La Justicia en sentencia definitiva de primera instancia condenó a Carlos Moisés Martínez –padre de tres menores- a 12 años de prisión por el homicidio de su padre, en un caso que conmovió a la opinión pública y que expuso un trasfondo de violencia intrafamiliar extrema, aunque sin configurar —según el tribunal— las condiciones legales para eximirlo de pena.
El hecho ocurrió en mayo de 2025 en una vivienda del barrio El Monarca, en Montevideo, cuando Martínez, de 28 años, le disparó a su padre en reiteradas ocasiones —un total de 15 tiros— con un arma que no fue hallada durante la investigación. De acuerdo con lo establecido en la sentencia, el ataque se produjo sin forcejeo y por la espalda, en la vivienda de la víctima.
Durante el proceso, uno de los elementos centrales fue el contexto familiar. La investigación judicial acreditó episodios reiterados de violencia, abusos y delitos sexuales dentro del núcleo familiar, incluyendo situaciones que afectaron tanto al propio Moisés como a su madre y hermanas.
En su testimonio, el ahora condenado dejó en evidencia el impacto de esos antecedentes y el momento previo al crimen, cuando tomó conocimiento de hechos particularmente graves. Según surge del expediente, en los días anteriores al homicidio se enteró de situaciones de abuso que habían sufrido su madre y sus hermanas, lo que resultó determinante en su estado emocional.
En ese marco, una de las frases que recoge la causa sintetiza su postura: “hice lo que tenía que hacer”, expresó Moisés al referirse a su accionar.
Los testimonios de la madre y de una de las hijas también fueron clave para reconstruir el contexto. Ambas dieron cuenta de años de maltratos, sometimiento y abusos dentro del hogar, en un escenario que el tribunal calificó como de extrema gravedad.
No obstante, la Justicia entendió que estos elementos, si bien relevantes, no alcanzaban para aplicar el artículo 36 del Código del Proceso Penal, que habilita a exonerar de pena en casos de homicidio cometidos bajo un estado de intensa conmoción derivada de violencia intrafamiliar crónica.
La fiscal del caso, Sabrina Flores, valoró la sentencia como “positiva” y destacó que el fallo “valora los hechos gravísimos que vivió esta familia”, al tiempo que “pone en su justo término lo que sucedió”.
En declaraciones públicas, la fiscal explicó que si bien la Fiscalía no desconoce la gravedad del contexto, la aplicación del artículo 36 exige condiciones específicas que no se verificaron en este caso. “La Justicia debe actuar conforme a la ley vigente. No es solamente la intensa conmoción lo que hay que probar”, subrayó.
En particular, Flores indicó que uno de los requisitos clave —la existencia de denuncias reiteradas— no se cumplía, lo que llevó a descartar la posibilidad de exoneración. La familia del condenado había solicitado la aplicación de este artículo, sin éxito.
Otro de los puntos señalados por la fiscal es que el padre, si bien había sido denunciado y condenado en el pasado por hechos de abuso, ya había cumplido su pena al momento del homicidio. “Una vez que se denuncia por estos hechos, la víctima del homicidio es condenada, cumple su pena, sale de prisión y luego no hay más hechos ni denuncias hasta que es víctima del homicidio”, explicó.
En ese sentido, sostuvo que, desde el punto de vista jurídico, el hombre termina siendo considerado “víctima” en el hecho que derivó en su muerte.
“Que C.M. no fue un buen padre, no fue un hecho controvertido, pero esa circunstancia no justifica el accionar del imputado ni constituye causa de impunidad”, sostiene la justicia en la sentencia.
El tribunal coincidió con este enfoque al momento de analizar la responsabilidad penal de Moisés, concluyendo que existió intención de matar, en base a la mecánica del ataque —con múltiples disparos— y a la ausencia de una situación de confrontación directa en ese momento.
Asimismo, la Justicia descarta planteos de la defensa que buscaban atenuar o excluir la responsabilidad, al entender que no se configuran los extremos necesarios para aplicar figuras como la legítima defensa u otras causales eximentes.
En cuanto al estándar de prueba, el tribunal sostiene que se alcanzó el grado de certeza requerido para dictar condena, en base a una valoración razonada y consistente de todos los elementos disponibles.
Finalmente, la Fiscalía que inicialmente había solicitado una pena de hasta 18 años de prisión, concluye que los hechos probados encuadran plenamente en la figura penal de homicidio, por lo que corresponde imponer la condena prevista por la ley, teniendo en cuenta tanto la gravedad del crimen como las circunstancias particulares del caso.
