La Fiscalía Penal de Montevideo de Estupefacientes de 1º Turno obtuvo este lunes 1º de junio una sentencia de 9 años y 6 meses de penitenciaría para uno de los autores intelectuales y coordinadores logísticos del atentado contra la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, considerado uno de los ataques más graves registrados contra una autoridad judicial en la historia reciente de Uruguay.
La condena fue alcanzada mediante un proceso abreviado y representa un avance significativo en una investigación que desde hace meses viene desarrollando la Fiscalía de Estupefacientes de 1º Turno, encabezada por la fiscal Angelita Romano, junto con unidades de Inteligencia Policial.
De acuerdo con la información oficial, el condenado desempeñó un papel central en la planificación del atentado. Entre sus responsabilidades figuraron la selección de las personas que participarían en la ejecución del ataque, la coordinación de los movimientos previos y la provisión de vehículos utilizados para los traslados durante la noche de los hechos.
Además de la pena de prisión, la Justicia dispuso el decomiso de dos vehículos, entre ellos un automóvil BMW perteneciente al condenado, así como dinero en efectivo, sustancias estupefacientes y dos armas de fuego. Una de esas armas fue identificada como la utilizada durante el atentado.
Un ataque que conmocionó al país
El atentado ocurrió durante la madrugada del 28 de septiembre de 2025 en el domicilio de Ferrero, quien en ese momento ejercía como fiscal de Corte subrogante.
Según la reconstrucción realizada por los investigadores, los atacantes lograron sortear las medidas de seguridad instaladas en la vivienda mediante el uso de un tablón de madera que les permitió acceder a los techos de la propiedad y evadir los controles de la Guardia Republicana asignada a la custodia del lugar.
Una vez en posición, efectuaron varios disparos de arma de fuego contra la vivienda y detonaron una granada en el patio del inmueble.
La explosión provocó importantes daños materiales, incluyendo la rotura de numerosos vidrios y otros elementos de la propiedad. Tras consumar el ataque, los responsables huyeron del lugar y posteriormente incendiaron la camioneta utilizada para la operación, en un intento de eliminar evidencias. La Dra Ferrero y un familiar resultaron ilesos.
El episodio generó una fuerte conmoción política e institucional debido a que fue interpretado como una amenaza directa contra integrantes del sistema de justicia uruguayo.
Desde los primeros días de la investigación, una de las principales hipótesis manejadas por la Fiscalía vinculó el atentado con organizaciones dedicadas al narcotráfico internacional. Los investigadores consideran que el ataque habría sido una represalia por la incautación de aproximadamente dos toneladas de cocaína realizada en Punta Espinillo en agosto de 2024, una de las operaciones antidrogas más relevantes de los últimos años en Uruguay.
En ese contexto, la investigación terminó apuntando hacia el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, actualmente preso en Estados Unidos. Según la línea investigativa desarrollada por la Fiscalía, Marset habría sido quien ordenó la ejecución del atentado desde el exterior, utilizando una estructura criminal con capacidad operativa dentro del país. Si bien el narcotraficante no ha sido juzgado por este caso, las actuaciones judiciales y policiales lo señalan como el presunto instigador del ataque.
Condenas y estructura criminal
La causa ya ha derivado en nueve condenas y procesamientos que permitieron reconstruir buena parte de la estructura utilizada para ejecutar el atentado. Entre las sentencias más relevantes figura la otro individuo, identificado como uno de los autores materiales del ataque.
Esta persona fue condenada a 9 años y 6 meses de prisión luego de que diversas pericias científicas y elementos probatorios permitieran determinar que fue quien accedió a la azotea de la vivienda, efectuó los disparos y activó la granada.
La Justicia lo encontró responsable de delitos de asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y porte ilegal de armas.
También fue condenado un colaborador logístico que recibió una pena de tres años de prisión por participar en la destrucción de la camioneta utilizada para la fuga. La investigación permitió establecer que el atentado no fue un acto improvisado, sino el resultado de una planificación previa que incluyó tareas de vigilancia y seguimiento.
Las pericias realizadas por los investigadores concluyeron que Ferrero fue objeto de observación y monitoreo desde al menos el 11 de septiembre de 2025, más de dos semanas antes del ataque.
Y todavía descalifican a Ferrero. Hay narcos en todos los partidos políticos y se la quieren sacar de encima porque les incomoda