La Cancillería uruguaya dio marcha atrás y dejó sin efecto la comunicación que había llegado al Parlamento con una sugerencia para que los legisladores evitaran mantener contactos con los representantes del stand de las Islas Malvinas instalado en la Expo Prado.
La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, reconoció que se trató de un error y aseguró que la postura histórica de Uruguay respecto del reclamo argentino sobre las islas permanece sin cambios.
El episodio se originó a partir de una comunicación de la Embajada argentina en Uruguay dirigida a la Cancillería. Según explicó Csukasi, se trata de una gestión que Argentina realiza todos los años ante el gobierno uruguayo en relación con la presencia de un espacio dedicado a las Malvinas en la Rural del Prado. La representación diplomática argentina había cuestionado la instalación de un denominado “escritorio isleño”, donde se distribuye material en español sobre las islas utilizando la denominación “The Falkland Islands” y se entregan folletos que, según la embajada, tienen contenido político.
En ese marco, la Embajada argentina solicitó a las autoridades uruguayas que no mantuvieran contactos oficiales con quienes calificó como “ilegítimas autoridades isleñas”. La comunicación fue recibida por la Cancillería uruguaya y posteriormente remitida al Parlamento. El problema surgió porque junto con la nota diplomática se envió por error una comunicación interna que contenía consideraciones y sugerencias respecto de la eventual conducta que deberían adoptar los legisladores uruguayos frente al stand. “Hubo ahí una confusión”, explicó Csukasi en rueda de prensa. Según la subsecretaria, la gestión de Argentina es habitual y se realiza desde hace años, pero “por error se envió al Parlamento” una comunicación que no debería haber llegado a los legisladores.
La jerarca remarcó que el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, tomó conocimiento de la situación y resolvió revertir la instrucción. “Pueden hacer lo que quieran los legisladores, obviamente, hay separación de poderes en este país”, afirmó.
Csukasi insistió además en que el episodio no implica ningún cambio en la posición diplomática de Uruguay. “Uruguay tiene una posición histórica de reconocimiento a las Malvinas situación generó una fuerte reacción del senador colorado Pedro Bordaberry, quien cuestionó tanto el planteo”, señaló, en referencia al respaldo del país al reclamo argentino de soberanía sobre el archipiélago.
La situación generó una fuerte reacción del senador colorado Pedro Bordaberry, quien cuestionó tanto el planteo de la representación argentina como la decisión de la Cancillería de trasladarlo al Parlamento.
Bordaberry calificó de “improcedente” la actuación y habló de una “intromisión inadmisible en la independencia del Poder Legislativo”.
Para Bordaberry, el problema no se agota en el reconocimiento de que hubo un error administrativo. “Lo que es un error es no haberle protestado a la Argentina esa sugerencia”, afirmó, y reclamó conocer si el gobierno responderá formalmente a la nota diplomática.
Desde el oficialismo, en cambio, se buscó reducir el alcance político del episodio y señalaron que se trató de un funcionario recientemente incorporado y sin experiencia previa en el área. Según esa versión, no existió una intencionalidad política detrás episodio. El senador socialista Gustavo González sostuvo que no tiene previsto concurrir a actividades vinculadas con el Reino Unido y reafirmó su posición sobre la encuadrarlo como un error cometido dentro de la estructura de la Cancillería.
Según la explicación transmitida desde el Frente Amplio, todos los años existe un intercambio entre las cancillerías argentina y uruguaya por la presencia del stand vinculado a las Malvinas en el Prado. La diferencia en esta oportunidad estuvo en que un funcionario incorporó a la comunicación interna una serie de consideraciones sobre la conducta que eventualmente deberían adoptar los legisladores y esa documentación terminó siendo enviada al Parlamento.
Fuentes del oficialismo señalaron que se trató de un funcionario recientemente incorporado y sin experiencia previa en el área. Según esa versión, no existió una intencionalidad política detrás de la actuación y tampoco se prevén sanciones.
