Estamos ante el fin de una etapa en la dinámica educativa en el país, y también en el inicio de otra fase. Esta situación tiene dos detonantes diferenciados pero que se han juntado. Por un lado remite al resultado del referéndum revocatorio de los artículos educativos incluidos en la Ley de Urgente Consideración (LUC) que han dado sustentación definitiva al marco legal aprobado ya hace casi 20 meses. Por el otro lado, remite al fin de la situación de emergencia de la pandemia y con ello de la situación legal que permitió un enorme reacomodamiento de las instituciones de educación y de los estudiantes y docentes a una educación de emergencia virtual. Ambas situaciones marcan el fin de una etapa en la política y en dinámica educativa nacional. La reafirmación del marco legal y la experiencia de la pandemia, son las bases del fin de la primera fase en una transformación educativa de este quinquenio de gobierno en la educación del Uruguay y a la vez se constituyen en las bases de las próximas dinámicas político- educativas.
En lo político, seguirán presentes los mismos ejes de discusión resultado de la fuerte grieta ideológica educativa y de una lucha política apoyada en una concepción gramsciana centrada en captura de las instituciones educativas y en el peso de los sindicatos educativos en la agenda política derivado de su cooptación de la estructura política del Frente Amplio. No es de descartar, sino todo lo contrario, que algunos de los cambios legislativos, especialmente en la gobernanza y en los conceptos educativos, que se incorporaron en el cuerpo normativo del Estado y que fueron ratificaron mayoritariamente por la ciudadanía, serán objeto de luchas políticas con la finalidad de lograr su modificación por parte de quienes fueron los detractores en el campo político, en el campo gremial y en el educativo. Igualmente, las luchas y peleas se expresarán en cada una de las instrumentaciones de las normas aprobadas. La historia uruguaya muestra que en nuestro país el soberano no lauda sino que meramente aplaza o recanaliza las acciones de cambio para un sector de la política nacional. Las experiencias de la Ley de caducidad de la acción punitiva del Estado o el marco constitucional que no habilita el voto consular, las cuales han sido ambas puestas a consideración del soberano en diversos referéndums, han mostrado que el voto popular no cierra ni define la agenda política, sino que posterior a la decisión mayoritaria, por muy diversos mecanismos, tanto de tipo legal, inconstitucionales o político se ha propendido o intentado introducir modificaciones parciales o totales y torcer la voluntad popular. Ya casi inmediatamente a saberse el resultado se ha visto que se han planteado en un bando la necesidad de encontrar los mecanismos para continuar la denuncia y la movilización contra los 135 artículos de la LUC, mientras que los otros han planteado la necesidad de mantener los cambios y respetar la voluntad popular en tanto pronunciamiento democrático.
Se está ante una forma de política centrada en el camino de negación del voto popular cuando se es adverso y de caminar en incrementar la grieta política como mecanismo de acumulación de fuerzas en el campo político, que coloca al país frente a concepciones totalmente diferentes en relación a la función del voto mayoritario del cuerpo electoral para laudar y definir democráticamente y del respeto a las decisiones de las mayorías. Para algunos, estas son vistas como decisiones meramente circunstanciales y el objeto de la política es imponer el criterio de las minorías por todos los procedimientos posibles y continuar con nuevas formas para transformar el marco legal. Es casi seguro que por ello, veremos entonces en los próximos años sucesivos proyectos de ley, de iniciativas políticas, de interpretaciones y de acciones que buscarán socavar, negar o alterar los resultados del referéndum y del articulado aprobado por las mayorías.
La LUC y su ratificación mayoritaria, muestran claramente una diferencia de criterio entre la sociedad y los gremios educativos sobre los ejes de la política educativa y la gestión, y especialmente sobre quién debe dirigir la educación y el grado de autonomía y corporativismo en el funcionamiento de los organismos públicos educativos. Esto es meridianamente claro: la ciudadanía optó claramente en contra de un modelo de gestión educativo apoyado dominantemente en lógicas corporativistas, gremialistas o de total autonomía o autarquía, y revalorizó las concepciones liberales republicanas. No hay dos interpretaciones posibles. Más aún en tanto el referéndum parece haber tenido el voto mayoritario a favor de los docentes y de los estudiantes, es claro que la ciudadanía decidió diferente y sostiene que los criterios de los jóvenes y de los propios docentes no son la mejor solución para el país, para el funcionamiento del sistema educativo ni para los aprendizajes de los propios jóvenes.
Más allá de relegitimar los cambios introducidos en las pasadas elecciones, la votación se apoya en nuevos momentos de la reflexión del soberado. La ciudadanía ya había decidido frente a dos modelos que se le planteó en las elecciones para impulsar una necesaria transformación educativa, optó por uno, y ahora revalidó su posición, ya ante un marco de un articulado claro y aprobado.
