La Comisión Especial del Parlamento que investiga el proceso de adquisición de patrulleras oceánicas (OPV) sumó ayer lunes un nuevo capítulo con la comparecencia del ex comandante en jefe de la Armada Nacional, el almirante retirado Jorge Wilson. Tras la instancia, el diputado del Frente Amplio Joaquín Garlo afirmó que el testimonio dejó “una serie de contradicciones” que, a su entender, refuerzan la necesidad de profundizar la investigación sobre el contrato con el astillero español Cardama.
El legislador señaló que las respuestas brindadas por Wilson, si bien permitieron avanzar en algunos aspectos, también abrieron interrogantes relevantes sobre cómo se gestó la adjudicación. En particular, apuntó a inconsistencias en torno al origen del vínculo con la empresa, así como a la existencia de reuniones de las que no habría registros formales.
“Surgen contradicciones respecto a cómo llegó Cardama: si fue a través de la Armada, del Ministerio de Defensa o por iniciativa del entonces ministro Javier García”, sostuvo Garlo. En ese marco, mencionó específicamente una reunión que habría tenido lugar en la sede del ministerio con el propietario del astillero, Francisco Cardama, de la cual —según indicó— no existe documentación respaldatoria.
Ante esta situación, la comisión resolvió cursar un pedido de informes para esclarecer ese episodio, que sería previo a la adjudicación del contrato. Para el diputado, la ausencia de registros escritos en una instancia de ese tipo resulta “particularmente relevante” en el análisis de la transparencia del proceso.
Otro de los puntos señalados por Garlo refiere al pago de unos 8 millones de euros correspondiente al denominado ITOB (ítem vinculado al avance del proyecto), que se habría efectuado un día antes del cambio de gobierno. Según expresó, el testimonio de Wilson no permitió aclarar completamente las condiciones en que se concretó ese desembolso.
“El almirante no recordaba algunos aspectos que para nosotros son importantes, pero aun así sus respuestas nos permiten avanzar sobre eventuales irregularidades en la ejecución de ese pago”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que existen dudas sobre si se cumplieron las condiciones contractuales exigidas para habilitar dicha transferencia.
A juicio de Garlo, el conjunto de elementos analizados hasta el momento —tanto la documentación disponible como las declaraciones recogidas— indica que el proceso de contratación no fue “del todo transparente”. Por ello, insistió en la necesidad de continuar con las comparecencias y el análisis de información para “esclarecer todo lo vinculado a este contrato”.
Las declaraciones del legislador contrastan con la valoración realizada desde sectores de la oposición, que tras la comparecencia se mostraron conformes con las explicaciones brindadas por Wilson y consideraron que no surgieron elementos que comprometan la legalidad del proceso.
Consultado sobre estas diferencias de interpretación, Garlo respondió que su análisis se basa en el cruce entre las respuestas del ex jerarca y la documentación que obra en poder de la comisión. “El ejercicio que hace la oposición lo desconozco. Lo que estoy diciendo se fundamenta en base a la documentación y en las respuestas que brindó el almirante”, afirmó.
No obstante, reconoció que Wilson respondió a todas las preguntas formuladas, aunque en algunos casos sin el nivel de detalle esperado. Aun así, consideró que su comparecencia aportó “indicios” que permitirán orientar futuras líneas de investigación y eventuales nuevas citaciones.
En cuanto a otros aspectos abordados durante la sesión, Garlo indicó que también se consultó al ex comandante sobre la sanción que le fue aplicada durante la actual administración. Sobre este punto, explicó que el propio Wilson aclaró que existe un proceso en curso a nivel jurisdiccional, tras haber presentado recursos administrativos y una acción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
“El tema está siendo analizado por las vías correspondientes, por lo tanto es un asunto que se resolverá en ese ámbito”, señaló el diputado, descartando que la comisión profundice en ese aspecto mientras se encuentre en trámite judicial.
Respecto a las críticas planteadas desde la oposición sobre el rol de asesores designados por el Ministerio de Defensa en la investigación administrativa que derivó en la sanción, Garlo sostuvo que el procedimiento seguido fue correcto. “Está debidamente documentado y acreditado. Si hay cuestionamientos, deben canalizarse por las vías administrativas o judiciales correspondientes”, afirmó.
La comisión especial continuará en las próximas semanas con su agenda de trabajo, que incluye la citación de nuevos actores vinculados al proceso de adquisición de las OPV. Según adelantó Garlo, no se descarta convocar nuevamente a algunos comparecientes en función de la evolución de la investigación y de los elementos que surjan de futuras declaraciones.
Demasiada gente en la comisión, la mejor manera de no resolver.
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Cuanto más se revuelve más mugre sale. Quién tuvo al idea de contratar a una empresa chanta como Cardama? Habrá sido iniciativa del Sr Burns Perdón, Javier García, no sé por qué siempre los confundo.
Todois esperamos que el ex comandante Wilson explique porqué: 1) se eligió a la última empresa astillero de la lista,- 2) se firmó un contrato con una garantía inexistente,- 3) se incluyeron en el contrato certificaciones notariales falsas no reconocidas por el titular escribano español. Parecería que en este convenio existen más arreglos verbales que escritos, solo conocidos por las personas del H y el fabricante.