La iniciativa prevé más de 3.000 puestos de trabajo durante la construcción y el inicio de operaciones entre 2029 y 2030. El gobierno sostiene que la empresa deberá cumplir los requisitos ambientales y regulatorios.
El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, defendió la inversión anunciada por la empresa española Solaria en Uruguay, estimada en US$ 5.700 millones, y aseguró que el acuerdo para el suministro de energía eléctrica con UTE no supondrá pérdidas para la empresa pública. Según explicó, el proyecto contempla la construcción de una planta fotovoltaica y un centro de datos en los departamentos de Florida, San José y Canelones, con una etapa de obras que generaría más de 3.000 puestos de trabajo.
En una entrevista con Informativo Sarandí, Sánchez afirmó que la iniciativa se encuentra ahora en una etapa de preparación y que la empresa deberá avanzar en la compra de los terrenos y presentar los proyectos ante el Ministerio de Ambiente para obtener las habilitaciones correspondientes.
“Ahora comienza una hoja de ruta”, señaló el jerarca, quien destacó que el gobierno cuenta con un cronograma de trabajo y que la construcción se desarrollaría durante el actual período de administración. La puesta en funcionamiento del emprendimiento está prevista para 2029 o 2030.
El presidente Yamandú Orsi había presentado la iniciativa como una de las mayores inversiones privadas anunciadas en Uruguay en los últimos años. El proyecto combina generación de energía renovable con infraestructura tecnológica, en particular un centro de datos, cuya instalación requiere disponibilidad eléctrica y conexiones adecuadas a la red.
Sánchez explicó que las conversaciones con Solaria se desarrollaron durante varios meses. La empresa había transmitido sus intenciones de invertir en Uruguay al embajador uruguayo en España y luego mantuvo contactos con autoridades nacionales. La primera misión estuvo encabezada por la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, y posteriormente se realizaron reuniones en Uruguay con distintos ministerios.
Hace aproximadamente dos meses, según relató el secretario de Presidencia, hubo encuentros con UTE para abordar aspectos técnicos de la propuesta.
La localización de los emprendimientos responde, entre otros factores, a las condiciones de conexión eléctrica. Sánchez señaló que no cualquier departamento dispone de los nodos de infraestructura necesarios para instalar una iniciativa de estas características y vinculó la selección de los emplazamientos con esa disponibilidad.
El papel de UTE y los cuestionamientos al proyecto
Uno de los puntos centrales de la discusión pública es la demanda de electricidad que tendrá el centro de datos y las condiciones en que se abastecerá. Sánchez sostuvo que Solaria comprará energía a UTE y rechazó que el acuerdo implique un perjuicio económico para la empresa estatal.
“UTE no va a perder dinero, va a ganar”, afirmó, aunque no detalló los términos económicos del suministro ni el precio que se establecerá para la operación.
El jerarca también respondió a los cuestionamientos sobre la capacidad financiera de la empresa española para ejecutar una inversión de esa magnitud. Recordó que Solaria opera en Uruguay desde hace una década y sostuvo que durante ese período no ha tenido problemas. Aseguró que el gobierno exigirá el cumplimiento de las normas aplicables y de las condiciones que se establezcan para la instalación.
La ministra Cardona, por su parte, defendió la capacidad empresarial y “robustez” de Solaria y afirmó que no existen elementos que permitan dudar de su capacidad de inversión. En una entrevista con TV Ciudad, destacó que la compañía desarrolla proyectos energéticos y centros de datos en Europa, cuenta con inversores de distintos países y dispone de equipos técnicos propios.
Cardona señaló, además, que la experiencia de trabajo de UTE con la empresa ha sido positiva. La ministra destacó que Solaria no se limita a tercerizar sus proyectos, sino que participa en su desarrollo y ejecución.
El proyecto deberá atravesar, de todos modos, las etapas administrativas correspondientes antes de concretarse. La adquisición de los terrenos y las autorizaciones ambientales forman parte de los próximos pasos. Por tanto, el anuncio de inversión constituye el inicio de un proceso que todavía requiere cumplir con las condiciones regulatorias y técnicas para avanzar hacia la construcción.
Sánchez defendió los beneficios económicos que, a su entender, puede generar la iniciativa, más allá de los empleos directos durante las obras. Sostuvo que el país podría atraer nuevas empresas tecnológicas y ampliar la demanda de servicios destinados al exterior.
También reconoció que el emprendimiento se instalará bajo el régimen de zona franca, pero argumentó que Uruguay igualmente obtendrá beneficios a través del empleo, la actividad económica asociada y los servicios que se desarrollen alrededor de la inversión.
