La Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) presentó un informe crítico sobre la estructura de precios de los combustibles en Uruguay, señalando que el sector productivo soporta una carga desproporcionada. Según el documento, el sobreprecio del gasoil(compuesto por el fideicomiso para el transporte de pasajeros y el subsidio al gas por cañería) ascendió a 111 millones de dólares en 2025. Estos costos adicionales, que suman 4,20 pesos por litro, impactan directamente en la rentabilidad de sectores clave como el lechero, el arrocero y el agrícola, dificultando su competencia en los mercados internacionales.
Un punto central del reclamo es la comparación con las exoneraciones fiscales otorgadas a los vehículos eléctricos e híbridos. La CCE estima que el Estado dejó de recaudar unos 143 millones de dólares en 2025 por beneficios del Imesi a estos vehículos, una cifra que supera lo recaudado por los sobreprecios del gasoil. Los empresarios sostienen que, si bien es loable promover la eficiencia energética, el financiamiento de los subsidios sociales no debería recaer sobre los costos de producción. Proponen, en cambio, buscar fuentes de financiamiento alternativas que no penalicen al motor productivo del país.
El debate se intensifica ante el crecimiento exponencial de la electromovilidad, que ya representa el 40% de las ventas de autos nuevos en lo que va de 2026. Esta transición está alterando el mercado local; la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu) reportó una caída del 4% en las ventas de combustible este año, con mermas de hasta el 12% en zonas residenciales de Montevideo. Ante este escenario, los sectores empresariales uruguayos reclaman una revisión profunda del sistema fiscal energético para equilibrar los incentivos ambientales con la necesidad de mantener costos operativos competitivos para el agro y la industria.
