Abogado de Ielsur sobre caso Suzacq: “el Estado Uruguayo tiene que estar pendiente de este proceso”

El pasado 16 de enero un Tribunal español dio lugar al pedido de extradición cursado por Uruguay contra el médico Carlos Suzacq por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura uruguaya (1973 – 1985). Se acusa a Suzacq de asesorar a los militares en las torturas a prisioneras y prisioneros políticos y de realizar fichas médicas de los detenidos a conveniencia de la Junta Militar.

El pedido de captura y extradición había sido solicitado por Ricardo Perciballe, fiscal a cargo de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad en noviembre de 2021 lo cual provocó la captura del represor por parte de las autoridades españolas en junio de 2022 en la ciudad de Madrid. El tribunal español valoró en su fallo que «han transcurrido más de cuarenta años desde que sucederían los hechos denunciados y que ahora son objeto de reclamación” y argumentó que “la naturaleza y la gravedad de los mismos, así como la evitación de que queden impunes, lleva a este tribunal a acceder a la demanda extradicional».

Martín Fernández, abogado del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay manifestó en conversación con Diario La R que “La aprobación de la extradición por parte del Reino de España da inicio a un proceso en donde el acusado puede desplegar un recurso para oponerse a la extradición”. Más allá de los recursos que pueda interponer la defensa de Suzacq, para Fernández la clave es el rol proactivo que tome Uruguay en el caso: “el Estado Uruguayo tiene que estar pendiente de este proceso para que no se pierdan plazos y poder efectivizar la entrega posteriormente” dijo el abogado a La R.

Con el caso de Suzacq queda en evidencia la existencia de un método sistemático de apremios y torturas a los presos políticos en el cual se estima que llegaron a participar centenares de médicos. En ese mismo sentido Fernández destaca que “la importancia que tiene el caso es que confirma que el terrorismo de estado no fueron 3 o 4 militares sádicos torturando sino que existió un aparato con médicos al servicio” señaló. El abogado de Ddhh agregó que “este tipo de figuras son clave en el aparato del terror porque son los que dicen que se siga torturando o se pare y esimportante que se le de su relevancia, al pedir la extradición, porque no era una participación secundaria sino una participación principal” afirmó Fernández en referencia a el rol de estos médicos en las sesiones de tortura.

Sobre cómo continuará el proceso, fernández dijo a La R que “seguramente recorra el mismo trayecto que para el caso de Ferro y ahora vaya a una sala de apelaciones y luego a una corte” dijo en relación al represor extraditado Eduardo Ferro.

Ferro, acusado de graves violaciones a los Ddhh, fue extraditado en marzo de 2021 luego de reiteradas maniobras dilatorias por parte de su defensa en Uruguay, que incluso permitieron su fuga durante el proceso. El represor se entregó ante las autoridades españolas al impedírsele cobrar su jubilación como militar por ser imputado. Consultado sobre los plazos que puede enfrentar el proceso Fernández recordó que se trata de “un proceso que tiene todas las garantías”.

En los últimos años se han verificado relativos avances en causas emblemáticas sobre el pasado reciente. Hoy ya son cerca de medio centenar los represores que desfilaron por los juzgados siendo hallados culpables. Para el abogado de Ddhh Martín Fernández esto se debe en parte a la existencia de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad: “pueden verse los frutos de haber unificado, en una fiscalía que persiga con una unidad de criterio, todos estos crímenes que era algo que se reclamaba desde hace mucho tiempo” opinó Fernández.

Tanto en el proceso español de extradición como en los juicios que tienen lugar en Uruguay, la defensa de los represores argumenta que no se puede juzgar a alguien por delitos cometidos hace 50 años cuando la figura de Lesa Humanidad aún no existía en los ordenamientos jurídicos. Sin embargo los procesados que hoy se encuentran principalmente detenidos en la cárcel conocida como de Domingo Arena, lo fueron por delitos comunes como privación ilegítima de libertad, secuestro y malostratos contra prisioneros que al haber sido cometidos en nombre del Estado contra ciudadanos, son asimilados a crímenes de lesa humanidad. Sobre esto Fernández explicó a La R que “Uruguay forma parte de tratados internacionales que dicen que los crímenes perpetrados por el Estado contra la población civil son imprescriptibles e inamnistiables” nos dice el abogado que “son tratados internacionales que Uruguay se ve obligado a respetar, garantizar y juzgar”.

Fernández agrega que de todos modos las referencias a crímenes de lesa humanidad tienen larga data en nuestro país: “esto está ratificado por lo menos desde 1978 por Uruguay. Esto lo dice un artículo de los pactos civiles y políticos” enfatizó y agregó que el hecho de “torturar personas es un crimen que afecta a la humanidad y no solo a la persona que está siendo torturada”.

Para fundamentar a favor de la imprescriptibilidad de los crímenes de la dictadura también existe otro argumento” que durante la dictadura y mientras estuvo vigente la ley de caducidad, no corrió el plazo de la prescripción ya que los delitos no podían juzgarse”. Finalmente consultamos a Fernández sobre la posibilidad de que finalmente España no ratifique la extradición, “si el Reino de España no llega a aprobar la extradición después de todos los recursos, será otro el camino a recorrer y habrá que ver qué opciones existen”.

Caso Troccoli

Jorge Nestor Tróccoli fue un torturador del Cuerpo de Fusileros Navales (Fusna) que cumplió un rol de enlace, en el marco del Plan Cóndor, con el centro clandestino conocido como la Escuela de Mecánica de la Armada de Argentina (Eesma). En esa función actúo tanto en torturas como en la ejecución de desapariciones de disidentes políticos de ambos países.

Troccoli fugó de Uruguay al estar siendo investigado en una causa judicial durante el año 2007. Capturado en Salerno, Italia en 2008 e iniciado un proceso de extradición, el Estado uruguayo y en particular el embajador uruguayo en Italia, Carlo Abín, no realizaron el seguimiento correspondiente al proceso venciéndose los plazos y forzando la liberación de Troccoli en marzo de 2008. El hecho le costó el cargo al embajador Abín luego de que una investigación de la cancillería uruguaya estableciera que el embajador había incurrido en “una demora injustificada”.

El entonces Canciller de la República Gonzalo Fernández explicó que “la demora injustificada en la entrega del exhorto de extradición, se debió a que Abín estaba ausente de la Embajada y no dio las instrucciones pertinentes que en su momento le fueron requeridas, para la redacción de la nota y su entrega en la Cancillería de Italia. El expediente sobre el Caso Tróccoli, era manejado exclusivamente por el propio Abín y había dado orden de que sólo él manejaría ese caso. Fernández explicó que cuando llegó el expediente, Abín se encontraba de viaje en Barcelona, España”. En 2019 Néstor Trócolli fue condenado a cadena perpetua por la muerte y desaparición de 20 personas en el mega juicio contra el Plan Cóndor que se desarrolló en la ciudad italiana de Roma.

Además las autoridades judiciales italianas investigan la participación del ex fusilero en el secuestro, asesinato y desaparición de la maestra Elena Quinteros, así como de Raffaela Filipazzi y José Agustín Potenza. La pareja fue secuestrada en Uruguay, en Montevideo, el 25 de junio de 1977 en un operativo conjunto de los gobiernos dictatoriales de Uruguay y Paraguay.