El 9 de diciembre de ese año, en una sala repleta y con el país expectante, el tribunal leyó el veredicto que condenaba a los máximos responsables de la última dictadura militar. Fue un momento que no solo cerró simbólicamente una etapa de terror, sino que inauguró otra: la de la democracia como regla, la de la justicia como camino.
El país todavía cargaba con las heridas abiertas del terrorismo de Estado. Habían pasado apenas dos años desde el regreso de la democracia y la sociedad oscilaba entre la necesidad de saber la verdad y el miedo a los resabios del poder militar. En ese clima, el juicio apareció como un acto de enorme audacia institucional. Por primera vez en el mundo, un Estado democrático se disponía a juzgar a los comandantes de una dictadura sin tutelas ni tribunales internacionales. La apuesta no era solo jurídica; era política y moral.
El proceso, encabezado por la Cámara Federal, avanzó con testimonios desgarradores, documentos, reconstrucciones y una inédita exposición pública de los crímenes cometidos. Los argentinos escucharon, muchos por primera vez, el relato directo de sobrevivientes de centros clandestinos, familiares de desaparecidos, ex detenidos, testigos del funcionamiento del aparato represivo. La crudeza de esas voces dejó en evidencia un plan sistemático que ya no podía negarse ni ocultarse.
Hoy, a cuatro décadas, quienes protagonizaron aquel juicio reflexionan sobre su impacto. Luis Moreno Ocampo, fiscal adjunto del proceso, recuerda que el Juicio a las Juntas no solo estableció responsabilidades penales, sino que consolidó un nuevo pacto democrático. “En una democracia hay muchas voces. Hay quienes piden investigar a más militares o a empresarios, y otros que se investiguen los crímenes de la guerrilla. Sin embargo, la idea de que no se puede matar al adversario y que se debe recurrir a la Justicia adquirió consenso en la Argentina desde el Juicio a las Juntas”, sostiene. Para él, el proceso de 1985 fijó un límite ético y jurídico que la sociedad argentina no volvió a transgredir.
También León Arslanián, uno de los jueces que firmó aquella sentencia histórica, reafirma ese legado. Con la distancia que dan los años, considera que intentar hoy relativizar o negar los hechos juzgados sería un retroceso inadmisible. Calificó de “error garrafal” cualquier iniciativa que busque reinterpretar el terrorismo de Estado o poner en duda su existencia. “Sería un intento de adulteración de la historia. Si hay algo que está extraordinariamente probado fue la existencia de los hechos y este plan criminal. Es imposible que haya negacionismo de esto, es imposible semejante barbaridad”, afirmó.
El paso del tiempo no ha diluido la trascendencia del juicio. Por el contrario, su importancia se resignifica en un contexto donde resurgen discursos negacionistas o relativizadores de la dictadura. El Juicio a las Juntas sigue siendo el recordatorio de que la democracia requiere memoria activa y una justicia capaz de sostener el Estado de Derecho incluso frente a sus peores fantasmas.
A 40 años de aquella sentencia, la Argentina vuelve a escuchar el eco de las palabras que cerraron el proceso: “Nunca Más”. No como consigna del pasado, sino como compromiso vigente. Porque lo que se juzgó en 1985 no fue solo un período oscuro de la historia, sino la posibilidad misma de construir un país donde la ley prevalezca sobre la violencia y donde ninguna voz, por poderosa que sea, pueda imponer el silencio.
