La contadora Virginia Romero, vicepresidenta en ejercicio de la presidencia de la Caja de Profesionales Universitarios (CJPPU), compareció ante la comisión parlamentaria encargada de analizar el proyecto de reforma de la institución. Durante su exposición, detalló la situación financiera de la Caja y las razones por las cuales el Directorio, por mayoría, rechaza el proyecto en su forma actual. En su comparecencia estuvo acompañada por otros directores.
Un punto central de la comparecencia fue la asistencia estatal propuesta de 110 millones de pesos por mes a partir de la vigencia de la ley y por este año.
Romero expresó dudas sobre su suficiencia: «No podemos saber si los 110 millones serán lo suficiente o no, en el entendido de que todas estas medidas que se terminen aprobando van a tener una repercusión en el colectivo, tanto de activos como de los que tengan que afiliarse». Explicó que la Caja transfiere mensualmente 56 millones de pesos al Estado por el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) y otros tributos, lo que, según el proyecto, no se enviaría, requiriendo 54 millones adicionales. «Tenemos problemas con las fechas porque nuestra cobranza es un poco diferida. Queremos saber si se nos va a proporcionar más dinero que esos 110 millones que se proponen», cuestionó.
También el aumento de la tasa de aportación al 22,5% generó fuerte oposición. Romero recordó que, por la Ley N° 20.130, la tasa pasó del 16,5% al 18,5% hace dos años. «Hemos visto, solo con ese 2%, cómo han disminuido las declaraciones de ejercicio. Por lo tanto, han aumentado las declaraciones de no ejercicio y, por primera vez en 2024, tenemos menor cantidad de altas de afiliados activos aportantes», señaló. La propuesta de una tercera escala de aportes opcional, que permitiría a los profesionales mantener su contribución actual, fue criticada por no haber sido consultada con la Caja. «Nos parece algo absolutamente inconveniente», afirmó ante los legisladores.
La convergencia de regímenes también fue un tema polémico. La Ley N° 20.130 establecía una transición al régimen previsional común hasta 2032, pero el proyecto la reduce a cinco años. «Esta es una medida que hoy no tendría ningún beneficio inmediato, salvo que todas las personas que pensaban que hasta el 2032 tenían un régimen jubilatorio, no lo van a tener», explicó Romero. Estimó que unas 10.000 personas se verían afectadas. «Proponemos que se eliminen esos artículos y que nos permitan continuar con la convergencia que teníamos ya prevista en la Ley N° 20.130», solicitó.
Respecto a la contribución de jubilados y pensionistas, el Directorio rechazó la propuesta actual. «El Directorio tiene otra propuesta de contribución pecuniaria de los pasivos», indicó Romero. Sobre los recursos indirectos, como los timbres profesionales, cuestionó la fórmula de actualización basada en la semisuma del IPC y el Índice Medio de Salarios. «Hemos solicitado que la actualización de los timbres sea por la misma base que tenemos de actualización de nuestros egresos. Creemos que se pone el IPC en el medio de la ecuación cuando el 97% de nuestros egresos sale por Índice Medio de Salarios nominales», dijo en su disertación.
No a la reducción de directores
La reducción de los miembros del Directorio, de 5 a 3, fue otro punto de desacuerdo. «Creemos que la representación de los distintos gremios de profesionales debe continuar como ha sido hasta este momento», afirmó Romero. En cuanto a la gestión interna, destacó mejoras recientes: «Hemos implementado un plan de digitalización de procesos y reducción de gastos operativos, que ya generó un ahorro del 15% en el último año». También mencionó esfuerzos para combatir la evasión de aportes y fortalecer la comunicación con los afiliados mediante asambleas virtuales y campañas informativas. Romero reiteró la urgencia de abordar el déficit, pero insistió en la necesidad de revisar el proyecto.
Era evidente. Ningún laburante (los abogados, médicos, arquitectos, contadores, ingenieros, los son, hay gente que no sabe) o pasivo quiere que le descuenten más.