En Uruguay, una persona afrodescendiente tiene casi el doble de probabilidades de ser pobre que una persona blanca. Según el Instituto Nacional de Estadística, la incidencia de pobreza entre la población afro llegó al 28,7% en 2025, frente al 14,9% de la población blanca. Cabe señalar que esta es una brecha que se reproduce generación tras generación y que pone en evidencia que el origen étnico-racial sigue siendo un factor determinante en las oportunidades de vida en el país rioplatense.
Mientras la pobreza general en el país se ubica en el 16,6% de las personas, la población afrodescendiente duplica esa cifra. En los hogares encabezados por mujeres afro, la situación es aún más crítica donde la pobreza alcanza al 16% de esos hogares, frente al 9,7% de aquellos con referente varón. Y cuando se cruzan las variables de género y raza, el resultado es una concentración de vulnerabilidad que no tiene correlato en otros grupos poblacionales.
La población afrodescendiente enfrenta barreras estructurales para acceder a empleos de calidad. Según datos oficiales, el salario medio por hora de los trabajadores afro es un 29% inferior al de la población no afro. Esto no se explica por diferencias en la productividad o en el nivel educativo, sino por una segmentación del mercado de trabajo que asigna a las personas afro los empleos peor remunerados y con menor protección social. Una parte significativa de la población afro se ocupa en trabajos no calificados y está subrepresentada en cargos de poder y puestos bien remunerados.
El servicio doméstico remunerado es quizás el ejemplo más claro de esa segmentación. En Uruguay, alrededor de 110.000 a 120.000 personas trabajan en este rubro. De ellas, el 99% son mujeres. Y dentro de ese universo, las mujeres afrodescendientes están sobrerrepresentadas con el 16% de las mujeres afro ocupadas trabajan en el servicio doméstico, una proporción muy superior a la de las mujeres no afro. Este es el resultado de un entramado histórico que asignó a las mujeres negras los trabajos de cuidado y reproducción social, y que hoy se reproduce en las estadísticas.
La educación es otro sector que muestra desniveles. Las brechas se amplían en los niveles superiores donde a los 19 años, el 51% de la población no afro sigue estudiando, pero entre la población afro ese porcentaje cae al 29,2%. Esa desventaja temprana se traduce en menores ingresos a lo largo de la vida y en una mayor exposición a la pobreza. La deserción educativa está vinculada a la necesidad de trabajar para contribuir al ingreso familiar, a la falta de apoyos y a un sistema que no siempre ofrece las mismas oportunidades a quienes provienen de contextos más desfavorecidos.
El racismo estructural es un mecanismo que opera en el presente y que condiciona el acceso a la vivienda, a la salud, a la justicia y al empleo. Se manifiesta en la sobrerrepresentación de personas afro en los asentamientos irregulares, en las estadísticas de privación de libertad y en la subrepresentación en los espacios de decisión política y económica.
El crecimiento de la población que se reconoce afrodescendiente es también un cambio en la conciencia y en la disposición a reivindicar una identidad que durante mucho tiempo fue negada o invisibilizada. Pero ese reconocimiento no ha ido acompañado de una transformación equivalente en las condiciones materiales de vida. La brecha de pobreza, la brecha salarial y la brecha educativa siguen ahí, como un recordatorio de que la igualdad formal no alcanza cuando la desigualdad real persiste.
Según las autoridades el desbalance económico en las comunidades afrodescendientes no es un problema que se resuelva con discursos. Sino que es una deuda que se paga con políticas sostenidas, con inversión en educación y empleo, y con el reconocimiento de que la diversidad no es un obstáculo para el desarrollo, sino un activo que el país aún no ha sabido aprovechar.
