A poco más de ocho meses de la promulgación de la ley de eutanasia y tras la aprobación de su reglamentación y protocolo de actuación, el senador del Frente Amplio Daniel Borbonet realizó una evaluación positiva de la implementación de la denominada ley de muerte digna en Uruguay, defendiendo el carácter «garantista» de la norma y rechazando las interpretaciones que presentan la iniciativa como una obligación para pacientes o equipos médicos.
En entrevista con Diario La R, Borbonet, quien además de ser doctor, es catedrático del Departamento de Neonatología de la Facultad de Medicina de la Udelar, recordó que la ley fue promulgada el 24 de octubre de 2025 y que el Poder Ejecutivo completó el proceso reglamentario el pasado 15 de abril, acompañado por un protocolo específico de actuación aprobado por el Ministerio de Salud Pública el 21 de abril de este año.
Para el legislador, la aprobación de la norma representó la culminación de un proceso de discusión social, política, médica y jurídica que se extendió durante casi una década y que permitió a Uruguay convertirse en el primer país de América en aprobar y reglamentar una ley de eutanasia mediante un proceso legislativo integral.
Borbonet recordó que el debate sobre la eutanasia comenzó a instalarse en Uruguay hace más de siete años, impulsado inicialmente por familiares y pacientes afectados por enfermedades irreversibles y degenerativas. «Fueron los propios pacientes quienes colocaron este tema en la agenda pública», sostuvo el senador, al señalar que la discusión trascendió rápidamente los ámbitos médicos para incorporar perspectivas filosóficas, jurídicas, religiosas y políticas. El legislador destacó que la discusión parlamentaria no estuvo condicionada exclusivamente por alineamientos partidarios, sino que atravesó transversalmente a todas las fuerzas políticas.
«Fue un tema que transversalizó los partidos políticos y que permitió un debate profundo y respetuoso», afirmó. La experiencia internacional desempeñó además un papel relevante durante la elaboración del proyecto. Borbonet recordó que Uruguay analizó especialmente las legislaciones de Bélgica y Países Bajos, pioneros en la materia desde 2002, así como las experiencias posteriores de Luxemburgo, España, Portugal y Canadá. «Cada país encontró respuestas diferentes según su historia y su realidad social», explicó.
Una ley con límites definidos
Borbonet enfatizó que la legislación uruguaya optó deliberadamente por un alcance restringido, circunscribiendo el derecho a la eutanasia a personas mayores de edad, plenamente aptas desde el punto de vista psíquico y afectadas por enfermedades crónicas, irreversibles e incurables que generen un sufrimiento considerado insoportable. En ese sentido, recordó que el Parlamento decidió no incluir situaciones contempladas en otras legislaciones, como la aplicación a menores de edad o a personas con determinadas discapacidades asociadas a otras patologías. «Uruguay legisló sobre aquello respecto de lo cual existía un amplio consenso social», explicó.
El senador destacó además que el diagnóstico de irreversibilidad y sufrimiento no constituye una decisión inmediata ni sencilla. «Muchas veces transcurren años de consultas, ateneos, juntas médicas y evaluaciones especializadas antes de concluir que una patología es irreversible y no tiene posibilidades terapéuticas», señaló.
Uno de los aspectos más debatidos durante el tratamiento parlamentario fue la relación entre los cuidados paliativos y la eutanasia.
Borbonet sostuvo que ambas herramientas no son excluyentes y rechazó la idea de que la aprobación de la eutanasia implique un debilitamiento de las políticas paliativas. «Estamos totalmente de acuerdo con los cuidados paliativos y entendemos que deben ofrecerse a todos los pacientes que los requieran», afirmó. Sin embargo, recordó que la experiencia internacional demuestra que incluso en sistemas sanitarios con décadas de desarrollo en cuidados paliativos existe un porcentaje de pacientes que, pese a recibir ese tipo de asistencia, optan igualmente por solicitar la eutanasia. «En algunos países cerca del 80% de quienes llegan a la eutanasia pasaron previamente por cuidados paliativos», explicó.
