La soja es uno de los tres pilares de las ventas uruguayas al exterior. Según el Informe Anual de Comercio Exterior 2025 de Uruguay XXI, las exportaciones de bienes llegaron a US$ 13.493 millones, el valor más alto de la última década. La carne bovina representó el 20% del total, la celulosa el 17% y la soja el 11%.
La plataforma de datos de comercio exterior LUSI resume que “35 empresas exportaron soja desde Uruguay en 2025”. Entre todas vendieron 3.604.012 toneladas por US$ 1.434,7 millones, a un precio promedio de US$ 398 por tonelada.
Un mercado concentrado
El ranking de LUSI muestra que el negocio está en manos de un puñado de grandes empresarios, excluyendo a personas físicas y organismos públicos. Cargill Uruguay S.A. quedó primera, con 46 operaciones por US$ 398 millones, lo que equivale a algo más de uno de cada cuatro dólares que entraron al país por soja. La siguen Barraca Jorge W. Erro S.A. (US$ 270,6 millones), Cofco International Uruguay S.A. (US$ 227,3 millones), LDC Uruguay S.A. (US$ 194,2 millones) y CHS Uruguay SRL (US$ 86,3 millones). Más abajo aparecen cooperativas y empresas nacionales con volúmenes mucho menores; varias de las últimas de la lista registraron apenas una o dos operaciones en todo el año.
Barraca Erro es la única firma de capital uruguayo en el listado. El resto son filiales de multinacionales del comercio de granos: la estadounidense Cargill, la china Cofco, la francesa Louis Dreyfus (LDC) y la también estadounidense CHS.
El destino también está concentrado. China compró soja uruguaya por US$ 874,3 millones, unas 2,2 millones de toneladas, más de la mitad de lo exportado. Muy lejos quedan Egipto (US$ 40,8 millones), Argelia (US$ 37,8 millones), Reino Unido (US$ 24,3 millones) y Estados Unidos (US$ 17,8 millones). Para otros US$ 378 millones la plataforma no registra el país de destino.
Quién es Cargill
Cargill nació en 1865, cuando William Wallace Cargill compró un pequeño depósito de granos en Conover, en el estado de Iowa. Más de un siglo y medio después, es la mayor empresa privada de Estados Unidos medida por ingresos y no cotiza en bolsa. Sigue en manos de los descendientes del fundador, las familias Cargill y MacMillan, que concentran cerca del 88% de la propiedad. Su presidente y director ejecutivo es Brian Sikes, y la sede central está en Minnesota.
En su sitio institucional se define como “una empresa familia” dedicada a brindar soluciones alimentarias y agrícolas. Dice tener más de 155.000 empleados y operar en 70 países de América, Europa, Asia, África y Oceanía.
Su actividad va más allá de los granos. Compra, acopia, procesa, transporta y comercializa materias primas agrícolas, pero también produce alimento animal, carne y aves, ingredientes para la industria alimentaria, cacao y chocolate, sal y productos bioindustriales. Además, tiene un brazo financiero que gestiona riesgos en los mercados de materias primas.
Su llegada a Uruguay
La página oficial local afirma que “Cargill está presente en Uruguay desde 2005”. Allí la empresa detalla que se dedica a la originación, el acopio, la logística y la comercialización de granos, que provee insumos y financiamiento a los productores y que vende subproductos para el consumo interno. Las oficinas centrales están ubicadas en Montevideo y menciona una red de oficinas comerciales, acopios y centros operativos en buena parte del interior del país.
La compañía se presenta como líder del sector agroindustrial y una de las mayores exportadoras del país. “Nuestro propósito es nutrir al mundo de una manera segura, responsable y sostenible”, sostiene.
En un artículo de su sección de historia, Cargill recuerda que sus primeros pasos en el país coincidieron con el auge agrícola que cambió el mapa productivo uruguayo, hasta entonces centrado en la carne. Abrió una oficina en una vieja casona de Dolores, en Soriano, adonde los productores iban a pedir información, y para 2015 ya tenía nueve oficinas en el territorio.
Este año sumó otra apuesta: el 11 de setiembre inauguró una planta de fertilizantes en su operación de Nueva Palmira, el principal puerto granelero del país. Según informó la empresa, la firma maneja cerca del 20% de un mercado nacional de fertilizantes que mueve alrededor de un millón de toneladas al año.
Los cuestionamientos
El crecimiento de Cargill a escala global vino acompañado de denuncias, sobre todo por su papel en la cadena de la soja en América del Sur.
En 2018 el Ibama, el organismo ambiental de Brasil multó a la empresa con 5 millones de reales (unos US$ 910.000) por comprar soja producida en tierras embargadas por desmonte ilegal en el Cerrado, en la región de Balsas, estado de Maranhão. La sanción formó parte de un operativo junto al Ministerio Público Federal que alcanzó a otras comercializadoras, entre ellas Bunge, otra de las principales empresas de agronegocios fundada en 1818 en Ámsterdam, Países Bajos). En ese momento Cargill dijo que no había sido notificada y que iba a analizar los hechos.
Un año después, la organización ambientalista Mighty Earth publicó un informe en el que llamó a Cargill “la peor empresa del mundo”. La acusó de asumir compromisos de sostenibilidad mientras seguía comprando soja de zonas deforestadas de Brasil y Bolivia. En 2021, un informe de Global Witness la vinculó con proveedores involucrados en la expulsión de pueblos indígenas y comunidades tradicionales de sus tierras en el Cerrado.
El caso más reciente llegó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El 4 de mayo de 2023, la ONG de derecho ambiental ClientEarth presentó una denuncia ante el Punto Nacional de Contacto de Estados Unidos. Sostiene que la empresa no controla de forma adecuada la soja que compra y embarca en Brasil para detectar vínculos con la deforestación y con violaciones de derechos humanos. La abogada Laura Dowley advirtió que la expansión de la soja para alimento animal empuja a las selvas y sabanas brasileñas hacia “puntos de inflexión de los que quizás nunca se recuperen”. El trámite figura como pendiente.
Ante esa denuncia, Cargill respondió que mantiene un fuerte compromiso con la protección de los derechos humanos y de los bosques, y recordó su meta de eliminar la deforestación de su cadena de soja en la Amazonía, el Cerrado y el Gran Chaco para 2025.
Por otro lado, en 2005, seis ciudadanos de Malí demandaron en Estados Unidos a Cargill y a Nestlé USA. Aseguraban haber sido esclavizados de niños en plantaciones de cacao de Costa de Marfil y que ambas firmas sabían lo que ocurría, pero hicieron la vista gorda para «mantener una ventaja competitiva». En junio de 2021, la Corte Suprema de Estados Unidos cerró el caso por ocho votos contra uno, al considerar que los hechos ocurrieron fuera del país y que sus tribunales no tenían competencia. Las empresas siempre negaron haber actuado mal.
