Documentos internos revelan la negociación reservada del CASMU para cerrar un juicio laboral por $11,5 millones de pesos.
Correos electrónicos, informes jurídicos y el acuerdo presentado ante la Justicia muestran cómo la conducción administrativa del CASMU negoció la transacción con el médico Álvaro Niggemeyer.
La documentación revela la intervención directa de la entonces Gerenta General Dra.Raquel Pannone, de la contadora Ana María Porcelli y del Estudio Pérez del Castillo, que consideró «razonable» el monto acordado para evitar la continuidad del litigio.
Mientras el CASMU enfrentaba una de las etapas más delicadas de su historia institucional y financiera, puertas adentro también se desarrollaban negociaciones para resolver litigios laborales de elevado impacto económico a un integrante de la agrupación.
Una serie de documentos a los que accedió Diario La R permite reconstruir uno de esos expedientes: la negociación que culminó con un acuerdo transaccional por $11.500.000 con el médico Álvaro Niggemeyer, cifra que posteriormente fue presentada para su homologación ante la Justicia Laboral.
La documentación incluye intercambios de correos electrónicos internos, consultas jurídicas, respuestas de los asesores externos y el propio acuerdo judicial firmado por ambas partes.
Lejos de tratarse de una resolución adoptada de manera aislada, los documentos muestran un proceso de negociación que involucró a la Gerencia General del CASMU, asesores internos y abogados externos especializados en derecho laboral.
La consulta al estudio jurídico
Uno de los documentos centrales corresponde a un correo electrónico fechado el 2 de febrero de 2026, enviado por la entonces gerenta general del CASMU, Dra. Raquel Pannone, dirigido al Estudio Pérez del Castillo.
En ese mensaje, Pannone informa que la institución había logrado avanzar en una negociación con el Dr. Álvaro Niggemeyer para alcanzar una solución transaccional que pusiera fin al conflicto judicial.
La comunicación expresa textualmente que la finalidad era «alcanzar un acuerdo transaccional razonable que ponga fin a una etapa institucional dolorosa y compleja».
El correo agrega que, luego de una negociación calificada como «ardua», la pretensión económica había sido reducida hasta alcanzar la cifra definitiva de $11.500.000 líquidos por todo concepto litigado ante la Justicia laboral.
Sin embargo, antes de cerrar definitivamente el acuerdo, la Gerencia General solicita una evaluación técnica a sus asesores externos.
«Necesitamos la opinión jurídica del Estudio acerca de si ese monto creen que es un valor razonable de transacción», señala expresamente el mensaje.
Pannone también aclara que aún restaba negociar la modalidad de pago, aunque adelantaba que la cancelación sería realizada «indefectiblemente en varias cuotas».
La respuesta del Estudio Pérez del Castillo
Horas más tarde respondió la Dra. Florencia Di Segni, integrante del Estudio Pérez del Castillo.
La respuesta constituye otro de los documentos relevantes del expediente.
La profesional sostiene que el monto negociado «está en línea con los lineamientos de nuestro informe» y concluye que la transacción resulta razonable para la institución.
El estudio jurídico explica además que la cifra contemplaba diversos conceptos laborales pendientes, entre ellos salarios, indemnización por despido común y otros rubros indemnizatorios cuya contingencia había sido previamente analizada por los abogados.
La opinión técnica otorgó respaldo jurídico a la negociación que estaba llevando adelante la administración del CASMU.
El acuerdo llega a la Justicia
Posteriormente las partes comparecieron ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia del Trabajo de 17.º Turno solicitando la homologación del acuerdo extrajudicial.
El escrito establece que CASMU abonará al Dr. Álvaro Niggemeyer la suma total, final y líquida de $11.500.000, monto que comprende todos los conceptos reclamados en el proceso laboral y cualquier otro derivado de la relación de trabajo mantenida entre ambas partes.
El texto aclara expresamente que el acuerdo se celebra mediante «recíprocas concesiones» y «sin que implique reconocimiento alguno», fórmula habitual utilizada en este tipo de transacciones judiciales para evitar que el convenio sea interpretado como una admisión de responsabilidad.
Pago en 24 cuotas
Uno de los aspectos que más llama la atención del convenio es la modalidad de pago.
El acuerdo dispone que el monto no sería cancelado de una sola vez.
Por el contrario, CASMU abonaría la indemnización mediante 24 cuotas mensuales y consecutivas.
La primera cuota quedó fijada en $1.200.000.
La segunda ascendería a $840.000.
Desde la tercera hasta la vigésimo cuarta cuota, el pago mensual sería de $430.000.
Toda la operativa debía realizarse mediante depósito o transferencia bancaria a la cuenta indicada por el trabajador.
Además, el convenio incorpora una cláusula particularmente relevante desde el punto de vista jurídico.
En caso de incumplimiento de cualquiera de las cuotas pactadas, el saldo restante se volvería inmediatamente exigible, habilitando la ejecución judicial del crédito sin necesidad de nuevas intimaciones.
Los protagonistas del expediente
Los documentos permiten identificar la participación de varios actores durante el proceso de negociación.
En primer lugar aparece Raquel Pannone, en su calidad de Gerenta General del CASMU, impulsando la consulta jurídica y comunicando el estado de las negociaciones.
También figura Ana María Porcelli, incluida en el intercambio de correos electrónicos relativos al expediente.
Del lado del asesoramiento externo intervienen abogados del Estudio Pérez del Castillo, entre ellos Florencia Di Segni, quien firma la respuesta técnica sobre la conveniencia del acuerdo.
Finalmente, el escrito presentado ante la Justicia lleva la firma de la representante legal del CASMU junto al abogado patrocinante del trabajador.
Un expediente que refleja la situación institucional
El caso constituye una muestra de las contingencias laborales que la institución enfrentaba en un contexto de creciente presión financiera.
Aunque el acuerdo corresponde a un conflicto individual, la documentación revela la preocupación de la administración por evaluar cuidadosamente el impacto económico de cada litigio y buscar soluciones negociadas antes de la continuación del proceso judicial.
Los documentos también permiten apreciar la metodología utilizada por la conducción administrativa: negociación directa, consulta previa a asesores externos, validación jurídica del monto y posterior presentación ante la Justicia para obtener la homologación del convenio.
Un nuevo elemento para comprender la crisis
La documentación conocida aporta un nuevo componente para analizar la compleja realidad que atravesaba el CASMU durante ese período.
Mientras la institución enfrentaba dificultades financieras, reclamos de acreedores, negociaciones con proveedores y un creciente escrutinio público sobre su administración, también debía administrar contingencias judiciales que podían representar importantes obligaciones económicas.
El expediente Niggemeyer ilustra cómo la dirección del CASMU optó por resolver uno de esos conflictos mediante una transacción económica, procurando poner fin al litigio bajo supervisión judicial.
No obstante, estos documentos acreditan la existencia del acuerdo, sus términos y el proceso interno de consulta jurídica, pero no permiten, por sí solos, extraer conclusiones sobre eventuales responsabilidades administrativas o legales distintas de las que surgen expresamente de las actuaciones, cuestión que corresponde determinar, en su caso, a las autoridades competentes o a la Justicia.
Este diario siempre tuvo vinculaciones económicas con casmu. Realmente casmu es un dolor en los zapatos para todos los gobernantes el ladrón mafioso de raul rodriguez y la zarta de medicos que lo siguen y todo sin control del MSP el Ministerio deberia tener un plan b y c. Y cerrarle los quioscos a estos medicos empresarios que viven de la teta del estado y todos somos víctimas es un desastre, pais bananero.