Argentina: Human Rights Watch emitió una fuerte condena a la política de seguridad del gobierno de Javier Milei tras las manifestaciones del 12 de marzo, subrayando el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y las presiones contra la jueza Karina Andrade. La magistrada fue clave en la liberación de 114 detenidos, quienes fueron arrestados durante las protestas bajo cargos poco claros, ya que no se especificaron ni los motivos ni las circunstancias de las detenciones. En respuesta, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal por prevaricato contra la jueza, mientras que el Ministerio de Justicia anunció una denuncia disciplinaria.
El informe de Human Rights Watch pone de manifiesto que, en lugar de garantizar rendición de cuentas, el gobierno de Milei ha centrado sus esfuerzos en presionar a los jueces que defienden los derechos de los manifestantes. La organización instó al gobierno a cumplir con su obligación de llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre el uso de la fuerza durante las protestas, en vez de atacar a la justicia.
El principal objetivo de las críticas es el protocolo antipiquetes, instaurado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en diciembre de 2023. Este protocolo, según la organización, permite a las fuerzas de seguridad recurrir a la violencia en situaciones en las que no estaría justificada, incluso cuando los manifestantes no representaban un peligro real. Además, la normativa criminaliza las manifestaciones que interfieren con el tránsito y no obliga a las fuerzas a utilizar medios razonables en el uso de la fuerza.
Pablo Grillo
La investigación también destacó el caso del fotógrafo Pablo Grillo, quien fue herido de gravedad por un disparo de gas lacrimógeno de un gendarme. Human Rights Watch verificó los hechos a través de videos y fotografías, demostrando que el disparo se realizó de manera horizontal, lo cual contraviene los estándares internacionales de uso de la fuerza. Este incidente, junto con el uso indiscriminado de cañones de agua contra manifestantes pacíficos, evidencia el abuso de poder por parte de las fuerzas de seguridad, según la organización.
Human Rights Watch cerró su informe con una fuerte crítica a la actuación de los gendarmes y policías de la Ciudad, señalando su comportamiento temerario y peligroso al disparar de forma horizontal contra los manifestantes, poniendo en riesgo vidas humanas y violando principios fundamentales del derecho internacional.
