En la era del siglo XXI, el compromiso de un Estado con la gestión transparente, eficiente y efectiva de los recursos públicos se vuelve fundamental para el desarrollo y bienestar de la sociedad. En este sentido, el Estado uruguayo se encuentra en un proceso de transformación constante, buscando adaptarse a las demandas actuales y fortalecer las estructuras existentes para impulsar el desarrollo del país.
El objetivo es concebir un Estado que promueva la felicidad pública, protegiendo y amparando a todos sus habitantes, fomentando la participación social y garantizando la soberanía nacional en todos sus aspectos. Para lograr esto, se plantea la necesidad de avanzar en la construcción de un Estado basado en la transversalidad e integración de políticas públicas, la optimización de recursos, la participación y control ciudadano a nivel institucional y territorial.
En el ámbito democrático, se reconoce la importancia de profundizar la democracia y ofrecer igualdad de acceso y oportunidades a todos los ciudadanos. Se destaca la necesidad de una democracia acorde a las necesidades del siglo XXI, que provea los mecanismos para que los derechos consagrados se conviertan en realidad para la población. Por este motivo es como precandidato a la presidencia, propongo tres ejes de propuestas:
Primero el Fortalecimiento de los pronunciamientos y su carácter vinculante de las resoluciones de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP)
En el contexto de la gestión pública en Uruguay, el papel desempeñado por la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) es de vital importancia. Esta institución, creada con el propósito de promover la transparencia y la ética en la función pública, se ha convertido en un pilar fundamental en la lucha contra la corrupción y en la promoción de una gestión pública ética y transparente.
Los pronunciamientos emitidos por la JUTEP, resultado de un análisis riguroso de situaciones y conductas relacionadas con la ética y la transparencia en el ejercicio de la función pública, representan una herramienta esencial para orientar y guiar el accionar de los servidores públicos. Además, estos pronunciamientos tienen el potencial de establecer normas y pautas de conducta frente a diversas problemáticas, contribuyendo así a la consolidación de prácticas éticas y transparentes en el ámbito público.
En este sentido, es que planteamos la necesidad de otorgarle un carácter vinculante y obligatorio a los pronunciamientos de la JUTEP, con el objetivo de asegurar la aplicación efectiva de sus recomendaciones y resoluciones. Actualmente, estos pronunciamientos tienen una naturaleza meramente sugerente, lo que implica que su cumplimiento queda a discreción de los sujetos implicados. Sin embargo, el fortalecimiento de la JUTEP busca superar esta naturaleza sugerente y dotar a los pronunciamientos de un respaldo legal, equiparándolos en validez y obligatoriedad a una ley vigente.
Esta medida permite aumentar la transparencia al establecer criterios claros y concretos que deben seguirse, lo que facilita la evaluación y el control de las actuaciones de los actores públicos y previene la ocurrencia de conflictos de interés y malas prácticas. La ciudadanía también se beneficia, ya que el carácter vinculante de los pronunciamientos de la JUTEP fortalece la confianza en las instituciones, al garantizar que se tomen medidas concretas y efectivas para combatir la corrupción y promover la ética pública.
En segunda instancia para el fortalecimiento de la transparencia en la gestión pública, proponemos el Endurecimiento de las sanciones por enriquecimiento ilícito de los funcionario públicos y políticos.
Se implementarán medidas y acciones más estrictas para combatir el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. Estas sanciones se endurecerán con el fin de prevenir y disuadir cualquier tipo de corrupción. Con esto, se busca garantizar una gestión transparente de los recursos públicos, asegurando que aquellos que se aprovechen de manera indebida de ellos sean debidamente castigados.
Entre estas acciones se encuentran la creación de normativas más rigurosas, la promoción de la ética y la integridad en el servicio público, y la implementación de mecanismos de control y supervisión más efectivos. Estas medidas tienen como objetivo principal evitar que los funcionarios se beneficien de manera ilegal de los recursos públicos, fomentando así una gestión responsable y transparente.
También se deberán investigar y perseguir los casos de enriquecimiento ilícito, llevando a cabouna rigurosa investigación y persecución de dichos casos por parte de los funcionarios públicos y políticos, fortaleciendo las instituciones encargadas de velar por la transparencia y la legalidad en la gestión de los recursos públicos, dotándolas de los recursos necesarios para realizar investigaciones exhaustivas y efectivas. Además, se promoverá la colaboración con organismos internacionales especializados en la lucha contra la corrupción para garantizar un combate eficaz de este delito.
Por otro lado, proponemos, la sanción de una ley para el financiamiento de los partidos políticos es de vital importancia establecer una normativa clara y precisa que regule el financiamiento de estos. Esta ley buscará garantizar la transparencia en los recursos económicos utilizados por los partidos políticos para la financiación de sus actividades.
La falta de regulación puede dar lugar a prácticas de corrupción y favorecer la influencia indebida de intereses privados sobre la toma de decisiones políticas. Al establecer una normativa clara y específica, se busca evitar la utilización de recursos ilícitos o de dudosa procedencia en la financiación de los partidos políticos, así como promover la igualdad de oportunidades entre los diferentes actores políticos y fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema político, brindando una base legal sólida para la gestión de los recursos financieros de los partidos políticos.
El compromiso estatal con la gestión transparente y eficiente de los recursos públicos se presenta como un desafío crucial para el desarrollo y bienestar de la sociedad en el siglo XXI. El fortalecimiento de la democracia, la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública son pilares fundamentales para el avance hacia un Estado que promueva la igualdad de oportunidades y el bienestar de todos sus ciudadanos.
