancial en políticas públicas de inclusión, rehabilitación o accesibilidad.
En una columna de opinión, el economista Lic. Matías Brum plantea que una mirada transversal del presupuesto con enfoque de derechos humanos obliga a cambiar la forma en que discutimos. No alcanza con preguntar cuánto se gasta en cada área. Sino que hay que mirar cómo se asigna, cómo se ejecuta y qué resultados genera en la vida de las personas.
El economista plantea de manera contundente que se necesita más dinero. El diagnóstico muestra déficits en áreas críticas como infancia, salud mental, violencia de género, cuidados y sistema penitenciario. Donde las políticas públicas no cuentan con los recursos necesarios para garantizar derechos de forma sostenida. La discusión presupuestal reciente no logró revertir estas carencias en sectores especialmente sensibles. Pretender que el problema puede resolverse sin más recursos sería negar la magnitud de los desafíos.
Por otro lado, aun sin más recursos, hay muchas cosas para hacer mejor. Del mismo modo muestra fallas que no son exclusivamente presupuestales. En el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, entre 2020 y 2025 fallecieron 114 menores bajo tutela estatal, 20 de ellos en 2025. Estos hechos no remiten solo a falta de dinero, sino a problemas en la evaluación del riesgo, en la detección temprana, en la supervisión y en la coordinación entre instituciones. Cuando el Estado ya está presente pero falla, el problema es también de gestión.
Algo similar ocurre en violencia de género. Aunque existen avances presupuestales -como recursos para unidades especializadas y tecnología de monitoreo- el principal problema sigue estando en la implementación, particularmente en la falta de tribunales especializados que la propia normativa prevé. Es un problema de capacidades, de organización y de prioridades dentro del gasto. Incluso hay dimensiones más básicas como las dificultades persistentes para acceder a información pública de calidad y actualizada que permita evaluar políticas públicas. Sin sistemas de información bien posicionados, no solo es difícil gastar mejor sino es imposible saber si las intervenciones están funcionando.
Todo esto va de la mano con la demanda por más presupuesto -legítima y necesaria- que no puede cegarnos frente a otras mejoras igual de urgentes. Hay reformas que no dependen principalmente de dinero. Se habla de mejorar la articulación entre organismos, fortalecer protocolos de actuación, integrar sistemas de información, priorizar la prevención sobre la reacción. O rediseñar programas que ya existen pero no están logrando sus objetivos. Muchas de estas decisiones tienen costos relativamente bajos, pero impactos potencialmente altos en la efectividad del Estado. Si la discusión pública se concentra exclusivamente en la falta de recursos, corremos el riesgo de invisibilizar estos márgenes de mejora. Y, peor aún, de postergar cambios que podrían implementarse ya, aun en contextos de restricción fiscal.
Más allá del foco nacional, las brechas territoriales son muy marcadas, sobre todo en la frontera norte. Departamentos como Artigas, Rivera y Cerro Largo tienen tasas de pobreza muy superiores al promedio nacional. Además de un empleo informal generalizado, inseguridad alimentaria frecuente entre los niños. Y un acceso limitado a la educación media y terciaria. Allí los problemas de repetición, abandono escolar y falta de servicios de salud especializados son mucho más graves. Por eso, el presupuesto debería priorizar estas zonas para que la inversión no refuerce las desigualdades existentes.
El economista y exdirector del INE, Diego Aboal, sostiene que la base de los problemas sociales en Uruguay es la pobreza y la exclusión social. Si se adopta un concepto de pobreza multidimensional, casi uno de cada cinco uruguayos vive en hogares con privaciones importantes. Como por ejemplo viviendas con techos de materiales de desecho, pisos de tierra o con peligro de derrumbe, hacinamiento. A su vez falta de educación mínima, inserción laboral precaria y falta de ingresos para cubrir una canasta básica. Muchas de estas familias enfrentan inseguridad alimentaria moderada o grave.
Esto golpea especialmente a los niños, ya que en promedio estos hogares tienen más hijos que el resto. Uno de cada tres niños en Uruguay vive en un hogar pobre por ingresos. De los 30.000 nacimientos que hay cada año, unos 10.000 ocurren en hogares con enormes dificultades. La raíz no es la infancia en sí, sino la pobreza y la exclusión. Eso es lo que hay que atacar con toda la fuerza.
En cuanto al trabajo infantil, las cifras de 2024 indican que la incidencia se redujo a la mitad desde 2010, pero todavía hay 40.000 niños y adolescentes en esa situación. Un niño que nace en un hogar del 20% más pobre tiene tres veces más probabilidades de trabajar que uno del 20% de mayores ingresos. La encuesta de nutrición, desarrollo infantil y salud de 2023 también mostró que los niños del tercio de menores ingresos presentan una incidencia de anemia cinco puntos porcentuales mayor que los del tercio más acomodado.
El presupuesto 2025-2029 define entre sus prioridades el crecimiento con empleo, protección social y seguridad, y asigna recursos adicionales a la primera infancia, la educación y la vivienda. Sin embargo, el verdadero reto es la capacidad de transformar esos recursos en resultados. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que la pobreza se movió poco durante 2025, lo que refleja un arraigado componente estructural.
Se ubicó en 16,6% entre las personas con bajos ingresos, una leve mejora frente al 17,3% de 2024. En términos absolutos, 166 de cada mil uruguayos no disponen de ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas alimentarias y no alimentarias. La indigencia alcanzó al 1,7% de las personas en 2025, frente a 1,5% en 2024. Montevideo presenta los niveles más altos de pobreza (18,7%), por encima del 15,3% del período anterior. Los departamentos de Cerro Largo, Rivera y Artigas exhiben los niveles más altos de vulnerabilidad, mientras que San José, Maldonado, Colonia y Flores presentan las menores tasas.
