Poder Judicial y acuerdos parlamentarios

Asamblea General designará a Álvaro Franca en la Suprema Corte

El Frente Amplio y los partidos de la oposición destrabaron la negociación para ocupar la vacante en el máximo órgano de la Justicia uruguaya.

Para la diputada, el centro de gravedad del debate quedó capturado por un “enredo político”.

Las principales bancadas con representación parlamentaria alcanzaron un consenso político definitivo para la designación del magistrado Álvaro Franca como nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). El acuerdo interpartidario fue confirmado de manera oficial por el legislador oficialista Eduardo Brenta, quien detalló que la resolución se adoptó luego de un proceso de intercambio técnico en el cual el Frente Amplio optó por el perfil de Franca dentro de una terna propuesta por el Partido Nacional y el Partido Colorado, completada por los jueces María del Carmen Díaz y Sergio Torres.

La postulación del magistrado será elevada formalmente a consideración de la Asamblea General el próximo viernes. Para consolidar el nombramiento constitucional, la iniciativa requiere del respaldo obligatorio de una mayoría especial de dos tercios de los componentes del cuerpo legislativo, cifra que se encuentra garantizada tras el entendimiento político alcanzado entre la coalición de izquierda y los principales sectores de la oposición tradicional. Las autoridades parlamentarias expresaron su satisfacción por el desenlace de las tratativas, resaltando el valor institucional de haber articulado un nombramiento de tal magnitud en un contexto político general caracterizado por la escasez de consensos bipartidarios.

El consenso alcanzado, sin embargo, expuso fisuras en la interna de los bloques parlamentarios de la oposición. El diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, manifestó de forma pública su disconformidad al señalar que su sector político fue marginado de las mesas de negociación directa y que resultó notificado del pacto definitivo mediante una comunicación telefónica posterior. De todas formas, el arribo a esta solución permite restablecer la integración plena del máximo órgano jurisdiccional del país.

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