La apicultura uruguaya atraviesa una de las crisis más profundas de las últimas décadas. Mientras el sector intenta sostener las exportaciones en un mercado internacional cada vez más competitivo, los productores enfrentan una mortandad histórica de abejas, pérdidas económicas severas y fuertes cuestionamientos al manejo oficial de la situación.
En diálogo con Diario La R, el presidente de la Sociedad Apícola del Uruguay (SAU), Jimhy Fiorelli, denunció maniobras “irregulares” de Argentina para quedarse con la mayor parte de la cuota de exportación de miel hacia la Unión Europea, criticó el “ocultamiento” de información sobre agroquímicos vinculados a la muerte masiva de colmenas y confirmó una novedad política de alto impacto para el sector: tras 15 meses de exclusión, la gremial fue convocada nuevamente a integrar la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola.
Una cuota que Uruguay perdió
El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea comenzó a regir el pasado 1º de mayo para el sector mielero. El esquema prevé una reducción gradual de aranceles durante cinco años, hasta llegar al arancel cero para las exportaciones hacia el bloque europeo.
Actualmente, Uruguay paga un arancel de 17,4% para ingresar miel al mercado europeo. Con el nuevo mecanismo, ese costo irá desapareciendo progresivamente. Sin embargo, el problema para Uruguay surgió apenas se abrió el cupo inicial. Según explicó Fiorelli, la cuota anual para el Mercosur comienza con 7.500 toneladas y crecerá gradualmente hasta alcanzar las 45.000 toneladas al quinto año. La distribución acordada establece que Argentina accede al 67% del cupo, Brasil al 20% y Uruguay al 13%. A Uruguay le correspondían al inicio 975 toneladas y a partir del quinto año 5.850 toneladas.
“El problema fue que Argentina ya tenía miel en puertos europeos antes del 1º de mayo y habría cambiado certificados de origen para hacer pasar esos cargamentos como ingresados luego de la entrada en vigencia del acuerdo”, denunció. Según la versión de la SAU, exportadores argentinos habrían anulado certificados anteriores y emitido nuevos documentos con fecha posterior al 1º de mayo, lo que les permitió ingresar dentro del cupo libre de aranceles. “Fue un chanchullo”, resumió Fiorelli. “Le cambian la fecha al certificado y entran dentro del tratado”.
El dirigente sostuvo que la maniobra dejó prácticamente sin margen a Uruguay para acceder al beneficio arancelario durante este año. “Argentina copó casi todo el cupo y Brasil una parte menor. Uruguay quedó afuera”, afirmó. Pese a ello, aclaró que la miel uruguaya puede seguir ingresando a Europa, aunque sin los beneficios del tratado. “A Europa se puede exportar igual, pero pagando aranceles”, explicó.
La importancia del acuerdo con Europa radica en la necesidad de diversificar mercados. Hoy, cerca del 80% de la miel uruguaya tiene como destino Estados Unidos. “Lo importante era asegurarnos otro mercado fuerte. Si mañana Estados Unidos deja de comprar, necesitamos alternativas”, señaló Fiorelli.
Históricamente, Alemania fue uno de los principales compradores de miel uruguaya, pero ese mercado se fue perdiendo después de 2017, obligando al sector a reorientar exportaciones hacia Norteamérica.
Actualmente, Uruguay exporta entre 9.000 y 13.000 toneladas anuales de miel, dependiendo de la producción de cada zafra. El precio al productor ronda los US$ 2,10 por kilo, una cifra que el sector considera “razonable” después de varios años de trabajar “a pérdida o empatando”.
Mortandad histórica de abejas
Pero el frente comercial no es la única preocupación. El drama más profundo para los apicultores está en el campo. La SAU asegura que Uruguay atraviesa la mayor mortandad de abejas de su historia reciente.
Los registros oficiales contabilizan unas 16.000 colmenas con destrucción total, aunque los productores creen que la cifra real es mucho mayor porque muchos damnificados evitaron denunciar por temor a conflictos con propietarios rurales. “Hay apicultores que perdieron el 80%, el 90% y hasta el 100% de sus colmenas”, sostuvo Fiorelli. La situación golpeó especialmente durante el período de plantación y cosecha de colza y canola. Según la SAU, existe una coincidencia territorial directa entre las zonas de mayor mortandad y los predios agrícolas dedicados a esos cultivos.
“Las pruebas son claras. La mortandad se da justo en el momento de cosecha de la colza y de aplicación de productos”, afirmó. Fiorelli insistió en que la gremial no pretende confrontar con el sector agrícola, pero reclamó mayores controles y mejores prácticas de aplicación. “Hay productores que hacen muy bien las cosas y otros que no. El problema es cuando se aplican productos en plena floración y durante el día, cuando las abejas están trabajando”, explicó. Según sostuvo, existen alternativas menos agresivas y protocolos que permitirían reducir significativamente el impacto sobre los polinizadores. “Las aplicaciones deberían hacerse de noche”, reclamó.
El conflicto por los análisis
Uno de los puntos más delicados del conflicto involucra los análisis realizados sobre muestras de abejas muertas. La científica Estela Santos encabezó una investigación recorriendo los departamentos afectados y recolectando muestras para estudiar la presencia de agroquímicos.
Parte de esas muestras fueron enviadas a España por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Según Fiorelli, los resultados detectaron herbicidas e insecticidas, pero la información nunca fue divulgada oficialmente a las organizaciones que integraban el grupo de trabajo. “El ministerio no quiso revelar los resultados”, denunció.
La situación provocó incluso la renuncia de Néstor Causa, expresidente de la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola, quien participaba en el grupo técnico conformado para analizar la crisis. “Renunció porque consideró que no podía trabajar si se escondía información”, afirmó Fiorelli. La SAU asegura que solicitó formalmente los datos al ministro, al subsecretario y a distintas dependencias técnicas del MGAP, pero nunca obtuvo respuesta.
En medio de la crisis, la Sociedad Apícola del Uruguay quedó excluida durante más de un año de la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola, organismo asesor del Ministerio. Según Fiorelli, la situación se originó por una exigencia administrativa impulsada por el presidente de la comisión, Gustavo Fripp, quien reclamó la homologación formal de las nuevas autoridades de la gremial por parte del Poder Ejecutivo. “Desde 1999 nunca había pasado algo así”, cuestionó. La SAU aseguró que esa exclusión dejó al principal gremio del sector sin representación justamente en el período más crítico para la apicultura nacional. Finalmente, la semana pasada la organización recibió la convocatoria oficial para reincorporarse. “El martes volvemos a la Comisión Honoraria después de 15 meses”, confirmó Fiorelli. La expectativa del sector es utilizar ese ámbito para reclamar medidas urgentes frente a una nueva temporada de siembra de colza y canola que comenzará en pocos meses. “No queremos que vuelva a suceder una mortandad como esta”, advirtió. Además de los problemas sanitarios y productivos, la apicultura enfrenta un escenario económico complejo marcado por déficit hídrico, endeudamiento y reclamos por la exclusión del sector de algunas líneas de apoyo financiero estatal. “Ya no sabemos qué puerta golpear”, resumió el presidente de la SAU.
