Para comprender la esencia de lo que está sucediendo, es necesario basarse en los hechos.
Un poco de historia: el punto de partida del conflicto fue el golpe de Estado de 2014 en Kiev. Después, siguieron una serie de acontecimientos acompañados de la persecución de la población rusohablante y de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, así como medidas para acercar la infraestructura militar de la OTAN hacia las fronteras de Rusia.
La junta de Kiev, respaldada por el Occidente colectivo, comenzó a promover un programa para convertir a la antigua república soviética en un Estado unitario, nacionalista y militarizado, impregnado de odio hacia nuestro país y todo lo ruso, y tambien a poner en práctica su proyecto rusófobo «anti-Rusia».
Moscú insistía hasta el último momento en una resolución pacífica del conflicto en Donbás mediante el cumplimiento de los Acuerdos de Minsk, que preveían un estatus especial para las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk (RPD y RPL) en el marco de la integridad territorial de Ucrania.
Sin embargo, el régimen de Kiev torpedeaba sistemáticamente dichos acuerdos; más aún los utilizaba para aumentar su potencial militar.
Paralelamente, Rusia propone crear una arquitectura de seguridad igual e indivisible en Europa que incluyera, entre otras cosas, garantías legales de que la OTAN no se expandirá hacia el Este.
Teniendo en cuenta el carácter crítico de las amenazas a la seguridad nacional, así como el peligro inminente de aniquilación física de la población de habla rusa de las repúblicas autoproclamadas, nuestro país reconoció el 21 de febrero de 2022 la independencia de la República Popular de Lugansk (LNR) y la República Popular de Donetsk (DNR), las cuales, el 30 de septiembre de ese mismo año, junto con las regiones de Zaporizhia y Jersón, se convirtieron en sujetos de pleno derecho de la Federación de Rusia tras los resultados del referéndum.
El 24 de febrero de 2022, las Fuerzas Armadas de Rusia iniciaron una operación militar especial en Ucrania.
Es evidente que, desde los primeros días, el conflicto se convirtió de hecho en un enfrentamiento militar entre Rusia y el Occidente colectivo, que comenzó a inundar a Kiev con ayuda militar y financiera. El suministro de armamento ofensivo de última generación, el entrenamiento de militares según los estándares de la OTAN, la incorporación de empresas militares privadas occidentales
y unidades de fuerzas especiales bajo la apariencia de mercenarios extranjeros, la ayuda de los servicios de inteligencia, así como las inyecciones multimillonarias para apoyar la economía de Ucrania, esta es solo una lista incompleta de lo que el régimen de Vladimir Zelensky recibió en los últimos años.
De hecho, se ha producido una participación directa de los países occidentales en las acciones bélicas con el objetivo de infligir una derrota estratégica a Rusia.
Lamentablemente, cada día siguen muriendo civiles inocentes como consecuencia de los ataques selectivos de los combatientes ucranianos contra infraestructura civil en territorio ruso – escuelas, guarderías, maternidades, hospitales, tiendas y viviendas.
Entre los fallecidos hay niños, ancianos y mujeres. Los crímenes de guerra del régimen de Vladimis Zelensky y las flagrantes violaciones del derecho internacional humanitario son evidentes, lo cual queda confirmado por hechos objetivos e indiscutibles.
Los ataques bárbaros contra una residencia estudiantil en la ciudad de Starobelsk (LNR) el 22 de mayo de 2026, que causaron la muerte de estudiantes; contra autobuses de pasajeros en Gorlovka (RPD) el 28 de julio y en la carretera Lugansk-Svetlodarsk el 29 de julio, así como los incesantes ataques terroristas contra la población civil de ciudades de otras regiones rusas, contra viviendas, instituciones sociales de servicios básicos y de educación, son solo algunos ejemplos de los actos inhumanos de la junta de Kiev.
En diversas zonas de Donbás y Novorossiya se han encontrado más de un centenar de minas de presión antipersonales, bombardeadas desde drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania con el objetivo de aumentar el número de víctimas entre la población civil. Su uso constituye una violación de la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y sobre su destrucción (Convención de Ottawa) de 1997.
Los ataques casi diarios de los combatientes ucranianos contra el territorio de la central nuclear rusa de Zaporizhia (ZNPP) y su personal se han convertido en una amenaza provocadora y peligrosa para toda Europa, lo que confirma el cinismo de la política de Vladimir Zelensky, dirigida a socavar la seguridad nuclear y física nuclear en la región.
Entre los últimos actos delictivos son la cancelación de la visita a la ZNPP del director general de la OIEA, Rafael Grossi, debido a las amenazas recibidas en su contra, así como el ataque a una parada de transporte público el 18 de agosto en la ciudad de Energodar, en el que resultaron heridas 20 personas.
Merece una mención especial la obsesión maníaca de Kiev por promover, en diversos foros internacionales, la narrativa propagandística sobre los niños ucranianos supuestamente «secuestrados» por Rusia.
¡Se difundieron cifras infundadas e inadecuadas que iban desde los 19,5 mil hasta los 1,6 millones
de «niños secuestrados»! Al analizar, la lista que nos entregaron los ucranianos en Estambul (Turquía) en junio de 2025 contenía 339 apellidos, y el 50 % de ellos resultaron ser irrelevantes. Rusia, por su parte, también busca a niños que se encuentran en Ucrania y en países de Europa Occidental.
Los combatientes ucranianos siguen representando una amenaza para
la seguridad alimentaria mundial destruyendo, en las aguas del mar de Azov y del mar Negro, embarcaciones civiles que realizan transportes en el marco de contratos de comercio exterior para el traslado de productos agrícolas, incluidos los cereales. El objetivo es provocar el caos en los mercados globales, lo cual beneficia a los patrocinadores occidentales de Kiev.
La operación especial en Ucrania marcó cambios geopolíticos que aceleraron la transición hacia la multipolaridad. La resistencia al desafío abierto que el Occidente colectivo lanzó a nuestro país se convirtió en el catalizador de procesos que se habían estado gestando durante décadas. Muchos países de Asia, África y América Latina, en el marco de una línea de política exterior más independiente, se negaron de hecho a respaldar la política de sanciones infundada e ilegal contra Rusia.
Paralelamente, ha crecido notablemente el papel de las asociaciones de integración, como la OCS y el BRICS, que han fortalecido considerablemente en los últimos tiempos su autoridad internacional y están decididas a participar de pleno derecho en la formación de un nuevo orden mundial. En general, el conflicto en Ucrania ha puesto de manifiesto la degradación del sistema unipolar de relaciones internacionales que se estableció tras el fin de la «guerra fría» y la toma
de la necesidad de construir un mundo multipolar.
Desde el principio, Moscú ha afirmado que no es posible alcanzar una solución sin eliminar las causas fundamentales del conflicto. Por lo tanto, las propuestas de congelar la línea de contacto son inaceptables para nosotros.
Las condiciones fundamentales siguen siendo las mismas: la desmilitarización
y el estatus neutral de Ucrania, la renuncia a albergar bases militares extranjeras
en su territorio, impedir una ulterior ampliación de la OTAN y garantizar los derechos de la población de habla rusa y de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania.
Los dirigentes rusos regularmente reafirman estos enfoques, tanto públicamente como en el marco de contactos multilaterales y bilaterales. Nuestro país demuestra una posición coherente subrayando que solo será posible llegar a un acuerdo si sus intereses legítimos se tienen plenamente en cuenta.