En lo educativo, la LUC generó una nueva forma de gobernanza institucional más ordenada y jerarquizada con funciones más claramente asignadas entre el MEC y en los diversos niveles de CODICEN y nuevas formas y criterios de políticas al interior de la ANEP permitiendo mecanismos más precisos y diferenciados de gestión tanto académicos como organizacionales. Aunque la LUC en lo educativo ya estaba vigente y se había concluido su fase de formulación y aprobación, con la re-legitimación electoral de la norma por parte del cuerpo electoral y con 85% del patrón electoral, efectivamente a partir de ahora se avanzara en la instrumentación de las diversas acciones en los niveles de ejecución específicas. En tal sentido se iniciaran efectivamente sin problemas de legitimación, el despliegue del conjunto de acciones educativas que derivan de las nuevas normas. Por ello podemos decir que estamos frente al fin del comienzo en la transformación educativa del periodo 20-24 y el inicio de una nueva fase en el proyecto de transformación educativo. Esta agenda está centrada, entre otras acciones, en una diversidad de formas al interior de la dinámica de gestión y la docencia, un aumento de la autonomía de estos nuevos centros escolares, una gestión en base a planes, una mayor injerencia del MEC en el funcionamiento del sistema de educación nacional y del proceso de gestión, una mecanismo de universitarización de la formación docente y un mayor rol de la evaluación en los procesos educativoscon una menor injerencia de los gremios y sindicatos en la gobernanza y la gestión.
Pero también en lo educativo, la nueva etapa se abre con el fin de la pandemia y de la enorme expansión de una nueva educación digital en el país, por lo que corresponderá definir el rol y el grado de incorporación de lo digital, y redefinir la articulación educativa entre lo virtual y lo presencialidad que pretende el gobierno. El país pasó de un modelo educativo presencial a un modelo sincrónico de emergencia con la pandemia casi en un instante que se instrumentó rápidamente a los pocos días del inicio del gobierno, no sólo por los ámbitos institucionales públicos y privados, sino por las comunidades académicas con mucho esfuerzo. En esta materia todos los indicadores muestran que el país está muy atrasado respecto a los estándares internacionales mínimos. La rápida respuesta se basó en una mayor libertad de las instituciones y de los docentes para responder a los desafíos. Ello incluso transformó al CEIBAL de ser un mero repositorio caro y de escaso acceso a recursos de aprendizaje a conformarse como un instrumento educativo descentralizado sincrónico y asincrónico con una enorme masificación en el acceso y su uso.
Con la aprobación de la LUC se retoma la agenda de transformación educativa previa ahora más legitimada en el nuevo contexto, pero es necesario incluir la agenda de la educación digital en el nuevo marco de políticas educativas. La LUC no tenía incluida – a mi criterio muy erróneamente – la agenda digital, probablemente por falta de base política, desconocimiento de los derechos digitales educativos o paradigmas intelectuales presenciales tradicionales de los actores a cargo de la instrumentación de la agenda en la Coalición de Gobierno. Sin embargo, con la terminación de la pandemia, la agenda digital en el ámbito educativo tiene una mayor legitimación.
Por ende, la discusión de la agenda política no debería meramente focalizarse en los objetivos en la campaña electoral, ni tampoco en un regreso a un enfoque presencial en la enseñanza y la gestión educativa, sino en la integración de lo digital como mecanismo para impulsar el mejoramiento de la educación en el marco de la agenda impulsada con la LUC y relegitimada. La ciudadanía apoyó también la agenda sanitaria que incluyó múltiples componentes educativos.
Hay un riesgo que con la desaparición de la pandemia se vuelva a imponer una dinámica educativa presencial, cuando correspondería avanzar hacia una enseñanza más hibrida y más basada en la diversidad y la libertad responsable en la gestión educativa, con nuevas formas de acceder a la educación que no se limiten a lo presencial pre pandemia o al virtual de la pandemia. Incluso la pandemia diferenció el proceso educativo entre niveles que se pudieron desarrollar por las nuevas tecnologías como el universitario, o sectores como primaria y secundaria que tuvieron mayor deserción, abandono y menores aprendizajes. La pandemia introdujouna dinámica educativa que no estaba prevista en la LUC, incluyendo una ampliación de la cobertura en el nivel superior, especialmente en el interior, en diversos grupos y una mayor internacionalización. Es una nueva agenda que agrega en la educación, la libertad, la diversidad y la virtualidad que no se puede no debe perder, ni menos colocarla en los canales burocratizados para su instrumentación como antes.
