1.176 imputados por intento de golpe en Brasil durante asunción de Lula

La Corte Suprema de Brasil ha anunciado que llevará a juicio penal a los implicados en el intento de golpe de Estado contra el presidente Lula el 8 de enero.

8 de enero. Intento de golpe en Brasilia.

Hasta ahora, se ha imputado a 1.176 de los acusados que asaltaron las sedes de los tres poderes en un intento de derrocar al presidente legítimamente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, quien había asumido el cargo una semana antes.

La cifra mencionada se alcanzó a medianoche del lunes, cuando el Supremo Tribunal Federal (STF) finalizó el análisis virtual de las denuncias presentadas por la Fiscalía contra otros 131 de los acusados. La máxima corte del país ha informado que iniciará procesos penales contra ellos. La apertura de estos procesos fue aprobada por ocho de los diez magistrados del tribunal. Los dos únicos magistrados que se opusieron fueron Kassio Nunes Marques y André Mendonça, cuyo nombramiento fue recomendado por el entonces presidente Jair Bolsonaro.

El STF comenzará a revisar las acusaciones contra el séptimo y último grupo de los 1.390 individuos formalmente denunciados por la Fiscalía por su participación en el intento golpista. Una vez concluido esto, se dará inicio a la recopilación de pruebas, la convocatoria de testigos y la lectura de los argumentos de defensa y acusación.

Estos acontecimientos tienen lugar días después de que el Parlamento brasileño estableciera una comisión encargada de investigar el asalto, la cual estará controlada por el oficialismo, a pesar de haber sido propuesta por la ultraderecha, que se sospecha de haber promovido el frustrado golpe contra el gobierno. La comisión tendrá la tarea de investigar y esclarecer los hechos en un plazo de 180 días.

El 8 de enero, miles de seguidores de Bolsonaro, descontentos con el resultado electoral, invadieron el Palacio presidencial de Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal en un intento de derrocar al presidente Lula da Silva. 

De los 1.176 imputados, 951 enfrentan cargos por asociación delictiva e incitación pública contra las Fuerzas Armadas y los poderes constitucionales. Esto se debe a su participación en los campamentos organizados por los seguidores de Bolsonaro frente al cuartel general del Ejército, desde donde partieron los asaltos.

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