Fortalecimiento en el manejo de evidencia digital en casos de violencia de género

Cerca de 50 policías y fiscales se capacitaron en Solymar sobre el manejo de evidencia digital en delitos de violencia de género

La subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, participó del encuentro.

Uruguay dio un paso significativo en la consolidación de sus capacidades institucionales para investigar y sancionar la violencia basada en género facilitada por la tecnología (VGFT). Durante dos jornadas consecutivas de ocho horas cada una, más de 50 representantes de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación participaron de un taller intensivo de “Formación de Formadores”, cuyo eje articulador fue la implementación de la nueva Guía de buenas prácticas para el manejo de evidencia digital.

La actividad, desarrollada en las instalaciones del Parque Policial de Solymar, respondió a una estrategia integral orientada a capacitar a funcionarios clave de todo el país para que actúen como agentes multiplicadores del conocimiento en sus respectivas unidades operativas y de investigación, en los delitos de violencia de género (VDG).

La urgencia de estas medidas queda demostrada por el volumen de casos que procesa el sistema judicial y policial uruguayo: según registros del Ministerio del Interior, se ingresan en promedio unas 117 denuncias diarias por violencia doméstica y delitos asociados, lo que representa un reporte cada 12 minutos, correspondiendo más del 60% de los casos a agresiones perpetradas por parejas o exparejas.

Alianza interinstitucional e internacional

El taller se enmarcó dentro del proyecto Violencia basada en género en el ámbito digital, una iniciativa ejecutada de manera conjunta por el Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional de Políticas de Género (DNPG), y la Fiscalía General de la Nación, mediante la Unidad de Víctimas y Testigos. La propuesta contó con el respaldo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el financiamiento de la Agencia Nacional de Policía de la República de Corea.

La mesa de apertura reunió a destacadas autoridades de las instituciones involucradas, reflejando el carácter multidisciplinario y estratégico del encuentro. Participaron la subsecretaria del Ministerio del Interior, Cra. Gabriela Valverde; el ministro consejero de la Embajada de Corea en Uruguay, Hong Soon-Bok; el representante residente del PNUD, Stefano Pettinato; la jefa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Uruguay, Mariana Kiefer; y la subdirectora de la DNPG, Crio. Mayor (PT) Esc. Lic. Cecilia Erhardt.

Durante las jornadas las autoridades coincidieron en que el abordaje de los delitos digitales exige no solo la actualización metodológica en la recolección del material probatorio, sino también una profunda sensibilización respecto al impacto traumático que sufren las víctimas en los espacios virtuales.

Rigor técnico y resguardo de la prueba

Uno de los principales focos del programa formativo estuvo centrado en las complejidades procedimentales que implica el tratamiento de la evidencia en soporte informático. A diferencia de las pruebas físicas tradicionales, el rastro digital se caracteriza por su volatilidad y vulnerabilidad ante eventuales manipulaciones o errores de procedimiento.

En este sentido, la Dirección Nacional de Policía Científica lideró las exposiciones dedicadas a la cadena de custodia. Durante su presentación, los expertos enfatizaron la necesidad de aplicar protocolos rigurosos desde el primer contacto con los dispositivos electrónicos o las plataformas en línea, garantizando así la inalterabilidad de los datos recolectados para que conserven su plena validez jurídica durante las distintas etapas del proceso penal.

Al cierre de las jornadas, la jefa del Estado Mayor Especialista en Género, Cria. Yesika Corominas, y la subdirectora de la DNPG dirigieron unas palabras de agradecimiento y motivación a las personas participantes, destacando la importancia de continuar fortaleciendo las capacidades institucionales para responder a los delitos de violencia de género facilitada por la tecnología.

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