La Comisión Europea adoptará en 2027 una recomendación para instar a los Estados miembro de la Unión Europea a prohibir las terapias de conversión sexual en todo el territorio comunitario y propondrá medidas complementarias contra estas prácticas que buscan modificar, reprimir y erradicar la orientación sexual y la identidad de género de personas LGBTIQ+.
Así responde el Ejecutivo comunitario a la iniciativa ciudadana ‘Prohibición de las prácticas de conversión en la Unión Europea’, que cosechó en 2025 1.128.063 firmas en 11 países distintos, y que pedía a la Comisión una directiva para incluir las terapias de conversión en la lista de delitos a nivel europeo y a incluir esta medida en la directiva de Igualdad.
Tras analizar «las posibilidades legales», el Ejecutivo comunitario ha anunciado su intención de adoptar a principios de 2027 una recomendación de la Comisión, instando a los Estados miembro de la UE a prohibir las terapias de conversión, y ayudándoles en sus esfuerzos para prohibir estas «prácticas nocivas». Aunque la adopción de esta recomendación no impone obligaciones directas a los países, sí establecerá un marco político común para impulsar la armonización de legislaciones nacionales en materia de terapias de conversión, toda vez que se entablará un diálogo con los Veintisiete a través del Grupo de Expertos sobre igualdad LGBTIQ+ y en las buenas prácticas de aquellos Estados miembro que ya cuentan con prohibiciones vigentes.
«Las terapias de conversión no tienen cabida en nuestra Unión. La UE apoya con orgullo a la comunidad LGBTIQ+ y reafirma su visión de una Unión de la Igualdad, un lugar donde todos puedan vivir de forma libre, abierta y auténtica», ha afirmado en declaraciones remitidas en un comunicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Por su parte, la comisaria europea de Igualdad, Hadja Lahbib, ha reivindicado que la UE es «una Unión de la igualdad» y donde todo el mundo puede ser quien es y amar a quien elija, y por ese motivo ha sostenido que «no hay nada que curar en las personas LGBTIQ+», sino que más bien «necesitan libertad, protección y seguridad». «Más de un millón de ciudadanos firmaron la petición pidiendo la prohibición de las prácticas de conversión. Os escuchamos. Los Estados miembro deberán poner fin a estas prácticas nocivas», ha indicado en otras declaraciones.
