El Estado tiene una obligación indelegable con sus militares: proporcionarles las máximas garantías de seguridad durante su formación. La exigencia física, la disciplina y la preparación para situaciones extremas deben estar acompañadas por una planificación rigurosa, equipos adecuados y una capacidad de rescate efectiva. Quien recibe una orden de entrenamiento tiene derecho a confiar en que los riesgos fueron evaluados y en que existen medios para responder si algo sale mal.
La muerte del alférez Matías Vasella y de los cabos de primera Carlos Leandro Gómez y Juan Rocha, durante el Curso de Buzos Tácticos N.º 64, constituye una pérdida que interpela a todo el país. El teniente segundo Braian Ruiz fue rescatado y, según la información oficial difundida el 30 de octubre, permanecía internado. Detrás de cada nombre hay una familia, compañeros y un proyecto de vida.
Según el comunicado del Ejército recogido por la prensa, los participantes realizaban un ejercicio de nado nocturno de 2.500 metros en las inmediaciones del muelle del Anglo, vinculados a una cuerda madre y acompañados por embarcaciones con instructores. Un grupo se enredó con un objeto todavía no determinado; durante la emergencia se cortó la cuerda y cuatro efectivos quedaron sumergidos. La secuencia y sus causas continúan bajo investigación.
Por eso, la eventual presencia de una linga sumergida, las condiciones de la corriente y las decisiones adoptadas deben esclarecerse mediante pericias.
La pregunta institucional es inevitable: ¿estaban dadas todas las condiciones para realizar ese ejercicio con un riesgo debidamente controlado?
Debe establecer, además, si los equipos y mecanismos de liberación respondían a las condiciones del entrenamiento; si los participantes dominaban los procedimientos de emergencia; y si la disposición de los medios de rescate permitía intervenir con la rapidez necesaria. La presencia de recursos debe evaluarse por su capacidad real de proteger y auxiliar. El Ministerio de Defensa anunció que se investigará la planificación y autorización del ejercicio, las condiciones de seguridad y la respuesta ante la emergencia. Ese compromiso debe traducirse en resultados verificables, responsabilidades cuando correspondan y correcciones concretas. La formación militar incluye riesgos. Precisamente por eso requiere controles especialmente exigentes. Cuanto mayor sea la dificultad de una práctica, mayor debe ser el esfuerzo institucional para prevenir un desenlace fatal.
Uruguay debe asegurar recursos para inspeccionar las zonas de entrenamiento, mantener y renovar los equipos, capacitar a los instructores y disponer respuestas sanitarias y de rescate acordes con cada actividad.
Nuestros militares se preparan para servir al país. El país tiene la obligación de ofrecerles las mejores condiciones.
