La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) ha trazado una hoja de ruta clara para el presente periodo, donde la articulación con el sistema judicial aparece como una prioridad absoluta. Su presidente, Marcelo Metediera, en diálogo con Diario La R, ha señalado que una de las carencias más significativas en la gestión de la movilidad actual es la dificultad para aplicar de manera efectiva la Ley de Faltas en el ámbito del tránsito. Para revertir esta situación, el organismo se encuentra en plena negociación con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el objetivo de obtener los recursos necesarios en la próxima Rendición de Cuentas.
La estrategia de Metediera se centra en dotar al sistema de la capacidad humana necesaria para que las infracciones no queden en la nada. Según explicó el jerarca, ya se han mantenido reuniones con la Fiscalía de Corte interina para coordinar la instrumentación de la ley, pero el cuello de botella sigue siendo el presupuesto para personal. «Estamos conversando con Economía para ver si podemos plasmar la necesidad de los recursos humanos necesarios para llevar adelante este trabajo», afirmó Metediera. El presidente de Unasev se mostró optimista, argumentando que, si bien todo presupuesto depende del escenario macroeconómico, los montos solicitados son relativamente bajos y el proceso de implementación sería paulatino.
Este reclamo presupuestario se da en un contexto donde los datos de siniestralidad en Uruguay demandan medidas urgentes. De acuerdo con los informes estadísticos de la Unidad, la mayor parte de las faltas graves registradas en las rutas y calles del país están vinculadas al exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol y la falta de elementos de seguridad. La Ley de Faltas, en este sentido, es la herramienta que permitiría que las conductas temerarias que no llegan a constituir un delito penal tradicional sean sancionadas con trabajo comunitario u otras medidas que generen conciencia y responsabilidad.
Sin embargo, para que un juez o un fiscal pueda actuar con celeridad frente a un conductor infractor, se requiere un soporte administrativo y técnico que hoy la Unasev busca consolidar. La brecha entre la normativa vigente y su aplicación práctica ha sido, durante años, una de las críticas más recurrentes de las organizaciones de víctimas de siniestros de tránsito. Metediera entiende que la Rendición de Cuentas es la oportunidad institucional para cerrar esa brecha.
El optimismo de la dirección de Unasev radica en que la propuesta es estratégica y de bajo impacto fiscal en comparación con los costos sociales y económicos que generan los accidentes. En Uruguay, los siniestros de tránsito no solo representan una tragedia humana con cientos de fallecidos al año, sino que también suponen una erogación millonaria para el Estado en salud, seguridad social y pérdida de productividad. Por ello, destinar recursos a la Ley de Faltas se presenta no como un gasto, sino como una inversión en prevención y justicia. El diálogo con el Poder Ejecutivo continúa, con la expectativa de que el Parlamento valide esta necesidad técnica en los próximos meses.
