El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, planteó la necesidad de discutir una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos, con mecanismos que garanticen la transparencia y permitan conocer el origen de los recursos utilizados en las campañas electorales.
La propuesta fue abordada este sábado durante una reunión de la Agrupación Nacional de la fuerza política, en la que también se analizó la preocupación por el avance del narcotráfico y el lavado de activos.
Pereira sostuvo que establecer controles sobre las donaciones es una herramienta para proteger a los partidos políticos frente al riesgo de que ingresen recursos provenientes de actividades ilícitas.
«Queremos transparencia. Lo mejor es que el financiamiento como mínimo tenga trazabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que sepamos quién dona», afirmó. También consideró necesario que las declaraciones sobre los aportes estén fundamentadas y acompañadas de documentación que los acredite.
El dirigente señaló que ese nivel de control constituye un requisito básico de transparencia y aclaró que su planteo no implica afirmar que los partidos uruguayos carezcan de ella.
«Si queremos trabajar para que el narcotráfico en ningún momento financie campañas o un día veamos a algún narcotraficante sentado en una banca, tenemos que tomar las medidas para que esto no suceda», expresó.
Para Pereira, el momento actual es propicio para iniciar la discusión, ya que considera inconveniente abordar cambios de este alcance durante una campaña electoral. Por ese motivo, planteó que una parte sustancial del debate podría desarrollarse en el Parlamento, con el aporte de los principales referentes políticos.
Además del financiamiento partidario, el presidente del Frente Amplio mencionó la necesidad de avanzar en acuerdos para renovar integrantes de organismos e instituciones de relevancia nacional, entre ellos la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía General de la Nación.
A su entender, los partidos deben demostrar madurez política para alcanzar consensos sobre cargos de alta responsabilidad institucional. La discusión, sostuvo, debe contribuir a fortalecer los controles democráticos y prevenir la influencia del crimen organizado en la política.
