ANEP-CFE: La política educativa por encima de las leyes y las normas.

En el marco de las políticas educativas de desarmar la gestión de las autoridades anteriores del FCE, la última semana a través del Acta Nº 45, Resolución Nª 48,  las nuevas autoridades de ANEP anularon la propia resolución de ANEP del 11 de octubre del año 2023 que había aprobado la “Maestría de Investigación y Enseñanza de las Ciencias Sociales” impulsada por el CFE y creada para el Litoral del país. Ello es parte de la estrategia de demolición que impulsa el actual CFE –y hay fuertes indicios en todos los otros subsistemas- y que se soporta tanto en un paradigma ideologizado de la educación, como en un conjunto de consideraciones falsas. Ello reafirma el carácter arbitrario y de tipo político y específicamente el objetivo de desmantelar la política de posgrados para los docentes impulsada por el anterior CFE y desde el IPES bajo mi dirección, y que en parte se inició con la decisión arbitraria -y en discusión por ahora en el plano administrativo- de separación del cargo por falsas afirmaciones sin testigos ni evidencias por parte de la Secretaría Administrativa de la ATD.

En los considerandos de la resolución que referimos y que cierra definitivamente el posgrado referido y que afecta a más de 60 estudiantes-profesores que estaban cursando se afirma falsamente que el IPES declaró en agosto pasado – bajo mi mandato- que dicha maestría careció de consulta de su plan de estudio, de mecanismos de aprobación, ni procedimientos de designación de docentes al no haber pasado por el propio IPES. Ello fue así porque la aprobación de la Ordenanza de Posgrados que impone esos pasos fue de diciembre del 2024 o sea muy posterior a la autorización de dicho posgrado, pero que su aprobación se ajustó a lo dispuesto por la reglamentación previa del 2008 por lo que la Maestría referida estaba ajustada a derecho. Mi informe refería a que acorde a la nueva ordenanza, la Maestría anterior tenía que ajustarse a los nuevos criterios, al igual que todos los otros posgrados, y donde se disponía un año para ello. En este sentido, la ANEP y el CFE no refieren a ello, por ende alteran el sentido de mi informe, y desconoce que ella estaba ajustada a la normas. Tanto la del 2008, como la del 2024. Pero además insólitamente, la ANEP refiere que “la Asesoría Letrada (supongo que de la ANEP ya que no refieren) entiende que las maestrías no estarían contempladas dentro los cursos de posgrado que puede impartir el CFE”.  Este exabrupto normativo, no parece reparar que existe una Ordenanza de Posgrados de la ANEP y que fuera aprobada por la ANEP, el CFE y además publicado en el Diario Oficial el año pasado y que tiene validez legal absolutamente, y que un nuevo criterio de la Asesoría Letrada, no tiene validez como considerando, ya que la norma claramente dispone que las maestrías de formación docente sin son cometido como claramente lo dispone la LUC. Primero se debería anular la Ordenanza, y también la LUC, ya que mientras tanto es de cumplimiento obligatorio, y ningún criterio de una Asesoría Letrada tiene validez y es un exabrupto, ya que la función de dicha oficina es verificar la validez, no emitir criterio en contrario de la propia norma. Pero aún más increíble, es que el Ente Autónomo constitucional, la ANEP, y que tiene normativa habilitante por la LUC para dictar posgrados de formación docente, agregue consideraciones de un informe del Ministerio de Educación que supuestamente refiere a “debilidades estructurales, ausencia de información sobre trayectorias y carece de respaldo de convenios de cooperación”. Insólito ya que se desconoce que jurídicamente el MEC pueda evaluar, previamente, un programa de posgrado de la ANEP. ¿Acaso pasó por la Comisión Honoraria de Formación Docente que tiene un rol en la evaluación de carreras de grado pero no de posgrado?  ¿O incluso  es que la ANEP ya no es autónoma el Ente y ha pasado a ser sujeto del control preceptivo de calidad previo por el MEC? ¿Y bajo qué norma, estándares y procedimientos?   Pero también la resolución pone en discusión la validez de la retroactividad de anulación de una maestría en curso que se aprobó en los ámbitos correspondientes y para lo cual se realizaron los concursos para la inscripción por parte de estudiantes del litoral y se estaba cursando. Hay una doble violación. Se establece una retroactividad, y segundo se lesionan derechos adquiridos. Una delegación de los estudiantes de dicha Maestría declaró ante una citación de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados que se estaban lesionando sus derechos adquiridos. Los profesores de los módulos dictados que recibieron los honorarios correspondientes y aquellos que tenían una resolución de designación y por ende organizaron sus actividades, también fueron afectados y sus derechos lesionados. Tanto profesores como estudiantes no es que tenían una expectativa de dictado o asistencia al curso, sino una designación.  Es claro que la demolición educativa por  las nuevas autoridades, no se apega a las normas, sino que estamos ante la ideología de la política por encima de leyes. Es una tragedia universitaria asociado a la propia violación del Estado de Derecho. (Comentarios a claudiorama@gmail.com)