La comisión especial del Parlamento que investiga el caso Cardama volvió a dejar en evidencia diferencias de enfoque y tensiones políticas. El lunes 20, en una sesión marcada por cuestionamientos cruzados, uno de los ejes centrales del debate fue la decisión del Ministerio de Defensa de declarar como confidencial parte de la información remitida a los legisladores, lo que generó reparos en distintos partidos de la oposición sobre los límites del control parlamentario.
El tema abrió un debate de fondo sobre el equilibrio entre la protección de datos sensibles y el derecho del Parlamento a ejercer su función de contralor. Mientras algunos legisladores insistieron en la necesidad de revisar los criterios de confidencialidad, otros pusieron el foco en la responsabilidad institucional de manejar con cautela determinados datos. Incluso se plantearon dudas sobre la necesidad de contar en esta materia con una opinión calificada del propio Parlamento sobre su alcance. La oposición hizo cuestión de este aspecto de la información remitida y además en la falta de documentación solicitada. Por otra parte, tras un extenso debate, se aprobó la convocatoria en la próxima sesión al ex comandante en jefe de la Armada, el almirante Jorge Wilson, en calidad de invitado, en lo que se perfila como una instancia clave para avanzar en el esclarecimiento del caso y que permitirá redireccionar la investigación hacia los últimos acontecimientos que culminaron en la rescisión del contrato.
El eje del debate: la confidencialidad
El foco del debate estuvo puesto en otro punto: el carácter confidencial de parte de la documentación enviada por el Ministerio de Defensa.
Desde la oposición se plantearon cuestionamientos sobre el impacto de esa reserva en la tarea de la comisión. El diputado Pablo Abdala fue uno de los más enfáticos al advertir sobre sus consecuencias: “Si la confidencialidad a lo que nos conduce es a que no podamos saber y no podamos informar […] entonces esta investigación carece de sentido. Si algún día alguien lee esta versión taquigráfica y hace una reconstrucción histórica de los hechos, quiero dejar constancia de que en la interpretación a mi juicio peregrina que hace el Gobierno, del alcance de la confidencialidad de un contrato, nos está llevando, entre otras cosas, por ejemplo, a que nunca se sepa y nosotros nunca podamos revelar, qué reuniones mantuvo, en qué carácter y quiénes participaron de ella, la ministra Lazo con los representantes de la empresa Cardama. Eso es secreto confidencial reservado. ¿Por qué? Porque la cláusula del contrato…». El legislador agregó «presidente, dejémonos de eufemismos y asumamos que si hay voluntad de que haya transparencia de verdad, pues resolvamos este escollo que el Gobierno nos ha interpuesto con conciencia de lo que estaba haciendo o sin ella. Estoy dispuesto a asumir que se me diga: «Fue un error». Si no se me dice que es un error, entonces inexorablemente tendré que pensar que es una estratagema o una estrategia para que no se llegue a la verdad”.
Más adelante, Abdala profundizó su crítica al señalar que la situación excede el orden de las comparecencias: “Estamos asistiendo a una situación de bloqueo. Esto es mucho más allá de si empezamos por Lazo, por García, por Wilson o por Elizondo; este es un tema de fondo”.
Desde el oficialismo, la respuesta giró en torno a un punto clave: la existencia de cláusulas de confidencialidad en el contrato firmado con la empresa Cardama en diciembre de 2023.
El diputado del Frente Amplio Joaquín Garlo lo sintetizó de forma directa: “Hay que leer la cláusula 26”del contrato con el astillero español.
En su intervención, además, marcó una distinción sobre el alcance de la información disponible: “La información que no está clasificada […] es pública y […] el uso de esa información por parte de los parlamentarios es libre”.
El planteo del oficialismo apuntó así a delimitar el problema, sosteniendo que no toda la información está restringida y que la confidencialidad responde a un marco previamente establecido. “En el mismo sentido de lo presentado por el diputado Abdala, las reuniones mantenidas por el exministro Javier García y Francisco Cardama, en representación de Francisco Cardama Sociedad Anónima, fueron clasificadas por el Gobierno anterior y forman parte, justamente, de la confidencialidad, según surge de la información que nos brindó el Ministerio de Defensa Nacional, y está acá”, afirmó.
Agregó “no estamos hablando de reserva, estamos hablando de confidencialidad contractual que es el supuesto establecido en el artículo 10 de la ya referida ley. No reserva, señor presidente. Digo esto porque se vuelve a incurrir en la misma confusión. No hay un acto de clasificación; hay una cláusula contractual que establece la clasificación, que es otro supuesto que, como muy bien señalaba el diputado Sotelo, está en el elenco de las excepciones al principio general de la información pública previsto en el artículo 10 de la Ley n.º 18381”.
Interpretaciones en disputa
El diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo puso el foco en el carácter del acuerdo: “Estamos hablando de un contrato comercial y en esa reunión participaba el entonces ministro y el empresario”.
En otro tramo de su intervención, utilizó una metáfora para cuestionar la situación: “Si roba 10, queda el 90 %, pero justo roba las que tienen la evidencia del crimen”. Las diferencias no fueron solo jurídicas, sino también políticas, en torno a cómo interpretar las consecuencias de la confidencialidad en una investigación parlamentaria.
Las críticas más duras provinieron del diputado Gustavo Salle, quien cuestionó de plano la existencia de cláusulas de este tipo: “No hay cláusula de confidencialidad en ningún contrato donde esté en juego la plata del pueblo uruguayo”.
Dudas sobre el alcance de la reserva
El diputado del Partido Nacional Gabriel Gianoli también expresó inquietudes sobre el acceso a la información: “Nosotros queremos venir, pero tenemos derecho a tener la información”. En ese sentido, cuestionó el alcance de la confidencialidad: “¿Es confidencial para el Parlamento […]? Me parece sorprendente”. Las intervenciones reflejaron una preocupación transversal sobre las condiciones en que la comisión puede desarrollar su trabajo.
Desde el oficialismo, además del argumento contractual, se planteó la necesidad de considerar la responsabilidad individual de los legisladores en el manejo de la información.
El senador Sebastián Sabini señaló: “Entiendo que el Poder Ejecutivo establece la confidencialidad porque, a su entender, es confidencial”. Y agregó: “Luego, cada legislador será responsable de lo que hace con esa información”.
El diputado Perrone se sumó a las voces que reclamaron mayor claridad en los criterios utilizados para clasificar la información, planteando que el Parlamento debe contar con garantías suficientes para ejercer su rol sin restricciones indebidas.
Sotelo señaló la necesidad de encontrar un punto de equilibrio entre transparencia y responsabilidad institucional. En su intervención, remarcó que el acceso a la información es fundamental, pero que también deben considerarse las consecuencias de su eventual difusión.
Desde otra perspectiva, la senadora Liliam Kechichian subrayó la importancia de mantener el rigor institucional en el tratamiento del caso. La legisladora hizo hincapié en que la Comisión ya dispone de la información necesaria para poder avanzar en esta próxima etapa.
