El senador Mario Bergara (Convocatoria Seregnista Progresista) presentó ayer a la bancada del Frente Amplio del Senado un proyecto de ley que restringe la tenencia de armas en el país, manifestando que hay 1.200.000 armas de fuego entre las en regla e ilegales.
Tras la reunión de la bancada de Senadores dedicada a la preparación de la comparecencia en régimen de comisión general -previsto para el martes 7- del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, Bergara informó haber presentado un proyecto sobre la prevención y contención del uso de armas.
“Es un proyecto de ley que modifica algunos aspectos vinculados a las autorizaciones y el accionar de la tenencia ante la proliferación de armas de fuego en nuestro país”, sintetizó el parlamentario, quien acotó que el texto quedó a consideración de la bancada.
Bergara sostuvo que es muy importante tener presente el contexto de un Uruguay en el que hay 600.000 armas de fuego en regla y otras 600.000 ilegales, lo que ubica al país en el quinto lugar en el mundo en lo que hace a la tenencia de armas en la sociedad civil con un total de 1.200.000 armas.
“Vemos, claramente, dificultades para el contralor, el seguimiento de la tenencia de armas y, permanentemente, estamos recibiendo noticias de tragedias que muchas de ellas tienen que ver con el acceso a las armas de fuego”.
Para Bergara, no es solo un tema nacional, citando la publicación estadounidense The Economist indicó que en los Estados Unidos se explica una tasa de homicidios cinco veces mayor que en otros países desarrollados en la facilidad de acceso a las armas.
“Aquí, dos de cada tres rapiñas se hacen con armas de fuego y hay tragedias en la órbita familiar que tiene que ver con el acceso a las armas de fuego”, expresó Bergara.
Puntualizó el legislador, en referencia a la bala perdida que entró a una escuela en horario en los que había niños días atrás, que “el acceso a las armas de fuego posibilitan circunstancias que no eran el centro de actividades delictivas, pero que tiene consecuencias trágicas”.
Detalló Bergara que el articulado de su autoría no es maximalista, en la medida que no aspira a la prohibición, recordando que en 2014 el FA promovió un proyecto en el que se vió que el acceso a las amas -a través de solicitudes de permisos- estaba aumentando.
Según recordó el parlamentario se pasó de las 2000 autorizaciones al año, a las 7500. A su vez, recalcó que con la aplicación de la norma se logró volver a las 2000 autorizaciones originales.
Lamentó Bergara la existencia de un decreto reglamentario en sentido contrario del 2020 que flexibiliza los permisos, los tipos de armas a obtener, facilita procedimientos: “En Uruguay, podemos tener semiautomáticas en nuestras casas”.
Cosas concretas
Expresó Bergara que la norma proyectada apunta a cosas concretas como a la reducción de cinco a tres años de la tenencia, se restrinja el tipo de arma y número que cada persona puede tener.
En caso de denuncias de violencia de género se realice la incautación preventiva de armas de fuego. Frente a estos casos, los magistrados intervinientes deben ordenar la incautación y custodia de las armas de fuego en poder del denunciado ante la recepción de denuncias por violencia doméstica y violencia de género (esto se vincula con el hecho de que el 98% de los tenedores de AF son hombres).
También se propone una adaptación de la normativa penal: el aumento de penas en los delitos de armas de fuego (tráfico internacional especialmente para adaptarse a los requisitos de la extradición y permitir la colaboración penal internacional especialmente a nivel regional) y creación de nuevos tipos penales como la omisión de realizar la denuncia de hurto o extravío, y la omisión de adoptar las cautelas necesarias para el acceso de menores o incapaces al arma (ambos delitos castigados con pena de multa).
Además se modifica la regulación para obtener los permisos: se disminuye el tiempo de duración del permiso para la tenencia y el porte de armas de fuego (de 5 a 3 años), y se exige para su otorgamiento acreditar la contratación de un seguro de responsabilidad civil, entre otros requisitos.
A su vez, interviene el Juzgado de Familia ante el fallecimiento del titular de permiso: el magistrado interviniente deberá oficiar al Registro solicitando información de las armas de cuyo registro fuera titular el fallecido, evitando así, mediante su contralor, la derivación del material controlado al mercado negro.
En lo que hace a lo institucional, se plantea la instalación de una mesa de organismos que tienen que ver en la materia: Ministerios del Interior, Defensa Nacional, Educación y Cultura, Salud Pública, Fiscalía, Poder Judicial, entre otros, para que reporte el estado de la situación.
El consejo deberá enviar al Parlamento -plantea la iniciativa- el informe anual sobre la situación de las armas en el país, además de procurar un diálogo más fluido entre las entidades.
El autor del proyecto sostuvo que la comunicación entre los sectores implicaba la participación de la Agesic y sostuvo que la acción del MEC también prevé un plan educativo.
