Cinco  países de la UE se retiran de la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersona

Una situación que deberá controlarse o se desencadenará un retroceso en el tema.

Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Finlandia han manifestado su intención de retirarse de la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersona, que prohíbe el uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersona.

El Tratado de Ottawa se firmó en 1997 y entró en vigor en 1999. En la actualidad, 164 países han suscrito el tratado: todos los Estados miembros de la UE, así como la mayoría de los países africanos, asiáticos y americanos.

Más del 80% de las víctimas de las minas antipersona son civiles, y especialmente niños.

Las minas antipersonales son «armas del pasado», ya que matan y mutilan principalmente a civiles y tienen poca eficacia militar.

En primer lugar, suelen dañar al propio bando del Ejército, a sus propios soldados o a fuerzas amigas.

En segundo lugar, su retirada es extremadamente costosa y lleva mucho tiempo, añadiendo que Croacia aún no ha retirado las últimas minas que quedaron de las guerras balcánicas de hace 35 años.

Según el Monitor de Minas Terrestres 2024, las minas antipersona causaron 833 víctimas en 2023, la cifra anual más alta registrada desde 2011. Pero más allá de las víctimas mortales, las minas antipersona dejan tras de sí un largo rastro de heridos y mutilados, según la eurodiputada socialista italiana Cecilia Strada, ex presidenta de la ONG Emergency, fundada por su padre en 1994.

«Vi a la primera persona herida por una mina terrestre cuando tenía nueve años. Luego conté cientos de ellos», explicó recordando sus experiencias pasadas en Afganistán, Pakistán, Sierra Leona y Camboya.

Los civiles son las principales víctimas -el 84% de todas las bajas registradas, según las estadísticas- porque las minas permanecen mucho tiempo después de que terminen los conflictos.

Los ministros de Defensa de Estonia, Letonia, Lituania y Polonia emitieron una declaración conjunta para explicar su recomendación de retirarse del Tratado de Ottawa, citando una «situación de seguridad fundamentalmente deteriorada» en la región del Báltico.

El Ministerio de Defensa de Estonia declaró que «actualmente no hay planes para desarrollar, almacenar o utilizar minas antipersona». Sin embargo, con esta decisión, los cuatro países bálticos envían un mensaje claro, como escriben en el comunicado: «Nuestros países están preparados y pueden utilizar todas las medidas necesarias para defender nuestro territorio y nuestra libertad».

El ministro de Defensa de Finlandia también explicó la decisión declarando: «Retirarnos del Tratado de Ottawa nos dará la posibilidad de prepararnos para los cambios en el entorno de seguridad de una forma más versátil».

El Gobierno de Letonia fue aún más tajante en su respuesta y confirmó su retiro definitivo.

La Comisión Europea se abstuvo de condenar las decisiones de los cinco Estados miembros. «Hemos contribuido con más de 174 millones desde 2023 a la acción humanitaria contra las minas, incluidos 97 millones de euros específicamente para la retirada de minas», recordó el portavoz de la Comisión, Anouar El Anouni, sin comentar los planes de retirada.

El tema se incluyó en el informe anual del Parlamento Europeo sobre la «Aplicación de la Política Común de Seguridad y Defensa», votado en abril en Estrasburgo. Una enmienda que «condena enérgicamente la intención de algunos Estados miembros de retirarse del Convenio de 1997» fue rechazada a mano alzada. Otra moción, presentada por el Partido Popular Europeo y aprobada con 431 votos a favor, justifica esencialmente las medidas adoptadas por los países bálticos. El derecho internacional humanitario y los tratados de desarme humanitario se aplican precisamente en circunstancias excepcionales de conflicto armado, en las peores circunstancias. Y el derecho internacional humanitario no se basa en la reciprocidad, porque esto desencadenaría una peligrosa espiral descendente.

Medidas como éstas por parte de los países de la UE podrían provocar un efecto dominó,enviando una señal negativa a aquellos países que se encuentran en conflicto armado pero siguen adheridos a la convención. «Podrían decir: ‘¿Por qué debemos seguir adhiriéndonos a ese tratado?».

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