La puerta de la Colonia Berro se abre sobre una realidad compleja, muchas veces desconocida para la sociedad. Detrás de los muros y los controles de seguridad funcionan centros donde adolescentes cumplen medidas socioeducativas por delitos que van desde hurtos hasta homicidios, mientras equipos técnicos, educadores y autoridades intentan construir caminos de reinserción en medio de historias marcadas por la pobreza, el consumo problemático de drogas y la violencia. Durante una recorrida realizada por Diario La R, autoridades y funcionarios del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) explicaron cómo funciona actualmente el sistema, cuáles son los desafíos cotidianos y qué cambios se han producido en los últimos años.
La visita incluyó el Centro Rincón, de características abiertas, y el Centro Sarandí, considerado el de mayor seguridad dentro de la colonia, dos de los cinco centros que actualmente funcionan en la Colonia Berro.
La importancia del vínculo
Uno de los conceptos que se repitió durante toda la jornada fue el valor del vínculo entre los jóvenes y los equipos que trabajan con ellos.
Beatriz Servando, directora del centro, explicó que buena parte de las decisiones sobre licencias, salidas transitorias o cambios de régimen no dependen únicamente de aspectos formales, sino del conocimiento profundo que los equipos tienen de cada adolescente. Las licencias, por ejemplo, no se conceden automáticamente. Cada caso es evaluado por una junta de tratamiento integrada por psicólogos, educadores, procuradores, dirección y otros profesionales que trabajan cotidianamente con el joven. “Se habla caso a caso, con nombre y apellido”, explicó Servando.
Las resoluciones son colectivas y cada integrante debe fundamentar su posición. El objetivo es reducir la arbitrariedad y construir decisiones basadas en el conocimiento acumulado sobre cada adolescente. Oscar Álvarez, director de la División Privación de Libertad de INISA, sostuvo que este modelo de trabajo permitió profesionalizar los procesos y mejorar los resultados. “Cuando hay cuatro o cinco personas discutiendo el destino de un joven es mucho menos arbitrario que cuando una sola persona decide”, señaló.
Una realidad social estremecedora
Más allá de los delitos cometidos, las autoridades coinciden en que la mayoría de los adolescentes que llegan al sistema provienen de contextos extremadamente vulnerables. En el Centro Rincón hay actualmente 18 jóvenes. Según Servando, apenas uno de ellos vive con ambos padres. El resto proviene de hogares monoparentales, familias atravesadas por el consumo de drogas, padres privados de libertad o situaciones de abandono.
“La pobreza es el factor número uno”, afirmó. Las historias relatadas por los equipos muestran escenarios de enorme fragilidad. Madres encarceladas, padres presos, hermanos mayores obligados a asumir responsabilidades para las que no están preparados y niños que crecen prácticamente sin referentes adultos. En algunos casos, incluso, los funcionarios han debido intervenir para alertar a juzgados de familia sobre situaciones de desprotección detectadas en los hogares. La directora relató el caso de un joven cuyos padres están presos y cuyos hermanos menores permanecían prácticamente sin supervisión adulta.
“Ahí es cuando uno se pregunta dónde está el sistema de protección”, comentó.
Cuando salir puede ser más difícil que quedarse
Uno de los aspectos más impactantes de la recorrida fue escuchar que algunos adolescentes rechazan beneficios que les permitirían recuperar la libertad antes de tiempo. Álvarez explicó que existen casos en los que los jóvenes prefieren permanecer dentro del sistema antes que regresar a contextos familiares extremadamente complejos.
“Acá estoy bien”, llegan a decir algunos. La frase, según los funcionarios, refleja una realidad dolorosa: dentro de los centros tienen alimentación asegurada, acceso a educación, atención médica, actividades deportivas y una rutina estable. Afuera, muchas veces, los espera la misma precariedad que los empujó hacia el delito.
“No es que no quieran la libertad; muchas veces no pueden sostenerla”, reflexionó Álvarez. La situación genera frustración entre quienes trabajan diariamente con ellos. “La libertad es lo más importante que puede tener una persona y, sin embargo, algunos sienten que afuera están peor que acá”, agregó.
Educación, deporte y trabajo
La estrategia central de INISA se apoya en tres pilares: educación, deporte y empleo.
Todos los jóvenes participan de actividades educativas. En algunos casos completan educación primaria, otros cursan secundaria y algunos incluso avanzan hacia estudios terciarios. Actualmente existen jóvenes que cursan sexto de liceo y otros que proyectan continuar estudios superiores una vez recuperada la libertad.
El deporte ocupa también un lugar destacado. El rugby, inspirado en experiencias como el Proyecto Espartanos de Argentina, ha ganado espacio en los últimos años. Paralelamente, se creó una selección de fútbol de INISA que compite en la Liga Universitaria.
Las autoridades destacan que estas actividades permiten establecer objetivos, generar disciplina y fortalecer valores vinculados al trabajo en equipo.
“Hay que ocuparlos”, resumió Servando. Las autoridades de INISA atribuyen la fuerte reducción de las fugas a la creación de juntas de traslado y tratamiento que analizan cada caso de forma colectiva. Según explicó Oscar Álvarez, la correcta asignación de los jóvenes a los distintos centros, el fortalecimiento de los vínculos con funcionarios y familias, y el seguimiento permanente de situaciones personales permitieron anticipar riesgos y construir mayores compromisos con el cumplimiento de las medidas socioeducativas.
El desafío del empleo
Quizás el cambio más significativo que destacan las autoridades sea el crecimiento de los convenios con empresas y organizaciones privadas.