HIF Global: la negociación continúa abierta
En la entrevista, Sánchez también se refirió al proyecto de HIF Global para producir combustibles sintéticos en Paysandú, cuya concreción ha sido objeto de reclamos por parte de autoridades departamentales y actores vinculados a la iniciativa.
El secretario de Presidencia aseguró que las conversaciones continúan y que el gobierno trabaja para encontrar condiciones que permitan viabilizar el emprendimiento. Explicó que uno de los aspectos centrales de la negociación es el costo de la energía necesaria para la producción.
“No puedo cerrar un precio de la energía con Google y luego cobrarle la mitad a la otra”, expresó, al referirse a las negociaciones energéticas y a la necesidad de establecer condiciones que resulten sostenibles para los distintos proyectos.
Cardona coincidió en que la negociación con HIF permanece abierta. Afirmó que el proyecto no está descartado y continúa en la agenda del gobierno, aunque reconoció que todavía existen variables económicas que no terminan de cerrar.
La ministra señaló que el desarrollo del hidrógeno verde y sus derivados atraviesa una etapa de discusión en Europa y otras regiones, en un contexto en el que los costos de producción y de suministro energético condicionan la viabilidad de los proyectos. El gobierno, dijo, sigue trabajando para identificar alternativas que permitan ajustar esas variables.
Cardama y la compra de patrulleras oceánicas
Consultado sobre el caso Cardama, Sánchez responsabilizó al gobierno anterior por no haber atendido las advertencias vinculadas a las garantías presentadas por el astillero español contratado para construir dos patrulleras oceánicas.
“Cardama pudo hacer todo eso porque lamentablemente el gobierno anterior hizo caso omiso a las alertas”, afirmó. El jerarca sostuvo que existe un amplio acuerdo en torno a las objeciones planteadas sobre las garantías, en el marco de la controversia que derivó en la rescisión del contrato y en posibles litigios.
El caso fue objeto de una extensa investigación parlamentaria y de un debate en la Asamblea General, donde oficialismo y oposición expusieron interpretaciones contrapuestas sobre el procedimiento original, los controles realizados y la decisión de rescindir el acuerdo.
Brasil y las relaciones regionales
En relación con las elecciones en Brasil y sus posibles efectos sobre la región, Sánchez afirmó que Uruguay mantendrá una posición institucional de respeto al proceso electoral, independientemente de las preferencias políticas de sus autoridades.
“Independientemente de nuestros gustos, el gobierno va a saludar a Brasil por sus elecciones”, señaló. También sostuvo que la política exterior debe guiarse por los intereses nacionales y no exclusivamente por afinidades partidarias. “Los estados no tienen amigos, tienen intereses”, afirmó.
Consultado sobre su preferencia personal, agregó: “Si yo fuera brasileño votaría a Lula, pero soy uruguayo”.
Schipani pidió al gobierno los contratos con Solaria
El diputado del Partido Colorado Felipe Schipani presentó un pedido de informes dirigido a la Presidencia de la República para conocer las condiciones jurídicas, económicas y técnicas del proyecto de la empresa española Solaria, que anunció una inversión de US$ 5.700 millones para desarrollar centros de datos e instalaciones de generación solar en Uruguay.
El legislador señala que el anuncio comprende hasta 500 MW de capacidad para centros de datos, 350 MW de generación fotovoltaica, 3.100 puestos de trabajo durante la construcción y 1.500 empleos permanentes. También advierte que el comunicado de Solaria ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España menciona un acuerdo estratégico con el gobierno, el desarrollo de una zona franca y un contrato de compraventa de energía con UTE de hasta 40 años.
Entre los 95 puntos del pedido, Schipani solicita copias de los acuerdos suscritos, la identificación de las partes firmantes y los compromisos asumidos por los organismos públicos. También reclama información sobre el financiamiento de la inversión, la capacidad económica de la empresa, los clientes previstos para los centros de datos y el estado de las negociaciones.
Uno de los ejes centrales es el vínculo con UTE. El diputado pide conocer los precios y las fórmulas de ajuste, los volúmenes de energía comprometidos, las garantías, los riesgos económicos y los estudios que permitan determinar si los ingresos previstos cubrirán los costos asumidos por la empresa estatal. También consulta por las obras de infraestructura eléctrica necesarias y quién deberá financiarlas.
El pedido incluye preguntas sobre los beneficios tributarios asociados al régimen de zona franca, el impacto económico esperado, las autorizaciones ambientales, el consumo de agua y los mecanismos para verificar el cumplimiento de los empleos anunciados.
Además, Schipani solicita que se expliquen las diferencias entre el anuncio del gobierno y la comunicación presentada por Solaria en España, y reclama la documentación utilizada para respaldar las cifras divulgadas. El planteo busca establecer qué compromisos están efectivamente asumidos y cuáles dependen de acuerdos, autorizaciones o decisiones posteriores.
