Con la presencia del Ministro del Interior, Dr. Carlos Negro; la Subsecretaria del Ministerio, Cra. Gabriela Valverde; el Director de la Policía Nacional, Comisario General (R) José Manuel Azambuya; y el Subdirector General de Secretaría, Comisario General PT (R) Dr. Rubén Amato, se realizó el acto de cierre de los Encuentros por Seguridad, instancia clave de la fase participativa del diseño del Plan Nacional de Seguridad Pública.
Entre agosto y noviembre, estos encuentros reunieron a representantes del Estado, academia, organizaciones sociales, sector productivo y partidos políticos, convocados por Presidencia y el Ministerio del Interior para avanzar hacia una política de Estado en seguridad pública.
El Ministro Negro señaló que desde el inicio de su gestión impartió líneas de acción claras a las Jefaturas de Policía y direcciones del Ministerio, desplegando operativos en el territorio para atender la emergencia. Reafirmó el compromiso con una política basada en evidencia que enfrente los problemas estructurales de criminalidad en un contexto regional desafiante. Indicó que las últimas décadas muestran un incremento sostenido de delitos graves y que se ejecutaron operativos focalizados combinando “policiamiento inteligente” y el accionar de fuerzas especializadas, siempre en coordinación con Fiscalía, para desarticular grupos de crimen organizado.
Destacó que fueron encarcelados referentes de organizaciones criminales con operaciones tanto nacionales como departamentales, y que en 2025 se incrementó la incautación de drogas. Además, en pocas semanas se obtuvieron más de 100 formalizaciones y condenas por narcotráfico, lavado de activos y delitos conexos. Subrayó que la estrategia apunta a seguir el dinero del delito, “porque es lo que más representa”.
Sobre la operación Atenea, explicó que combina estrategias focalizadas en áreas críticas por homicidios, logrando resultados iniciales positivos: más de un mes sin homicidios ni heridos por enfrentamientos entre bandas criminales en los cuadrantes donde opera. También resaltó niveles destacados de esclarecimiento de homicidios, con un 55% promedio nacional y hasta 80% en departamentos como Canelones.
En materia de delitos, Negro informó que la Unidad del Crimen duplicó detenciones y operaciones, incorporó nuevos indicadores y logró una baja generalizada del 5,3% en casi todas las categorías. Añadió que el gobierno respalda a la Policía con mejoras salariales, más de 1.500 nuevos efectivos, la creación de la Dirección Nacional de Bienestar Laboral y Psicosocial, la extensión de la formación básica policial de tres a nueve meses y la puesta en marcha de la Escuela de Especialidades.
También se fortaleció la Policía Comunitaria y se extendió el programa Pelota en Medio de la Esperanza a todo el país. Para las víctimas de violencia de género se implementó el dispositivo Élida 360. En cuanto a tecnología, se instalaron más de 1.700 cámaras nuevas, drones, pórticos, lectores de matrículas y se mejoró la vigilancia fronteriza, junto con dispositivos de autogestión para trámites y denuncias.
El Ministro enfatizó que Uruguay necesita una estrategia sostenida, que trascienda el ciclo de gobierno, basada en evidencia, coordinación y evaluación independiente, con firmeza, inteligencia y legitimidad democrática. “Enfrentar al crimen avanzado es un deber con la República y con la igualdad de derechos”, afirmó. Concluyó subrayando que el Plan Nacional de Seguridad Pública ya está en marcha y que el país tiene una oportunidad única para construir un Uruguay más seguro.
El Coordinador del Plan, Dr. Emiliano Rojido, presentó la síntesis de la fase participativa y los próximos pasos. En total, 79 instituciones participaron de los Encuentros en el máximo nivel jerárquico, cifra que supera 150 si se consideran las segundas líneas. Hubo participación del gobierno nacional, gobiernos departamentales, Poder Legislativo, Poder Judicial, empresas, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, universidades, centros de estudio y cinco partidos políticos con representación parlamentaria.
Además, agencias internacionales como BID, CAF, Mercosur, OEA, NBC y PNUD acompañaron como veedoras y brindaron apoyo técnico y financiero. La metodología empleada incluyó cinco rondas de trabajo, con mesas sectoriales para identificar capacidades y mesas temáticas para formular propuestas concretas. Tras 150 horas de trabajo y 91 instancias, se definieron cinco problemas prioritarios: homicidios; violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes; armas de fuego y municiones; narcotráfico; y ciberdelito y fraudes informáticos. También se trabajó en el fortalecimiento de las capacidades del Estado, especialmente en la articulación entre Policía, Fiscalía, Poder Judicial y sistema penitenciario, y en el desarrollo de un sistema de prevención del delito y la violencia.
El Director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, destacó el avance que significó el Plan de Seguridad Pública como mesa de trabajo permanente que integró a jerarcas de diversas unidades y especialistas. Explicó que el plan se estructura en cuatro ejes: educación policial, información e investigación criminal, operativa policial y gobernanza institucional. Señaló que la educación es fundamental para una fuerza profesional y que se trabaja en modernizar los procesos formativos y estratégicos.
Respecto a la operativa policial, indicó que se busca optimizar el uso del patrullaje, focalizar recursos, mejorar la planificación con información criminal y fortalecer el rol estratégico de las comisarías locales, incluyendo comisarías digitales y reducción de tareas administrativas para liberar personal operativo. Subrayó que la gobernanza institucional es clave para garantizar transparencia, eficiencia y revisión de cuentas, orientando la Policía hacia estándares del siglo XXI.
Azambuya agradeció a todos los participantes y reafirmó que la Policía Nacional tiene casi dos siglos de compromiso con la seguridad y que continuará trabajando en coordinación con el Ministerio y otras instituciones para fortalecer la confianza ciudadana.
Finalmente, se realizó un panel moderado por la Subsecretaría Gabriela Valverde, con representantes del Poder Judicial, Fiscalía, organizaciones sociales, academia y el sector privado, quienes intercambiaron visiones y aportes sobre los desafíos de seguridad pública en esta nueva etapa del proceso.
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