¿Cómo ha evolucionado la política de vivienda en Uruguay en las últimas décadas?
Claudio Fernández, Presidente de la ANV: La política de vivienda en Uruguay ha transitado desde un enfoque residual en los años 90, bajo los gobiernos tradicionales, donde las soluciones eran mínimas, de baja calidad y en áreas periféricas, a un modelo con vocación universalista que empezó a desarrollarse a partir de 2005. Este nuevo enfoque busca garantizar que todos los sectores sociales tengan acceso a viviendas dignas y de calidad, y que las soluciones no sean segmentadas por niveles de ingresos.
La política pública de vivienda y hábitat actual busca no solo ampliar la cobertura, sino también mejorar la calidad de las viviendas y promover la integración social. Se vincula con el desarrollo de programas de construcción de viviendas en áreas equipadas y servidas, ubicadas en zonas socialmente heterogéneas, contribuyendo a la recomposición del tejido social y a la redistribución de la riqueza.
¿Cuál ha sido el lugar de las cooperativas en estas transformaciones?
Gustavo Machado, Vicepresidente de la ANV: Las cooperativas de vivienda no solo son una política pública sostenida en el tiempo, sino también una experiencia social y urbano-habitacional muy relevante en Uruguay. El último censo del INE en 2023 indica que el 5,2% de las viviendas son cooperativas, lo cual refleja un crecimiento importante respecto al 2,6% de 2011. Esto fue posible gracias a los cambios en la reglamentación desde 2008, con ajustes en 2015, que aportaron mayor transparencia y claridad en los procesos de financiamiento y obtención de préstamos para estas comunidades.
CF: El programa cooperativas tiene como uno de sus componentes más fuertes esa recomposición del tejido social que va de la mano con la integración social. Antes de 2005, el acceso a préstamos financiados con recursos públicos para cooperativas dependía de los niveles de ingresos de los hogares. Eso limitaba el alcance y la capacidad para ofrecer viviendas de calidad a los sectores de ingresos más bajos. Además, no contaba con un sistema de subsidios que acompañara la trayectoria de vida de las familias para asegurar su permanencia, segmentando por niveles de ingreso.
El subsidio a la permanencia aprobado por ley en 2017 es la herramienta clave para garantizar que los sectores de ingresos medios y bajos puedan acceder y permanecer en su vivienda. El programa de cooperativas es clave para la aplicación del subsidio a la permanencia porque permite que las viviendas financiadas con recursos públicos no sean estratificadas por niveles de ingreso, promoviendo así la convivencia, evitando la exclusión habitacional y además se fortalecen la autogestión y los valores democráticos como la igualdad y la solidaridad.
P: ¿Qué desafíos enfrenta hoy el programa de cooperativas?
GM: Es importante destacar que las cooperativas han sabido adaptarse a los nuevos desafíos urbanos y sociales. Ahí tenemos como ejemplos la construcción por ayuda mutua en altura, la gestión directa en cooperativas de ahorro previo, la ocupación de áreas centrales y la construcción de cooperativas en todo el país.
Hoy, uno de los principales desafíos es adaptar las cooperativas a las nuevas formas de habitar, en relación a la diversidad de arreglos familiares, a las transformaciones en la vida laboral, en la integración territorial con otras experiencias habitacionales y en las nuevas subjetividades individualistas.
Para la elaboración del nuevo Plan Quinquenal de Vivienda, tanto desde las organizaciones como desde el gobierno se han planteado algunos desafíos vinculados al cooperativismo, como mejorar los mecanismos administrativos y de financiamiento, acelerar trámites y préstamos, y promover el acceso al suelo urbano. Se ha planteado también la necesidad de desarrollar líneas de financiamiento específicas para experiencias cooperativas para personas mayores que combinan alojamiento colaborativo y cuidados.
CF: El programa de cooperativas financiadas a través del Fondo nacional de Vivienda y Urbanismo es un pilar fundamental para la construcción de soluciones habitacionales de calidad, donde primen valores sustancialmente democráticos que vayan desde la igualdad a la solidaridad. Vuelve a ser central pensar en una política pública que recupere esos valores, reforzando un enfoque inclusivo, redistributivo, con centro en la calidad y la cobertura, respetando la heterogeneidad social.
