La Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social elevó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para indagar las circunstancias que provocaron el fallecimiento de un peón rural durante una tormenta eléctrica en el departamento de Cerro Largo. La actuación del organismo público surge tras las fiscalizaciones practicadas en el establecimiento productivo, con el objetivo de establecer si la parte empleadora incurrió en infracciones a la legislación de salud ocupacional o en conductas pasibles de responsabilidad penal.
Desde la cartera estatal se enfatizó la plena vigencia del marco normativo aplicable al sector agropecuario, puntualmente lo dictaminado en el Decreto 38/022 sobre la prevención de riesgos derivados de factores climáticos adversos. La regulación impone la obligación patronal de suspender inmediatamente las tareas operativas a la intemperie cuando se registren precipitaciones intensas, descargas eléctricas o vientos de gran magnitud que pongan en peligro la integridad física de la plantilla laboral durante la jornada de trabajo.
La intervención de la sede judicial buscará esclarecer si existió negligencia en la adopción de medidas de resguardo y en el cumplimiento de las disposiciones vigentes en los establecimientos agropecuarios. El seguimiento del caso por parte de las autoridades del trabajo reafirma la necesidad de fiscalizar estrictamente las condiciones de empleo en el medio rural, garantizando la observancia de los protocolos de seguridad industrial para prevenir accidentes fatales en las faenas del campo.