Según explicaron, la inserción laboral aparece como uno de los factores más importantes para reducir la reincidencia. “Un joven que sale sin trabajo termina teniendo muchas más posibilidades de volver a lo mismo”, señaló Álvarez. Actualmente existen acuerdos con diversas organizaciones y empresas que brindan capacitación y oportunidades laborales para adolescentes que egresan del sistema. Los funcionarios reconocen que durante años fueron escépticos respecto a la posibilidad de que jóvenes vinculados al narcotráfico optaran por empleos formales con ingresos muy inferiores a los que obtenían en actividades ilegales. Sin embargo, aseguran que están observando cambios. “Muchos prefieren tener un trabajo y una vida tranquila antes que vivir permanentemente entre balazos y amenazas”, explicó Nelson Pardiñas.
El avance del narcotráfico
Uno de los fenómenos que más preocupa a las autoridades es el crecimiento del narcotráfico y su influencia sobre los adolescentes. Álvarez aseguró que el cambio comenzó a hacerse evidente a partir de la segunda mitad de la década pasada. Recordó que cuando ingresó al sistema, en 2004, los narcotraficantes eran mal vistos dentro de los propios códigos delictivos.
“Hoy es exactamente al revés”, afirmó. Actualmente buena parte de los conflictos dentro de los centros están vinculados a enfrentamientos entre bandas que operan en distintos barrios de Montevideo y el área metropolitana. Las noticias que llegan desde afuera tienen impacto inmediato en la convivencia interna. Un homicidio, un ataque a una vivienda o una disputa territorial pueden alterar completamente el equilibrio construido dentro de los centros. “Un llamado telefónico puede cambiar el día entero”, explicó Pardiñas.
El Centro Sarandí: máxima seguridad
La recorrida culminó en el Centro Sarandí, el establecimiento de máxima seguridad de la Colonia Berro. Su director, Sergio Colombo, explicó que actualmente aloja a 28 jóvenes, la mayoría condenados por homicidio u otros delitos de extrema gravedad.
A diferencia de los centros abiertos, aquí las medidas de seguridad son mucho más estrictas. Los adolescentes permanecen en celdas individuales o compartidas por pocos internos y los movimientos se realizan bajo estrictos protocolos para evitar cruces entre integrantes de bandas rivales. Las actividades educativas, recreativas y deportivas continúan desarrollándose, aunque requieren una logística mucho más compleja. “Muchas veces para mover a un solo joven se necesita un operativo importante”, explicó Colombo.
Celulares, armas caseras y bandas
Uno de los principales problemas sigue siendo el ingreso de teléfonos celulares. Las autoridades reconocen que se trata de un fenómeno recurrente. Las requisas periódicas permiten detectar dispositivos ocultos, aunque admiten que resulta imposible eliminar completamente el problema.
“Lo prohibido es justamente lo que quieren tener”, resumió uno de los responsables del centro. Los celulares permiten mantener contacto con el exterior, coordinar intentos de fuga y acceder a información vinculada a conflictos entre bandas. Durante la recorrida, los funcionarios mostraron armas caseras confeccionadas con fragmentos de metal extraídos de estructuras internas, piezas de ventiladores o incluso partes de camas. El ingenio empleado para fabricar estos elementos sorprendió a los visitantes. Las autoridades estiman que actualmente operan al menos seis grupos o bandas con influencia directa sobre los adolescentes alojados en los centros.
Una tarea que excede al INISA
Pese a los avances observados en materia educativa, deportiva y laboral, los funcionarios coinciden en que la reinserción no puede recaer únicamente sobre el sistema de privación de libertad. Servando fue particularmente enfática al señalar que otros organismos del Estado deberían involucrarse más activamente en la etapa posterior al egreso.
La vivienda aparece como uno de los grandes déficits. Muchos jóvenes recuperan la libertad sin contar con un lugar adecuado para vivir o deben regresar a entornos donde persisten los mismos factores de riesgo que contribuyeron a su ingreso al sistema. “Falta esa pata”, sostuvo. La directora considera que las oportunidades de empleo y formación deben complementarse con soluciones habitacionales y acompañamiento social sostenido.
Una batalla silenciosa
La recorrida dejó una imagen distante de muchos prejuicios instalados sobre los centros de privación de libertad para adolescentes.
Detrás de los muros conviven historias de violencia y delito, pero también esfuerzos cotidianos por reconstruir trayectorias marcadas por la exclusión. Los propios funcionarios reconocen que no todos los casos terminan con éxito y que existen situaciones donde el contexto social parece más fuerte que cualquier intervención institucional. Sin embargo, también afirman que cada joven que logra estudiar, conseguir trabajo o alejarse de la violencia representa una victoria.
“Se está ganando una batalla”, resumió Pardiñas. Una batalla silenciosa, compleja y muchas veces invisible, que se libra todos los días entre los muros de la Colonia Berro y que continúa mucho después de que los adolescentes recuperan la libertad.
“El MIDES tendría que estar acá trabajando”
Uno de los planteos más reiterados durante la recorrida por la Colonia Berro fue que la rehabilitación de los adolescentes privados de libertad no puede recaer únicamente en el INISA. La directora Beatriz Servando sostuvo que organismos como el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y otras dependencias estatales deberían involucrarse activamente en el proceso de egreso y reinserción.
“El MIDES tendría que estar acá trabajando”, afirmó. Según explicó, muchos jóvenes regresan a contextos de extrema vulnerabilidad, sin vivienda adecuada, empleo ni redes de apoyo. Servando señaló que, en varias oportunidades, intentó gestionar soluciones habitacionales para familias de adolescentes, pero las respuestas fueron insuficientes. “Falta esa pata. La salida, el trabajo y el seguimiento posterior son fundamentales”, sostuvo.
