En política exterior existen causas que deberían estar por encima de las disputas partidarias. La defensa de la democracia, los derechos humanos y la solidaridad con los pueblos que sufren crisis institucionales no pueden convertirse en herramientas de marketing político ni en escenarios para lavar imágenes construidas durante décadas.
Sin embargo, una parte de la derecha uruguaya vuelve a transitar ese camino. Aprovecha un hecho internacional para presentarse ante la opinión pública extranjera como la principal defensora de los valores democráticos. Para quienes observan desde fuera, esa narrativa puede resultar convincente. Pero para la inmensa mayoría de los uruguayos la memoria política pesa, y los discursos no alcanzan para borrar los antecedentes.
Uruguay conoce su historia. Sabe quiénes acompañaron, justificaron o guardaron silencio frente a la ruptura institucional que desembocó en la dictadura. También sabe que, durante años, existieron sectores que minimizaron las violaciones a los derechos humanos, defendieron la impunidad o relativizaron las responsabilidades políticas de aquel período.
La democracia no se acredita con declaraciones coyunturales ni con conferencias de prensa. Se demuestra con una trayectoria coherente, con la defensa permanente de las instituciones y con un compromiso inequívoco con las libertades públicas, independientemente de quién gobierne o de la conveniencia política del momento.
Cuando una crisis internacional es utilizada para construir un relato interno o para mejorar el posicionamiento de determinados dirigentes, el riesgo es convertir una causa legítima en un instrumento de propaganda. La solidaridad pierde autenticidad cuando se subordina al cálculo electoral o a la necesidad de reposicionar una identidad política.
Esto no significa que una fuerza política deba cargar eternamente con las responsabilidades de su pasado. Todas tienen derecho a evolucionar y revisar su historia. Pero esa revisión exige autocrítica, reconocimiento de errores y una conducta consistente. Sin esos elementos, cualquier intento de presentarse como referente moral de la democracia corre el riesgo de ser percibido como un ejercicio de oportunismo.
Los uruguayos han demostrado, una y otra vez, que valoran la memoria democrática. No olvidan los costos que tuvo recuperar las instituciones ni el precio que pagaron miles de ciudadanos por defender la libertad. Por eso, cuando escuchan discursos grandilocuentes sobre democracia provenientes de sectores cuya relación con ese pasado continúa siendo motivo de controversia, es natural que surjan preguntas y desconfianzas.
La defensa de la democracia debe ser una convicción, no una estrategia de comunicación. Debe expresarse con la misma firmeza frente a cualquier atropello, sin importar la bandera política de quien lo cometa y sin utilizar el sufrimiento de otros pueblos como plataforma para construir prestigio político.
La credibilidad democrática no se obtiene mediante campañas de imagen. Se construye con memoria, coherencia y compromiso.
