El diputado del Partido Nacional Federico Casaretto presentó un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública (MSP) con el objetivo de conocer en profundidad la situación económica, financiera, institucional y asistencial del CASMU, mutualista que se encuentra intervenida por el Estado desde 2024 debido a un “desequilibrio económico-financiero”. La iniciativa parlamentaria se vio impulsada por la reciente decisión de la Junta Directiva de la institución de reincorporar al médico Álvaro Niggemeyer e indemnizarlo con una suma cercana a los 275.000 dólares, pese a que el CASMU había obtenido un fallo judicial favorable en un litigio previo con el profesional.
El pedido de informes fue presentado el 4 de febrero de 2026, al amparo del artículo 118 de la Constitución de la República, y está dirigido al MSP, organismo responsable de la intervención y supervisión de la mutualista. En un mensaje publicado en la red social X, Casaretto expresó su preocupación por la situación: “Hay algo que no cierra. Queremos conocer la situación de un CASMU intervenido por desequilibrio económico-financiero que resuelve pagar una indemnización de este monto”.
En diálogo con el Diario La R, el legislador explicó que, si bien no tiene potestades para intervenir en la gestión de una empresa privada ni en relaciones laborales individuales, la presencia del Estado como interventor modifica sustancialmente el escenario. “Cuando el Estado está interviniendo una institución y además se han comprometido recursos públicos, tenemos la obligación de controlar, pedir explicaciones y conocer cuál es la situación real de la mutualista”, señaló.
Un pedido amplio y detallado
El documento presentado por Casaretto solicita información exhaustiva sobre los principales indicadores económicos y financieros del CASMU, con cifras comparativas entre el 31 de diciembre de 2024 y el 31 de diciembre de 2025. Entre otros puntos, se requieren datos sobre liquidez (activo y pasivo corriente, inventarios), endeudamiento (pasivos totales, patrimonio neto), ventas, costos, cuentas por pagar y eventuales pérdidas derivadas de litigios.
Además, el diputado pidió conocer si los interventores evaluaron la continuidad de la empresa bajo el principio contable de “empresa en marcha”, y reclamó la remisión del informe económico-financiero elaborado por dichos interventores. También consultó si los estados contables del CASMU fueron auditados, si existieron observaciones, y solicitó copia de los informes correspondientes. El pedido de informes incluye preguntas sobre la cantidad de tercerizaciones existentes, el listado de proveedores, el nivel de cumplimiento de los parámetros asistenciales exigidos a las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC), el número de socios en los últimos dos años y la eventual existencia de reestructuras gerenciales o reducción de servicios.
Particular atención merece el punto referido a la resolución de la Junta Directiva del CASMU adoptada en la primera semana de febrero de 2026, mediante la cual se decidió la reincorporación del Dr. Niggemeyer y el pago de una indemnización de 11 millones de pesos uruguayos. Casaretto solicita saber si los interventores estaban en conocimiento de esa decisión, cuál fue su opinión al respecto y que se adjunte el acta de la sesión en la que se resolvió.

Contexto de intervención y preocupación sistémica
El CASMU fue intervenido por el MSP en 2024, en el marco de una estrategia para acompañar a la institución en un proceso de reestructura y saneamiento financiero, sin desplazar a su directorio. En 2025, el Poder Ejecutivo resolvió prorrogar la intervención por un año más, entendiendo que persistían dificultades estructurales que requerían seguimiento.
Casaretto recordó que el Parlamento había autorizado anteriormente un fondo de asistencia por 60 millones de dólares para sostener al sistema, lo que refuerza —a su entender— la necesidad de un control político riguroso. “Cuando hay dinero público involucrado, corresponde que el Parlamento ejerza su rol de contralor”, afirmó. Consultado sobre si manejaba información previa sobre los informes de los interventores, el diputado fue claro: “No, en absoluto. Justamente por eso hago el pedido de informes. Estamos en receso parlamentario y este es el mecanismo institucional para acceder a esa información de forma oficial”. El legislador también contextualizó el caso del CASMU dentro de una problemática más amplia del sistema mutual, recordando antecedentes como el cierre de Casa de Galicia. “El sistema de salud es frágil, como un castillo de naipes. Una situación crítica en una mutualista grande, con más de 170.000 afiliados, puede generar un efecto dominó”, advirtió.
Próximos pasos
Casaretto señaló que aguardará un plazo razonable para que el MSP responda el pedido de informes. En caso de no obtener respuesta, adelantó que podría solicitar que el requerimiento sea respaldado por toda la Cámara de Representantes y, eventualmente, convocar a las autoridades correspondientes a comisión. No obstante, descartó por el momento avanzar hacia una interpelación, al considerar que sería prematuro.
“Primero hay que tener la información. Luego, con los datos sobre la mesa, se evaluarán los pasos a seguir”, concluyó el legislador.


Me parece una excelente propuesta y en particular que se publique toda la información obtenida. Es hora de que los abonados, capitalizantes y la población en general conozca la verdadera situación de Casmu y no solo la información sesgada con intenciones electorales.
NUNCA FALTA ALGÚNO DEL PARTIDO DE LOS DELINCUENTES QUE SE QUIERE POSICIONAR EN MIRAS A LAS ELECCIÓNES BUSCANDO EL PELO AL HUEVO CUANDO SON OPOSICIÓN. TODO SEA POR LOS AFILIADOS A ENTREGAR A LA CATÓLICA DE MIERDA….
El problema no radica en la indemnización que presupongo, corresponde. El problema es QUIÉN LA PAGA, porque si el médico estuvo mal despedido, la indemnización la debe pagar LA COMISIÓN DIRECTIVA que efectivizó el despido y no los usuarios que son quienes, con sus aportes, (ya sea cápitas, tickets, cuotas o impuestos), mantienen al CASMU.
Lo extraño es que nadie haga denuncias por la vía que corresponde en especial los usuarios y que tenga que hacerlo un parlamentario de la oposición
Pregunta, esa información el señor Diputado opositor no puede plantearla al propio CASMU? O es sólo el afán de que muestren su foto en la prensa? Con el mismo criterio inquisitivo puede pedir al gobierno los resultados del Campeonato Uruguayo, los puntajes del Carnaval de Gualeguaychú y seguiría un largo etcétera.