La diferencia con la voluntad anticipada
Durante la entrevista, Borbonet también subrayó la importancia de distinguir la eutanasia de la denominada voluntad anticipada o limitación del esfuerzo terapéutico, una figura que ya existe en Uruguay desde hace más de una década. El legislador recordó que la ley de voluntad anticipada permite a cualquier persona mayor de edad, mediante escritura pública, dejar constancia previa de su decisión de no someterse a determinados procedimientos médicos invasivos ante una eventual enfermedad grave e irreversible. «Lo que hace la eutanasia es otra cosa: reconoce el derecho de quien está sufriendo una enfermedad irreversible a decidir cómo desea culminar su vida», explicó.
Borbonet definió la normativa uruguaya como una ley «profundamente garantista», diseñada para asegurar que la voluntad expresada por el paciente sea libre, informada y persistente. El procedimiento comienza con la solicitud personal y escrita del paciente ante un médico tratante, quien debe verificar la existencia de la patología, ofrecer alternativas terapéuticas y cuidados paliativos, y confirmar la capacidad psíquica y la voluntad inequívoca del solicitante. Posteriormente interviene un segundo profesional, designado por la dirección técnica de la institución asistencial, que debe ser un médico internista o un especialista en la patología específica que presenta el paciente.
Si ambos profesionales coinciden, el procedimiento continúa. En caso de discrepancias, se convoca una junta médica integrada por un psiquiatra, un especialista en la enfermedad correspondiente y un profesional experto en cuidados paliativos. «La junta médica tiene un plazo de cinco días para pronunciarse y resolver si corresponde ratificar o no la solicitud», explicó el senador.
Una de las particularidades del sistema uruguayo es que el paciente conserva el derecho a determinar el lugar y el momento en que desea concretar el procedimiento. La eutanasia puede realizarse tanto en un centro asistencial como en el domicilio particular, siempre que el equipo médico considere que existen las condiciones adecuadas para garantizar la seguridad y el cumplimiento del protocolo. «Hay personas que prefieren estar acompañadas por sus familiares en determinados lugares o en fechas específicas, y la reglamentación respeta esa autonomía», sostuvo Borbonet. El protocolo aprobado por el Ministerio de Salud Pública establece además con precisión las etapas farmacológicas del procedimiento, incluyendo analgesia, sedación y bloqueo neuromuscular.
Otro de los aspectos centrales de la ley es el reconocimiento expreso del derecho a la objeción de conciencia para los profesionales de la salud y, en determinados casos, para las propias instituciones asistenciales. Borbonet sostuvo que el reconocimiento de ese derecho constituye una garantía esencial para preservar la libertad de conciencia de médicos y prestadores de salud. «Esta ley no obliga a nadie», enfatizó.
El legislador explicó que los profesionales pueden abstenerse de participar en procedimientos de eutanasia por razones filosóficas, religiosas o personales, mientras que determinadas instituciones pueden optar por no realizar estos procedimientos dentro de sus instalaciones. No obstante, aclaró que esas instituciones mantienen la obligación de garantizar que el paciente pueda acceder al procedimiento mediante la derivación a otros equipos o centros asistenciales.
Registro y control
Respecto a la aplicación práctica de la ley, Borbonet indicó que aún no existen estadísticas públicas consolidadas, aunque recordó que toda práctica de eutanasia debe ser comunicada obligatoriamente al Ministerio de Salud Pública. Asimismo, explicó que el certificado de defunción debe consignar tanto la enfermedad de base que originó el procedimiento como la eutanasia como causa final de muerte, lo que permitirá construir estadísticas oficiales precisas sobre la aplicación de la norma. Para Borbonet, la principal diferencia entre quienes apoyaron y quienes rechazaron la ley radica en la concepción de la autonomía individual.
«Nosotros entendimos que aquí no había un delito que despenalizar, sino un derecho que reconocer», afirmó. El senador sostuvo que la aprobación parlamentaria, que superó el 70% de apoyo en ambas cámaras, reflejó un cambio profundo en la sociedad uruguaya respecto al derecho a decidir sobre el propio final de la vida. «Antes existía el derecho a decir ‘no quiero’. Lo que no existía era el derecho a decir ‘yo sí quiero ejercer esta opción’. Hoy ese derecho existe», concluyó.
