La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) emitió un comunicado acerca de la decisión tomado por la Unión de Vendedores de Combustible de Maldonado de no aceptar más las tarjetas de débito y crédito para la compra de combustible en ese departamento.
Dicen que la medida «antepone sus objetivos de rentabilidad sobre el interés del país» y también expone al conjunto de los trabajadores de sus empresas «a niveles de inseguridad y peligro repudiable», según consigna el Portal del Pit-Cnt.
COMUNICADO
“Ante la resolución de la Unión de Vendedores de Combustible de Maldonado de rechazar las tarjetas de débito y crédito para la compra de combustible en el departamento, consideramos importante expresar nuestro rechazo:
Esta decisión corporativa de un conjunto de empresarios busca desterrar la diversidad de medios de pago en nuestras relaciones de consumo; va en sentido contrario a las tendencias internacionales, a la prestación de servicios modernos y de calidad a sus clientes, e incluso a la orientación del propio Estado que impone su uso en los peajes de todo el país.
La decisión de dicho sector empresarial antepone sus objetivos de rentabilidad sobre el interés del país, provocando una afectación directa para el turismo de nuestro principal balneario, en tiempos donde este sector ha sufrido dos temporadas críticas.
La resolución de estas patronales expone al conjunto de los trabajadores de sus empresas a niveles de inseguridad y peligro repudiable. En tiempos en que la inseguridad y el delito ha recrudecido, retornar al uso de dinero en efectivo, en puestos de trabajo sin protección, resulta una decisión inaceptable.
La justificación de que los costos de los medios de pagos digitales inciden negativamente en la rentabilidad se ha utilizado reiteradamente —y en esta ocasión también— para reclamar la liberalización del precio de combustibles, lo que llevaría a un mayor encarecimiento de sus precios y a transformar a las poblaciones más distantes de la capital del país en rehenes de los costos de traslado.
Consideramos imprescindible que las autoridades nacionales tomen cartas en el asunto a fin de evitar los perjuicios mencionados. Los daños que esta decisión empresarial provocará sobre un sector económico fundamental y sus trabajadores requieren la intervención del Poder Ejecutivo.
Los principios de libertad defendidos por el Gobierno y toda la sociedad solo son plenos cuando todas las partes pueden ejercerlos. Esta decisión es absolutamente limitante de la libertad de los consumidores, y sus consecuencias negativas serán mucho más severas de extenderse al resto del país o a otras áreas de la actividad económica”.
