El proceso de adquisición de las Patrullas Oceánicas (OPV) para la Armada Nacional se sigue analizando en el Parlamento por la Comisión encargada de investigar la compra de los buques al astillero Cardama. En la última sesión compareció el Dr. José Miguel Delpiazzo, director del estudio jurídico que asesoró de forma externa al Ministerio de Defensa en el control del contrato.
Al término de la reunión, el diputado del Frente Amplio Joaquín Garlo afirmó que el contrato firmado con la empresa «nunca debió haber entrado en vigencia». Según el legislador, el motivo radica en las condiciones de las garantías financieras, las cuales constituían un requisito para dar validez jurídica al acuerdo y para activar el primer pago estatal por un valor de 8 millones de euros.
De acuerdo con la información aportada en la comisión, Cardama debía presentar una garantía conforme a las exigencias del pliego. El proceso incluyó el otorgamiento de sucesivas prórrogas, durante las cuales la firma presentó cinco propuestas distintas. Las primeras cuatro opciones fueron rechazadas por las dependencias estatales correspondientes.
En agosto de 2024, tras cumplirse más de seis meses desde el vencimiento de los plazos iniciales, el estudio Delpiazzo elaboró un informe a solicitud del Ministerio de Defensa. En ese documento se recomendaba dejar sin efecto el contrato ante el incumplimiento de las obligaciones estipuladas.
El informe técnico no fue enviado a la empresa Cardama. En el mes de septiembre, se otorgó una nueva prórroga de 72 horas, instancia en la que se ingresó la propuesta de la firma Eurocommerce. Esta última garantía fue la que se aceptó y la que posteriormente se comprobó que era falsa. Garlo señaló que la concesión de estos nuevos plazos estuvo vinculada a los intentos de la empresa por habilitar el cobro de los primeros 8 millones de euros.
Otro de los puntos detallados por el diputado Garlo refiere a la gestión de los archivos dentro del Ministerio de Defensa. Según sus declaraciones, al asumir las actuales autoridades de la cartera, no se encontró registro documental ni constancia de las actuaciones del proceso de constitución de garantías dentro del expediente formal.
La reconstrucción de las comunicaciones, los rechazos de las propuestas iniciales y el ingreso de la garantía de Eurocommerce se realizó a partir de las copias de los correos electrónicos y documentos que el estudio Delpiazzo conservaba en sus archivos y que entregó al actual ministerio para su remisión a la sede parlamentaria.
Ante la falta de documentación de la administración anterior, la comisión investigadora solicitó al Ministerio de Defensa el envío de las copias de los correos electrónicos emitidos desde las casillas del director general de secretaría y del director de recursos financieros entre el 1 de enero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. La medida busca comprobar el tenor de los intercambios entre el ministerio, el estudio asesor y los representantes del astillero en el país para evaluar si corresponde ampliar la denuncia en el ámbito judicial.
La investigación parlamentaria y la denuncia penal promovida por el Poder Ejecutivo en la Fiscalía procuran determinar si existió una intención de engañar al Estado en la presentación del documento falso o si se trató de una desprolijidad administrativa.
Respecto a la posibilidad de que Uruguay enfrente una demanda en el exterior por parte de Cardama, Garlo informó que el estudio Delpiazzo ratificó ante los legisladores que la jurisdicción competente para resolver diferencias jurídicas sobre el contrato corresponde exclusivamente a los juzgados de Uruguay.
El texto contractual limitaba el arbitraje internacional únicamente a discrepancias técnicas vinculadas a la construcción de las embarcaciones. Por este motivo, el legislador concluyó que las acciones de arbitraje anunciadas por el astillero carecen de validez formal, dado que las controversias sobre la vigencia del contrato deben dilucidarse en el ámbito judicial uruguayo.
Llamen a Cardama a declarar y se verá cuantas cosas interesantes tiene para contarnos y dejará en claro lo que muchos pensamos y callamos.
Es obvio que nunca se debió firmar, era a todas luces una estafa al estado uruguayo y el que tiene que dar explicaciones es el sinvergüenza ex ministro Javier García y su laderos tanto civiles como militares
* NO firmar
Es algo inapelable. Que los rosados defienda un negocio atroz para el estado sólo se explica porque pierden coimas de las que ya estarían gastando a cuenta. Un estudiante de Derecho de Preparatorios puede refutar sus argumetnos sin molestarse mucho. Están defendiendo lo indefendible.
Las patrulleras se van a construir, pero por una empresa coreana relacionada con Hyundai, esto está arreglado desde antes de asumir Orsi.