Mario Cardama: “Se nos trató como culpables de un fraude”

El conflicto entre el Estado y el astillero español Cardama por las dos patrulleras oceánicas entró en una nueva fase esta semana. Mientras el gobierno de Yamandú Orsi mantiene una demanda civil por 32 millones de euros y una denuncia penal, el empresario Mario Cardama envió un extenso escrito de 20 páginas a la comisión investigadora del Parlamento en el que rechaza las acusaciones y asegura que nunca fue intimado a corregir las garantías.

A mediados de agosto, el gobierno presentó una demanda civil contra Cardama reclamando 32 millones de euros por daños y perjuicios. El monto incluye la recuperación de los 28,79 millones de euros ya abonados al astillero, compensaciones por la privación de uso de los buques durante más de dos años, los sobrecostes de tener que buscar nuevas embarcaciones y los gastos administrativos y legales asociados al proceso. El contrato, firmado en diciembre de 2023 durante el gobierno de Luis Lacalle Pou por unos 82 millones de euros, fue rescindido en octubre de 2025 por la administración de Orsi, que alegó irregularidades en la garantía de fiel cumplimiento emitida por Eurocommerce y demoras en la construcción. Paralelamente, Cardama inició un arbitraje internacional ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) de París. El astillero busca un resarcimiento económico y no descarta una contrademanda contra Uruguay por incumplimiento contractual.

La respuesta de Mario Cardama

En el escrito enviado a la comisión investigadora, Cardama sostiene que desde la asunción del gobierno de Orsi hasta la conferencia de prensa del 22 de octubre de 2025, en la que se anunció la rescisión, el Ministerio de Defensa “nunca” le objetó formalmente las garantías ni lo intimó a cambiarlas. Tampoco se le planteó incumplimiento alguno del contrato.

“Jamás se exhibió interés por la garantía; más bien el interés y la energía estuvieron puestos en usar el evento que se exhibía o aparecía como un fraude de la garantía de Eurocommerce —ajeno a nuestro conocimiento y por supuesto implicación alguna— para terminar con un contrato en el que no tenían interés. Ni siquiera se respetó el principio de inocencia. Directamente se nos trató como culpables de un fraude del cual no tenemos nada que ver”, afirmó el empresario.

Cardama recordó que el 10 de octubre de 2025 se reunió en Montevideo con la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y que en esa instancia no se mencionó ningún problema con la garantía ni con el contrato. Solo se habló de extender la vigencia de la carta de crédito ante el retraso en la entrega de los motores.

El propietario del astillero defendió la trayectoria de la empresa, con más de 100 años de historia y casi 40 buques de acero entregados en las últimas tres décadas. Aseguró que las OPV uruguayas “no iban a ser los buques de más porte ni los más complejos” construidos por Cardama y que el proceso estaba certificado por Lloyd’s Register. Cuestionó, además, la experiencia de los representantes de la Armada uruguaya y señaló que entre marzo y setiembre de 2025 el proyecto se ralentizó por la falta de un representante técnico designado por la Armada.

Sobre las demoras en la garantía de fiel cumplimiento, explicó que las dificultades se debieron a factores ajenos. Señaló que la guerra en Ucrania llevó a que bancos internacionales rechazaran avales para proyectos con armamento militar en países con créditos del Banco Mundial. Tras recorrer varias opciones se presentó finalmente la garantía de Eurocommerce, que fue aceptada por el Ministerio de Defensa tras meses de negociaciones. Cardama aseguró haber denunciado penalmente a Eurocommerce en España y afirmó que desde junio de 2025 el Ministerio de Defensa y la Armada dejaron de responder a sus comunicaciones.

Al cierre del escrito, el empresario expresó voluntad de encontrar una solución práctica. “Nos interesa que se busquen soluciones ejecutables que eviten la pérdida de valor. Mientras tanto, ambas partes nos gastamos una fortuna en abogados”, concluyó.