Uruguay recibió de parte del Consejo de Europa la invitación formal a adherir al Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia, luego de la decisión tomada por el Comité de Ministros de dicha organización. La invitación recibida responde al interés manifestado por Uruguay en setiembre de 2022, al concluir un proceso de consultas con instituciones del Poder Ejecutivo competentes en la materia, coordinado por la Cancillería desde el año 2021. No obstante se espera ques se apruebe en el Parlamento una ley especifiica sobre la ciberdelincuencia la cual está a estudio desde hace dos años.
El Convenio de Budapest es el único tratado internacional que tiene por objetivo central el abordaje integral de la problemática de la ciberdelincuencia y cuenta actualmente con 66 Estados Partes y 15 Estados Observadores.
El Convenio sobre la Ciberdelincuencia («Convenio de Budapest») se considera la norma internacional más completa hasta la fecha, ya que proporciona un marco integral y coherente en contra del ciberdelito y la evidencia electrónica. Sirve como una guía para cualquier país que desea desarrollar una legislación nacional integral sobre ciberdelitos y como un marco para la cooperación internacional entre los Estados Parte de este tratado.
El Convenio de Budapest prevé la criminalización de la conducta, que va desde el acceso ilícito, ataques a la integridad del sistema y de los datos hasta el fraude informático y los delitos relacionados con la pornografía infantil; herramientas de derecho procesal para hacer más efectiva la investigación relacionada con ciberdelitos y la obtención de evidencias electrónicas; y una cooperación internacional más ágil y eficiente. El tratado está abierto para la adhesión de cualquier país.
Entre los beneficios concretos que Uruguay podría obtener como Estado Parte del Convenio, se destacan la posibilidad de integrar una red colaborativa con países de todo el mundo para enfrentar los desafíos del ciberdelito; acceder a programas de creación y fortalecimiento de capacidades para instituciones nacionales y asistencia legislativa; brindar y solicitar asistencia a los Estados Partes en materia de investigaciones sobre delitos cibernéticos.
En esta próxima etapa, la Cancillería continuará coordinando y trabajando estrechamente con las demás instituciones nacionales con competencia en la materia, al igual que con el Poder Legislativo, para avanzar en la adhesión del Uruguay al Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia.
