Uno de los avances más importantes de la formación docente uruguaya en los últimos años fue el reconocimiento universitario de tres carreras del Consejo de Formación en Educación, alcanzado en febrero de 2025. Sin embargo, apenas un año después, la aprobación del Plan 2027 introduce un nuevo escenario de incertidumbre académica y jurídica sobre los títulos que recibirán los futuros profesores y maestros.
El 27 de febrero de 2025, el Ministerio de Educación y Cultura aprobó las resoluciones 291, 292 y 293, mediante las cuales reconoció el nivel académico universitario de las carreras del Plan 2023 de Profesorado de Educación Media, Magisterio de Educación Primaria y Magisterio en Primera Infancia. Las resoluciones establecieron expresamente que estas carreras otorgarían los títulos de Licenciado en Pedagogía, con las opciones de Profesor de Educación Media, Maestro de Educación Primaria y Maestro en Primera Infancia, respectivamente. Fue un hecho significativo. Después de décadas de aspiraciones, debates y proyectos institucionales frustrados, la formación docente pública había alcanzado un reconocimiento universitario concreto, sin necesidad de crear previamente una nueva universidad.
El mecanismo permitía mantener la competencia de ANEP para expedir los títulos, mientras el MEC reconocía el nivel académico universitario de las carreras. No se trataba de que el Ministerio sustituyera los diplomas de profesor o maestro por otros, sino de que las carreras reconocidas otorgaran titulaciones universitarias en las opciones profesionales correspondientes. Sin embargo, el Plan 2027 sustituye progresivamente esas carreras por nuevos programas que, hasta el momento, carecen de un reconocimiento universitario equivalente. Los estudiantes que ingresen al nuevo plan cursarán estudios de formación docente que conducirán a títulos de Profesor o Maestro, pero sin tener asegurada la condición académica universitaria de Licenciado en Pedagogía. Esto no implica que los estudiantes del Plan 2023 pierdan automáticamente sus derechos ni que se anulen los reconocimientos otorgados. El problema afecta a las nuevas carreras y a las condiciones de titulación de quienes ingresen a ellas. La situación presenta una contradicción adicional. El artículo 198 de la Ley 19.889 estableció un procedimiento voluntario de reconocimiento universitario, basado en criterios de calidad previamente definidos. En cumplimiento de este marco, el MEC aprobó en 2022 los criterios y procedimientos que permitieron avanzar hacia el reconocimiento de las carreras del Plan 2023. El Plan 2027, en cambio, fue elaborado y aprobado sin contar previamente con una validación de su adecuación a esos criterios ni con un nuevo reconocimiento ministerial. Tampoco consta una aprobación de nuevos estándares específicos que hayan servido de referencia para diseñar las carreras de 2027.
Es importante diferenciar ambas cuestiones: los criterios de calidad aprobados en 2022 existen, pero el hecho de aprobar nuevas mallas curriculares no determina que estas satisfagan automáticamente las condiciones requeridas para su reconocimiento universitario. De hecho no cumplen esos estándares, por lo que no hay posibilidad de que pueda obtenerse el reconocimiento universitario al varias sustancialmente las condiciones académicas establecidas para el Plan 2023. La realidad es que se sustituyen carreras que ya habían alcanzado reconocimiento universitario por otras que no lo poseen. Se abandona una conquista académica efectiva en nombre de una institucionalidad universitaria futura e incierta. La condición universitaria no es solamente un asunto de denominaciones.
Tiene consecuencias para la jerarquización profesional, la movilidad académica, la continuidad de estudios de posgrado y el reconocimiento de las titulaciones en otros sistemas de educación superior.
El país había encontrado un mecanismo institucional que permitía avanzar hacia esos objetivos sin esperar la creación de una universidad específica. En lugar de consolidarlo, extenderlo a otras carreras y fortalecer sus exigencias de calidad, se ha optado por sustituir los planes que habían obtenido ese reconocimiento. El problema es que se inicia una nueva reforma sin garantizar previamente la continuidad de una conquista académica ya alcanzada. Antes de comenzar su implementación, correspondería exigir que ANEP presente las nuevas carreras al proceso de reconocimiento, demuestre su adecuación a los criterios de calidad y obtenga las garantías necesarias para que los futuros egresados no vean disminuida su condición académica.
No es razonable que el reconocimiento universitario dependa nuevamente de decisiones futuras e inciertas cuando ya se había logrado concretarlo.
Una reforma que pretende fortalecer la formación docente debería ampliar su carácter universitario, no volver a colocarlo en discusión.


