El subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, se refirió ayer al artículo 140 del proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, que habilita un régimen simplificado para el registro de importadores subsiguientes.
El jerarca calificó la disposición como “clave y central” en la estrategia del gobierno para abaratar el costo de vida y se manifestó “radicalmente en contra” de eliminarla. El artículo ha generado polémica ya que habilita a que cualquier empresa pueda registrar e importar un producto que ya fue previamente evaluado y registrado ante las autoridades competentes por un primer importador.
De esta manera se está buscando que la competencia en productos de consumo masivo se incremente dentro de una misma marca. Estos productos hoy presentan importantes diferenciales de precios respecto a países vecinos. “Lo que no parece muy consistente es que nos quejemos de que Uruguay es caro y que cuando se pone arriba de la mesa una política pública que tiene un fin concreto y apunta específicamente a generar condiciones para abaratar el costo de vida, empecemos a dudar por efectos secundarios”, afirmó Vallcorba.
El subsecretario de Economía efectuó declaraciones a la prensa tras la firma del acuerdo por el nuevo Régimen de Incentivo a la Conectividad Aérea Internacional. Explicó que la disposición que impulsa el gobierno para habilitar a lo que se denomina «segundo importador» permitirá que productos como pasta de dientes, artículos de limpieza y alimentos, que hoy se importan con fuertes diferencias de precios respecto a países vecinos, enfrenten mayor competencia y no queden en manos de un único importador exclusivo.
En ese sentido, rechazó el planteo de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) de «desglosar o encajonar” el artículo 140, aunque admitió que el Ministerio está dispuesto a discutir alternativas y analizar oportunidades de mejora en el mismo.
Las declaraciones de Vallcorba se suman a las del ministro Gabriel Oddone, quien días atrás también defendió con firmeza la iniciativa. Oddone sostuvo que las actuales condiciones de registros sanitarios y fitosanitarios restringen la posibilidad de un segundo importador y generan “condiciones monopólicas”. Señaló que hay sectores y empresas que “hoy disfrutan y enfrentan una renta monopólica” y que, por lo tanto, es legítimo que busquen argumentos para sostener que la medida puede afectar su rentabilidad.
Sin embargo, el ministro cuestionó la coherencia de quienes reclaman bajar el costo de vida pero se oponen a esta herramienta. “Lo que no es consistente es decir ‘somos caros, bajame el costo de vida’. Y cuando tenés una iniciativa al respecto decís ‘está bien, perfecto, pero por acá no, empezá por allá’”.
Oddone insistió en que si Uruguay quiere “jugar en primera división” debe avanzar hacia regulaciones que favorezcan la competencia, impidan los monopolios de hecho y faciliten finanzas más abiertas.
El ministro de Economía había señalado “tenemos sectores, actividades, empresas, afectadas, porque hoy disfrutan y enfrentan una renta monopólica. Por lo tanto, es legítimo que entiendan y encuentren argumentos para sostener que esto es una idea que puede generar afectación en su rentabilidad”.
En el mismo marco, Vallcorba se refirió también a los reclamos del movimiento Un Solo Uruguay ante declaraciones previas de Oddone sobre la necesidad de que el sector privado “mueva la aguja” para que el país crezca. El subsecretario defendió la necesidad de “no atarse al statu quo” y de impulsar transformaciones que generen más competencia, frente a actitudes que, a su juicio, buscan bloquear cambios en defensa de intereses corporativos legítimos.
Respecto al precio del gasoil, otro de los reclamos permanentes del sector productivo, Vallcorba pidió reconocer la contribución que el Estado está haciendo al fijar los precios de los combustibles sin seguir de forma estricta el Precio de Paridad de Importación. Según dijo, si se aplicara la regla aprobada en la Ley de Urgente Consideración del gobierno anterior, el precio del gasoil debería ser casi un 30% mayor al actual. Esa política, afirmó, permite amortiguar el aumento del petróleo internacional y facilita que el sector privado invierta y asuma riesgos.
