Hay algo que la política uruguaya debería empezar a escuchar con mayor atención: la gente se está cansando de que los políticos vivan en campaña permanente.
Y no se trata de una cuestión partidaria. El problema alcanza al oficialismo y a la oposición. Cuando todavía no transcurrieron 24 meses desde que Yamandú Orsi asumió la Presidencia, buena parte de la conversación política comienza a desplazarse peligrosamente hacia las elecciones de 2029. El calendario electoral parece haberse instalado nuevamente en el centro de la escena antes de que el gobierno haya recorrido siquiera la primera mitad de su mandato.
Las señales son evidentes. En los últimos días, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, fue consultado sobre una eventual candidatura presidencial para 2029 y no la descartó. También habló de un eventual regreso de Luis Lacalle Pou y sostuvo que el Frente Amplio podría derrotarlo si llega a 2029 mostrando resultados de gobierno.
El problema no es que un dirigente tenga aspiraciones. La política necesita dirigentes con vocación de poder. El problema aparece cuando la ambición electoral comienza a ocupar el espacio que debería estar reservado para gobernar.
Uruguay votó en 2024. Eligió presidente, vicepresidente, Parlamento y un rumbo político. Orsi asumió el 1.º de marzo de 2025. La próxima elección nacional será en 2029. Todavía falta una enorme cantidad de tiempo político, institucional y social para llegar a esa instancia.
Sin embargo, algunos dirigentes parecen haber decidido adelantar el reloj.
¿Y qué percibe el ciudadano común?
Percibe que mientras espera respuestas sobre seguridad, empleo, costo de vida, salud, educación, vivienda, infraestructura, salarios o crecimiento económico, la dirigencia vuelve a hablar de nombres, sectores, alianzas y posibles candidatos.
La ciudadanía no votó para que los políticos empiecen a discutir quién será presidente dentro de tres años. Votó para que gobiernen.
Ese es el punto que la clase política debería comprender.
La democracia necesita competencia electoral, pero no puede transformarse en una campaña electoral permanente. Cuando cada declaración comienza a interpretarse en función de la próxima elección, las políticas de Estado quedan subordinadas a la conveniencia partidaria y las decisiones públicas empiezan a medirse por su impacto en las encuestas antes que por su utilidad para el país.
También la oposición debería asumir su responsabilidad.
Criticar al gobierno es parte esencial de la democracia. Pero una oposición responsable no puede reducir su tarea a esperar el desgaste del oficialismo para presentar candidatos. Necesita construir alternativas, formular propuestas, discutir programas y demostrar que tiene respuestas diferentes para los problemas nacionales.
Lo mismo vale para el Frente Amplio.
