El gobierno dará un nuevo paso en su estrategia para reforzar las capacidades de vigilancia marítima de la Armada Nacional con la presentación de una oferta formal al Reino Unido para adquirir tres patrulleras oceánicas de segunda mano pertenecientes a la Marina Real británica. La propuesta, valorada en aproximadamente 60 millones de euros, se enmarca en la búsqueda de una solución rápida tras la rescisión del contrato firmado con el astillero español Cardama para la construcción de dos buques patrulleros oceánicos (OPV).
El anuncio fue realizado por el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, quien confirmó que esta semana el Ejecutivo presentará ante la embajada británica una nota oficial expresando el interés de Uruguay en concretar la operación. “Esta semana tenemos que presentar la nota en la embajada del Reino Unido manifestando nuestro interés en adquirirlas”, señaló Díaz durante una entrevista concedida a Teledoce.
Las embarcaciones que Uruguay busca incorporar corresponden a la primera generación de la clase River de la Royal Navy: el HMS Tyne, el HMS Mersey y el HMS Severn. Estos buques fueron construidos entre 2001 y 2003 y forman parte del proceso de renovación de la flota británica, que contempla su retiro gradual del servicio activo.
Según explicó el prosecretario, cada patrullera tiene un valor estimado de 20 millones de euros, lo que eleva el costo total de la operación a unos 60 millones. A pesar de tratarse de unidades usadas, el Gobierno considera que representan una alternativa atractiva debido a que aún cuentan con una vida útil estimada de entre 20 y 25 años. La adquisición permitiría fortalecer rápidamente las capacidades operativas de la Armada Nacional en tareas vinculadas al control de la zona económica exclusiva, la vigilancia pesquera, el combate a actividades ilícitas y las operaciones de búsqueda y rescate. Díaz destacó que la principal ventaja de esta alternativa radica en la posibilidad de disponer de los buques en un plazo considerablemente menor al requerido para construir nuevas unidades.
“La posibilidad de tener rápidamente OPV” es uno de los principales factores que explican el interés del Ejecutivo por concretar la compra, indicó. La operación se realizaría mediante un acuerdo directo entre Estados, un mecanismo que el gobierno considera más seguro y transparente para este tipo de adquisiciones estratégicas.
Si bien la compra de las patrulleras británicas aparece como una solución inmediata para cubrir las necesidades operativas de la Armada, el gobierno no ha abandonado el objetivo de incorporar unidades nuevas. De acuerdo con Díaz, la administración del presidente Yamandú Orsi continúa evaluando alternativas para avanzar en futuras adquisiciones, aunque bajo un modelo diferente al utilizado en el frustrado acuerdo con Cardama. En ese sentido, descartó implícitamente la posibilidad de recurrir al astillero estatal español Navantia y sostuvo que cualquier incorporación de nuevas embarcaciones se realizará mediante negociaciones bilaterales entre gobiernos. La decisión responde a la intención de minimizar riesgos contractuales y financieros luego de la experiencia registrada con la empresa gallega.
El conflicto con Cardama
La eventual compra de los buques británicos ocurre mientras el Ejecutivo endurece su postura frente al astillero Cardama, con el que Uruguay firmó un contrato por 82,2 millones de euros para la construcción de dos patrulleras oceánicas.
El acuerdo fue rescindido el 13 de febrero de 2026 después de que surgieran cuestionamientos relacionados con la garantía bancaria presentada por la empresa. Desde entonces, la controversia ha evolucionado hacia un escenario de disputas legales y reclamos económicos entre ambas partes.
Durante la entrevista, Díaz fue especialmente crítico respecto al destino de los recursos transferidos por Uruguay al astillero.
“Manejamos dinero público, se le entregaron 28 millones de euros y no sabemos en qué se gastaron. ¿Dónde están? En lo construido seguro que no”, afirmó.
Posteriormente, matizó sus declaraciones al señalar que el gobierno mantiene la presunción de que la mayor parte de los fondos desembolsados no fue destinada a la construcción efectiva de los buques contratados.
El prosecretario confirmó además que el gobierno conformó un grupo de trabajo especializado para enfrentar el arbitraje internacional iniciado por Cardama.
Paralelamente, Uruguay prepara acciones judiciales para reclamar la devolución de los fondos entregados, así como una compensación por daños y perjuicios derivados de la frustración del proyecto.
