En Uruguay cada vez resulta más evidente una tendencia preocupante: la permanente reformulación de programas, la modificación constante de prioridades y la sustitución de estrategias de gestión según los ciclos políticos.
El fenómeno no es nuevo, pero se ha vuelto cada vez más visible en áreas particularmente sensibles como las políticas sociales. El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), creado para coordinar las respuestas del Estado frente a las situaciones de vulnerabilidad, se ha convertido en un ejemplo de cómo los cambios sucesivos de enfoque pueden terminar afectando la efectividad de las propias políticas que buscan proteger a los sectores más frágiles de la sociedad.
Cada nueva administración llega con el legítimo derecho de imprimir su visión y sus prioridades. Lo problemático ocurre cuando esa voluntad de cambio se transforma en una lógica de refundación permanente. La consecuencia inmediata es la pérdida de eficiencia. Los recursos públicos se destinan a rediseñar estructuras, redefinir procedimientos y reconstruir capacidades institucionales que ya existían. Pero el daño más profundo no es presupuestal. Es político e institucional.
Cuando las reglas cambian constantemente, los ciudadanos comienzan a percibir que el Estado carece de una estrategia consistente. Los beneficiarios de programas sociales dejan de saber qué políticas continuarán vigentes. Las organizaciones sociales encuentran dificultades para coordinar acciones a largo plazo. Los gobiernos departamentales enfrentan incertidumbre sobre los instrumentos disponibles para atender problemáticas locales.
La gobernanza moderna requiere estabilidad.Uruguay ha construido históricamente una reputación internacional basada en la solidez de sus instituciones. Sin embargo, esa fortaleza no es un patrimonio garantizado. La confianza pública es un activo que se construye lentamente y puede deteriorarse con rapidez cuando los ciudadanos perciben improvisación, falta de rumbo o incapacidad para sostener compromisos de largo plazo.
La creciente desafección política que muestran diversos estudios de opinión no puede analizarse únicamente desde la coyuntura económica o electoral. También responde a una percepción cada vez más extendida de que muchas políticas públicas parecen estar sujetas a revisiones permanentes, sin evaluaciones claras y sin objetivos compartidos que trasciendan los períodos de gobierno.
La discusión, por tanto, no debería centrarse en si un programa pertenece a una administración o a otra. La verdadera pregunta es si Uruguay está dispuesto a construir políticas de Estado capaces de sobrevivir a los cambios de gobierno. Porque cuando cada gestión intenta diferenciarse desmontando lo anterior, el resultado no es innovación. Es incertidumbre.
Y cuando la incertidumbre se instala en el corazón de la acción pública, la gobernanza se debilita, la credibilidad política se erosiona y la confianza ciudadana comienza a desaparecer. Recuperarla después suele ser mucho más difícil que cualquier reforma administrativa.
Anda a decirle a la derecha…….